El prometido cese de operaciones de la fundición Ventanas entró en su recta decisiva, luego que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) aceptara el expediente técnico presentado con ese fin la empresa estatal Codelco.

La determinación significará que la detención de los hornos de las dependencias ubicadas en Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, se realizará a fines de mayo, tras 58 años de funcionamiento.

Codelco (Corporación Nacional del Cobre) seguirá operando en la zona a través de su refinería electrolítica, la cual entrará en un proceso de potenciamiento.

"Con la aprobación (...) comenzamos a materializar un proceso que hemos venido preparando de manera planificada, ordenada y, dando un paso más en el proceso de transformación de la División Ventanas, que considera este hito y el potenciamiento de nuestra refinería de cobre, operación con la cual nos mantenemos en el territorio", dijo el gerente general de Ventanas, Ricardo Weishaupt.

El cese fue anunciado el año pasado por el Gobierno dada la contaminación que genera en la bahía.

El cierre temporal tiene un plazo de dos años, prorrogables a otros tres. En ese lapso deben desarrollarse las ingenierías y tramitar los permisos para la segunda fase, que consiste en el cierre definitivo y el desmantelamiento de las dependencias de Ventanas.

El prometido cese de operaciones de la fundición Ventanas entró en su recta decisiva, luego que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) aceptara el expediente técnico presentado con ese fin la empresa estatal Codelco.

La determinación significará que la detención de los hornos de las dependencias ubicadas en Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, se realizará a fines de mayo, tras 58 años de funcionamiento.

Codelco (Corporación Nacional del Cobre) seguirá operando en la zona a través de su refinería electrolítica, la cual entrará en un proceso de potenciamiento.

"Con la aprobación (...) comenzamos a materializar un proceso que hemos venido preparando de manera planificada, ordenada y, dando un paso más en el proceso de transformación de la División Ventanas, que considera este hito y el potenciamiento de nuestra refinería de cobre, operación con la cual nos mantenemos en el territorio", dijo el gerente general de Ventanas, Ricardo Weishaupt.

El cese fue anunciado el año pasado por el Gobierno dada la contaminación que genera en la bahía.

El cierre temporal tiene un plazo de dos años, prorrogables a otros tres. En ese lapso deben desarrollarse las ingenierías y tramitar los permisos para la segunda fase, que consiste en el cierre definitivo y el desmantelamiento de las dependencias de Ventanas.

Una auditoría realizada por la Contraloría Regional Metropolitana al funcionamiento del Servicio Migraciones detectó un retraso de hasta 990 días en el procesamiento de residencias temporal y permanente, lo que significa una "falta de eficiencia" que debe ser aclarada a través de la apertura de un sumario.

La indagatoria abarcó desde el 1 de enero de 2019 al 31 de mayo de 2022. En la revisión el ente fiscalizador acreditó 7.284 y 158.883 solicitudes tramitadas mediante la plataforma "Simple", las que a agosto del año pasado aún no habían sido gestionadas.

Los retrasos se tradujeron en reclamos, de los cuales 13.478 aún no eran respondidos, algunos de ellos con cinco meses de demora.

La auditoría detectó falencias en el manejo informático, entre los cuales se incluían deficiencias en el uso de contraseñas; usuarios desvinculados con acceso activo al dominio de red de la institución; cuentas duplicadas; debilidades en el desarrollo y mantenimiento en los sistemas, e inexistencia de procedimientos de respaldo de la información.

Además, se constató que como consecuencia de una caída del sistema B-3000 en octubre de 2021, se provocó una pérdida de información entre el 12 de agosto y 25 de octubre de aquel año. "Existirían migrantes que ingresaron solicitudes entre esas fechas, los cuales desconocen que estaría perdida su postulación", manifestó la Contraloría Metropolitana.

Una auditoría realizada por la Contraloría Regional Metropolitana al funcionamiento del Servicio Migraciones detectó un retraso de hasta 990 días en el procesamiento de residencias temporal y permanente, lo que significa una "falta de eficiencia" que debe ser aclarada a través de la apertura de un sumario.

La indagatoria abarcó desde el 1 de enero de 2019 al 31 de mayo de 2022. En la revisión el ente fiscalizador acreditó 7.284 y 158.883 solicitudes tramitadas mediante la plataforma "Simple", las que a agosto del año pasado aún no habían sido gestionadas.

Los retrasos se tradujeron en reclamos, de los cuales 13.478 aún no eran respondidos, algunos de ellos con cinco meses de demora.

La auditoría detectó falencias en el manejo informático, entre los cuales se incluían deficiencias en el uso de contraseñas; usuarios desvinculados con acceso activo al dominio de red de la institución; cuentas duplicadas; debilidades en el desarrollo y mantenimiento en los sistemas, e inexistencia de procedimientos de respaldo de la información.

Además, se constató que como consecuencia de una caída del sistema B-3000 en octubre de 2021, se provocó una pérdida de información entre el 12 de agosto y 25 de octubre de aquel año. "Existirían migrantes que ingresaron solicitudes entre esas fechas, los cuales desconocen que estaría perdida su postulación", manifestó la Contraloría Metropolitana.

Matías Gatica Lindsay - Medios Regionales

Hospitalizada, pero fuera de riesgo vital se encontraba hasta ayer la seremi de la Mujer y Equidad de Género del Ñuble, Cristina Martín, quien fue denunciada por su pareja por presuntamente intentar realizarse un aborto espontáneo al interior de su hogar.

Cerca de la medianoche del miércoles, el conviviente de la autoridad acudió a la Segunda Comisaría de Chillán a acusar que Martín intentó terminar con un embarazo de 11 semanas de gestación.

Carabineros llegó al domicilio de la autoridad en el Condominio La Arboleda, donde la encontraron sangrando, por lo que fue trasladada al Hospital Regional de Ñuble. Allí se le diagnosticó un "aborto incompleto no especificado" y la dejaron internada para monitorear su estado de salud, que hasta el cierre era estable.

Por orden del Ministerio Público el caso fue puesto a disposición de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, que realizó las primeras diligencias tanto en el hogar de la seremi como en el hospital.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, expresó su preocupación por el estado de salud de Martín y llamó a "respetar los derechos de los pacientes respecto a la reserva de su diagnóstico y antecedentes de salud".

"Como Ministerio de la Mujer estamos recabando todos los antecedentes que sean pertinentes (...). Es conocida la opinión del Gobierno respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Tal como hemos señalado, para poder enfrentar esta discusión que se ve cuesta arriba requerimos primero tener un acuerdo entre quienes estamos de acuerdo, porque hay distintas posiciones", concluyó la secretaria de Estado.

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) comentó que "me parece tremendamente lamentable que una mujer se vea expuesta a una situación como esta, de exposición pública. Una situación personal tan íntima... No puede seguirse penalizando a las mujeres que deciden abortar o que viven la situación de un aborto por distintas razones".

"No sabemos si es un aborto provocado o un aborto espontáneo. Yo soy matrona y todos los días en Chile las mujeres abortan espontáneamente", sumó.

Matías Gatica Lindsay - Medios Regionales

Hospitalizada, pero fuera de riesgo vital se encontraba hasta ayer la seremi de la Mujer y Equidad de Género del Ñuble, Cristina Martín, quien fue denunciada por su pareja por presuntamente intentar realizarse un aborto espontáneo al interior de su hogar.

Cerca de la medianoche del miércoles, el conviviente de la autoridad acudió a la Segunda Comisaría de Chillán a acusar que Martín intentó terminar con un embarazo de 11 semanas de gestación.

Carabineros llegó al domicilio de la autoridad en el Condominio La Arboleda, donde la encontraron sangrando, por lo que fue trasladada al Hospital Regional de Ñuble. Allí se le diagnosticó un "aborto incompleto no especificado" y la dejaron internada para monitorear su estado de salud, que hasta el cierre era estable.

Por orden del Ministerio Público el caso fue puesto a disposición de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, que realizó las primeras diligencias tanto en el hogar de la seremi como en el hospital.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, expresó su preocupación por el estado de salud de Martín y llamó a "respetar los derechos de los pacientes respecto a la reserva de su diagnóstico y antecedentes de salud".

"Como Ministerio de la Mujer estamos recabando todos los antecedentes que sean pertinentes (...). Es conocida la opinión del Gobierno respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Tal como hemos señalado, para poder enfrentar esta discusión que se ve cuesta arriba requerimos primero tener un acuerdo entre quienes estamos de acuerdo, porque hay distintas posiciones", concluyó la secretaria de Estado.

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) comentó que "me parece tremendamente lamentable que una mujer se vea expuesta a una situación como esta, de exposición pública. Una situación personal tan íntima... No puede seguirse penalizando a las mujeres que deciden abortar o que viven la situación de un aborto por distintas razones".

"No sabemos si es un aborto provocado o un aborto espontáneo. Yo soy matrona y todos los días en Chile las mujeres abortan espontáneamente", sumó.