Matías Gatica Lindsay - Medios Regionales

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), refutó ayer a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien dijo el lunes a T13 Radio que ya se han despachado ocho de los 31 proyectos de ley en seguridad que acordaron el Gobierno y el Congreso en abril.

"Me encantaría que la ministra en ese caso tuviera razón, lamentablemente está profundamente equivocada. Lo digo lamentándolo y me preocupa porque ocho no es lo mismo que dos, y la velocidad hay que verla en forma exigente y no en forma complaciente", expuso el parlamentario a radio Pauta.

En detalle, la secretaria de Estado afirmó el lunes que ya estaban aprobadas las leyes de secuestro, porte de armas, extorsión, antinarco, crimen organizado, Nain-Retamal, la reforma que habilita cambio legal para extender plazos de expulsión e infraestructura crítica.

Sin embargo Coloma asegura que esos 8 proyectos no formaban parte de la lista de 31 iniciativas acordadas el 14 de abril, que seis de ellos son anteriores a ese pacto y que hay 12 iniciativas "que eran compromiso del Gobierno, ellos tenían que presentarlos, muchos suponen gastos y no se ha presentado ninguno", por lo que cree que no se cumplirá con el plazo de 100 días para despachar las leyes.

"Me preocupa mucho que la ministra del Interior o no conoce en detalle cuáles son los 31 proyectos o tiene una visión distinta de los hechos aprobados", manifestó al respecto y agregó en un punto de prensa que "hago un llamado formal al Gobierno a apurar el tranco, conocer bien la agenda de seguridad y no confundir los números, porque eso no le hace bien a Chile (...). Si seguimos al mismo ritmo que estábamos vamos a terminar esos proyectos en cinco años más".

Ante estos dichos, Tohá respondió que "en el Gobierno no hay complacencia, estos temas se están tratando con una intensidad que no veíamos hace mucho tiempo, respecto a la cantidad de proyectos que se tramitan y la velocidad".

En cuanto a las cifras entregadas por el senador, que difieren de las presentadas por ella, la secretaria de Estado volvió a reiterar que hay ocho proyectos aprobados, y que "respecto a los proyectos acordados con los parlamentarios hay tres y hay una reforma constitucional (...); hay muchos proyectos en tramitación, esta semana entran 2 o 3 y tenemos una gran cantidad de urgencias".

Además, Tohá cree que "tenemos la necesidad de trabajar mucho, rápido y bien, porque no solo tenemos que sacar las leyes rápido, sino que bien".

Matías Gatica Lindsay - Medios Regionales

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), refutó ayer a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien dijo el lunes a T13 Radio que ya se han despachado ocho de los 31 proyectos de ley en seguridad que acordaron el Gobierno y el Congreso en abril.

"Me encantaría que la ministra en ese caso tuviera razón, lamentablemente está profundamente equivocada. Lo digo lamentándolo y me preocupa porque ocho no es lo mismo que dos, y la velocidad hay que verla en forma exigente y no en forma complaciente", expuso el parlamentario a radio Pauta.

En detalle, la secretaria de Estado afirmó el lunes que ya estaban aprobadas las leyes de secuestro, porte de armas, extorsión, antinarco, crimen organizado, Nain-Retamal, la reforma que habilita cambio legal para extender plazos de expulsión e infraestructura crítica.

Sin embargo Coloma asegura que esos 8 proyectos no formaban parte de la lista de 31 iniciativas acordadas el 14 de abril, que seis de ellos son anteriores a ese pacto y que hay 12 iniciativas "que eran compromiso del Gobierno, ellos tenían que presentarlos, muchos suponen gastos y no se ha presentado ninguno", por lo que cree que no se cumplirá con el plazo de 100 días para despachar las leyes.

"Me preocupa mucho que la ministra del Interior o no conoce en detalle cuáles son los 31 proyectos o tiene una visión distinta de los hechos aprobados", manifestó al respecto y agregó en un punto de prensa que "hago un llamado formal al Gobierno a apurar el tranco, conocer bien la agenda de seguridad y no confundir los números, porque eso no le hace bien a Chile (...). Si seguimos al mismo ritmo que estábamos vamos a terminar esos proyectos en cinco años más".

Ante estos dichos, Tohá respondió que "en el Gobierno no hay complacencia, estos temas se están tratando con una intensidad que no veíamos hace mucho tiempo, respecto a la cantidad de proyectos que se tramitan y la velocidad".

En cuanto a las cifras entregadas por el senador, que difieren de las presentadas por ella, la secretaria de Estado volvió a reiterar que hay ocho proyectos aprobados, y que "respecto a los proyectos acordados con los parlamentarios hay tres y hay una reforma constitucional (...); hay muchos proyectos en tramitación, esta semana entran 2 o 3 y tenemos una gran cantidad de urgencias".

Además, Tohá cree que "tenemos la necesidad de trabajar mucho, rápido y bien, porque no solo tenemos que sacar las leyes rápido, sino que bien".

Leo Riquelme - Medios Regionales

Tras pasar 15 días recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Santiago en calidad de condenado por fraude al fisco y cohecho, la Corte de Apelaciones de Santiago le otorgó ayer la libertad vigilada al exsenador de la UDI Jaime Orpis, el único político condenado a prisión efectiva por los casos de financiamiento irregular de dicha actividad.

La primera sala del tribunal de alzada revirtió lo que en abril había decidido la Comisión de Libertad Condicional, integrada por jueces de la propia corte y de tribunales de garantía y oral, que rechazó otorgarle el beneficio argumentando que existían "factores de riesgo de reincidencia que desaconsejan por ahora" permitirle su salida.

Esto, a pesar de que esa misma instancia le reconoció que había tenido una conducta "intachable" en los últimos cuatro bimestres de la condena, que fue a 5 años y un día por seis delitos de fraude al fisco y 600 días por cohecho, tras ser declarado culpable de recibir dinero de la empresa Corpesca para favorecerla en 2013 en la tramitación de la Ley de Pesca.

Para los integrantes de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la decisión de la comisión adolecía de contradicciones palmarias" al no tomar en cuenta el informe psicosocial sobre el reo, que explícitamente concluía que Orpis "presenta bajo nivel de riesgo de reincidencia".

"Es claro que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación, puesto que eligiendo específicamente párrafos descontextualizados del informe psicosocial, omite razonar sobre todos los demás aspectos que el mismo desarrolla y que contrarían expresamente lo concluido finalmente, para al menos, exteriorizar con transparencia las razones por las cuales no se las tendrá en definitiva en consideración", indicó el fallo más reciente, que consideró que la comisión incurrió en una "arbitrariedad, que deviene en ilegalidad".

Reacciones

El presidente del consejo asesor de Libertad y Desarrollo (ligado a la UDI), Luis Larraín, manifestó que acusar a Orpis de "una actitud pro criminal" era un "ensañamiento político".

Del otro lado, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez (RD), sostuvo que la "corrupción es intolerable y merece las máximas penas para erradicarla", por lo que darle la libertad al exsenador era "una burla para los chilenos", "cansados de este tipo de abusos".

Orpis fue senador por las regiones de Arica y Tarapacá (entonces en un sola circunscripción) entre 2002 y 2018 por la Unión Demócrata Independiente.

Leo Riquelme - Medios Regionales

Tras pasar 15 días recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Santiago en calidad de condenado por fraude al fisco y cohecho, la Corte de Apelaciones de Santiago le otorgó ayer la libertad vigilada al exsenador de la UDI Jaime Orpis, el único político condenado a prisión efectiva por los casos de financiamiento irregular de dicha actividad.

La primera sala del tribunal de alzada revirtió lo que en abril había decidido la Comisión de Libertad Condicional, integrada por jueces de la propia corte y de tribunales de garantía y oral, que rechazó otorgarle el beneficio argumentando que existían "factores de riesgo de reincidencia que desaconsejan por ahora" permitirle su salida.

Esto, a pesar de que esa misma instancia le reconoció que había tenido una conducta "intachable" en los últimos cuatro bimestres de la condena, que fue a 5 años y un día por seis delitos de fraude al fisco y 600 días por cohecho, tras ser declarado culpable de recibir dinero de la empresa Corpesca para favorecerla en 2013 en la tramitación de la Ley de Pesca.

Para los integrantes de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la decisión de la comisión adolecía de contradicciones palmarias" al no tomar en cuenta el informe psicosocial sobre el reo, que explícitamente concluía que Orpis "presenta bajo nivel de riesgo de reincidencia".

"Es claro que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación, puesto que eligiendo específicamente párrafos descontextualizados del informe psicosocial, omite razonar sobre todos los demás aspectos que el mismo desarrolla y que contrarían expresamente lo concluido finalmente, para al menos, exteriorizar con transparencia las razones por las cuales no se las tendrá en definitiva en consideración", indicó el fallo más reciente, que consideró que la comisión incurrió en una "arbitrariedad, que deviene en ilegalidad".

Reacciones

El presidente del consejo asesor de Libertad y Desarrollo (ligado a la UDI), Luis Larraín, manifestó que acusar a Orpis de "una actitud pro criminal" era un "ensañamiento político".

Del otro lado, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez (RD), sostuvo que la "corrupción es intolerable y merece las máximas penas para erradicarla", por lo que darle la libertad al exsenador era "una burla para los chilenos", "cansados de este tipo de abusos".

Orpis fue senador por las regiones de Arica y Tarapacá (entonces en un sola circunscripción) entre 2002 y 2018 por la Unión Demócrata Independiente.