El Gobierno no logró ganarle a 70 mil trabajadores con su mañosa ley
El proyecto de ley que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) tuvo una de sus definiciones más importantes en el Congreso. En comisión mixta fue rechazada la polémica indicación que buscaba introducir el Gobierno, que erradicaba paulatinamente la acuicultura en los mares del sur de nuestro país.
Este polémico artículo, que era solo del gusto de los ecologistas radicales, prohibía actividades de cultivos de especies hidrobiológicas exóticas, como salmones, en áreas marítimas protegidas. Bien pudo ser la lápida para decenas de miles de empleos de nuestra región, pero afortunadamente primó la cordura, la moderación y la responsabilidad.
La salmonicultura es la segunda actividad económica más importante del país, solo superada por el cobre, y en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes es una de las principales fuentes de empleos, sin considerar la serie de industrias asociadas y ramas afines.
Sabemos que la industria salmonera tiene desafíos enormes en materia medioambiental, pero no por ello vamos a prohibir y dejar sin su fuente de trabajo a miles de familias. Sin duda que debemos mejorar y elevar las exigencias, fortalecer las fiscalizaciones e incluso aumentar sanciones, pero no erradicar una actividad económica que se ha transformado en el principal pilar económico del sur de nuestro país.
El proyecto SBAP, salvo este nefasto artículo que fue rechazado, es una iniciativa necesaria que genera un mayor entendimiento en la regulación de nuestras áreas silvestres protegidas, lo que entrega certezas y asegura un crecimiento sustentable.
Seguramente el Gobierno volverá a insistir con el fin de las salmoneras en la discusión de la nueva Ley de Acuicultura que prontamente iniciaremos, por lo que desde ya anticipamos que defenderemos a nuestras familias y su fuente de empleo en todas las instancias necesarias de quienes nos quieren imponer una cultura ecológica radical de la izquierda del Gobierno del Presidente Boric.