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Boric pide "realismo" en comisión para resolver conflicto en la Macrozona Sur

La instancia, presentada ayer en Santiago, debe proponer vías de solución para mantener la paz, el diálogo, devolver tierras ancestrales y reparar a "todas las víctimas".
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Leo Riquelme - Medios Regionales

El día en que Chile celebraba su Año Nuevo Mapuche, el We Tripantü, el Presidente Gabriel Boric presentó ayer en La Moneda su anunciada Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, cuya tarea será buscar soluciones de fondo al conflicto que aqueja principalmente a la Macrozona Sur.

La iniciativa deberá entregar su informe a fines de 2024, en el que tiene que proponer caminos institucionales de diálogo, un mecanismo de devolución de tierras ancestrales y plantear reparaciones para "todas las víctimas".

El gobernante dijo sobre esto último que su inclusión en el temario fue lo más difícil, por lo que planteó que la propuesta que se entregue debe "conciliar las expectativas con las posibilidades reales que el Estado de Chile puede ofrecer (...). Todos vamos a tener que ceder".

Integrantes

La comisión será presidida por el senador de la DC Francisco Huenchumilla y la integrará además el exministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera Alfredo Moreno, quien en su minuto trató de impulsar un ambicioso plan de inversiones que fue quedando sin respaldo en la medida que se intensificó la violencia en la zona.

A ellos se suman la senadora del Partido Republicano Carmen Gloria Aravena; la diputada del PS Emilia Nuyado; el empresario Sebastián Naveillan, presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria-Malleco; el exalcalde de Lebu y exconvencional constituyente Adolfo Millabur; la encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional del Biobío, Gloria Callupe, y el jefe de gabinete del gobernador por La Araucanía Luciano Rivas y exdirector ejecutivo de la Multigremial de dicha región, Juan Pablo Lepín.

"Esperamos ser un aporte (...). Esperamos ser la última solución y la definitiva", recalcó junto a sus colegas tras el acto la senadora Aravena.

"Sabemos que tenemos un problema grave de convivencia en la zona de La Araucanía, que probablemente sea el más grave que tiene el país", comentó el senador Huenchumilla, para poner en dimensión el nivel de desafío que enfrentan.

La tarea de la comisión no será realizar diagnósticos, sino que recoger recomendaciones que ya se hayan hecho tanto a nivel nacional como internacional, a fin de proponer una hoja de ruta que enfrente y resuelva los problemas que arrastra hace siglos la Macrozona Sur.

Uno de ellos es el "Informe de sistematización de las recomendaciones al Estado de Chile en materia de tierras y derechos del pueblo Mapuche", documento entregado ayer por rectores de 11 universidades.

Respaldo político

Antes de la presentación, los presidentes de todos los partidos firmaron su compromiso con la instancia.

"Estamos ante una tarea de Estado que va a trascender al Gobierno de turno (...) y los partidos representados en el Parlamento, de todo el espectro político, concurren aquí a firmar las bases de esta comisión de buena fe, un acuerdo a favor del diálogo, de la seguridad, de la paz y del entendimiento. Sin ustedes este sería un esfuerzo infructuoso", les habló Boric.

El diputado republicano Stephan Schubert criticó que la comisión fuera designada solamente por el mandatario, sin consulta al Senado "sobre todo que estamos ante un Gobierno con escasa aprobación".

Su par de RD Ericka Ñanco, en cambio, destacó la transversalidad de los comisionados y el compromiso de los partidos. "Acá hay víctimas de todos lados que necesitan ser reparadas", mencionó, aunque agregó que le parecía "legítimo" y "bien" que comunidades más radicalizadas o que no están de acuerdo con la instancia se desentiendan del proceso.

"Los mapuches históricamente nos hemos caracterizado por tener diferencias", concluyó la representante por parte de la Región de La Araucanía en la Cámara Baja.

Ministro insta a consultora de pareja de diputada de RD a que devuelva el dinero

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El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció ayer que viajará a Antofagasta para entregar información a la Fiscalía sobre un contrato por 426 millones suscrito entre la Seremi local y la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es la pareja de la diputada de RD Catalina Pérez.

"Lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados. Una parte de los recursos ya los han gastado, aquella parte que no han gastado, nos parece que lo sensato es que los pongan a disposición", dijo el socialista.

Antes, el personero afirmó que le parecía que "esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable".

El contrato con Democracia Viva se refería a participación ciudadana en el proceso de erradicación de una decena de campamentos en la Región de Antofagasta. Este fue suscrito por su representante, Daniel Andrade, y el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras.

El primero es la pareja de la diputada Catalina Pérez y el segundo fue su jefe de gabinete. Sin embargo, la parlamentaria asegura que ella desconocía el contrato, entregó los antecedentes a la Contraloría y le pidió a los involucrados hacerse responsables de sus actos.

Ayer, la comisión política de Revolución Democrática pidió a su tribunal supremo que resuelva la expulsión de Andrade y Contreras: "Condenamos toda conducta de algún militante de nuestra colectividad que contravenga estos principios, y que supongan un evidente conflicto de interés, más allá de la legalidad de los actos administrativos".

En tanto, Renovación Nacional (RN) solicitó a Contraloría que audite a todas las seremis para revisar los contratos pagados a entidades relacionadas con el Frente Amplio.