Carolina Collins - Medios Regionales

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció ayer que instruyó la apertura de un sumario administrativo en contra del seremi de la cartera en la Región del Maule, Rodrigo Hernández (RD), por su vínculo con la Fundación Urbanismo Social.

Los cuestionamientos en dicha región surgieron después de que estallara el escándalo por los millonarios convenios directos entre el Estado y la Fundación Democracia Viva en Antofagasta. En el Maule los dardos apuntan a la ONG Urbanismo Social, que fundada en 2009 comenzó a recibir millonarios traspasos en 2019, y de la que fue parte por siete años hasta abril de 2022 el seremi Rodrigo Hernández, militante de Revolución Democrática (RD).

El problema habría sido que Hernández se inhabilitó de adjudicar fondos a esa organización solo un día después de que la seremi recomendara hacerlo. Producto de ese vínculo reciente, la Fiscalía del Maule abrió una investigación y el jueves pasado Montes anunció el envío de un equipo a la región para realizar una investigación preliminar por los más de $500 millones que se adjudicó dicha ONG en proyectos desde 2019.

Ayer informó que "al seremi del Maule hemos resuelto iniciarle un sumario administrativo producto de una información que no coincidía entre el período que él solicitó inhabilitarse y en que se tomaron las decisiones".

El ministro expresó el jueves que Hernández "se había inhabilitado" al momento en que se autorizaron los pagos y ese mismo día el Presidente Gabriel Boric habló que hasta entonces "ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner (delegada del Biobío) tienen responsabilidades políticas que pagar".

Un día después de presentar a la nueva subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, reemplazo de Tatiana Rojas, Montes informó de nuevos antecedentes respecto del caso de Democracia Viva que fueron entregados a la Fiscalía de Antofagasta sobre "una funcionaria que firmó una solicitud de la contratación de ciertas personas, el 1 de febrero de este año".

"Ya pedimos toda la información sobre la situación de Atacama", donde también hay una indagatoria por traspasos a la Fundación Comprometidos, cuestionada por cambiar de rubro justo antes de suscribir un millonario convenio. El Gobierno no ha descartado querellarse", sumó el secretario de Estado.

La encargada del Departamento de Gestión de Redes Asistenciales (Digera), Fabiola Jaramillo, detalló que hasta ayer había una ocupación nacional del 78,1% de las camas críticas pediátricas, un 79,8% en el sistema público y un 73,7% en el sector privado.

Además, la personera del Minsal indicó que hay 1.354 camas habilitadas, lo que representa un alza de 83,5% respecto de la dotación base, que era de 738 en la red público-privada.

A nivel regional la ocupación va desde un 25% en Magallanes hasta 95% en Ñuble, mientras que a nivel de servicios de salud, la situación más complicada es la del Metropolitano Occidente, donde la ocupación llegó al 100%.

Convivencia, desinformación y redes sociales

El pasado 12 de mayo, el Gobierno del actual Presidente Gabriel Boric, mediante el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, publicó el Decreto N° 43.582 que crea la Comisión Asesora Contra la Desinformación.

El objetivo de esta comisión es en lo fundamental, según su artículo 2, ahondar y recomendar políticas públicas que hagan frente a la desinformación sobre todo en el ámbito de las redes sociales, como lo son las noticias falsas o "fake news", pero también orientar la formación ciudadana en torno a la alfabetización digital, para otorgar a las personas un mayor discernimiento en la materia.

La iniciativa ha provocado aplausos, pero también críticas y resquemores, sobre todo ante posibles recomendaciones que puedan coartar la libertad de expresión y de información. Es un punto que hay que tener en cuenta, pero también es cierto que la desinformación es una materia que debe ser abordada con mucha fuerza, ya que en efecto atenta contra la calidad de la democracia.

Sin embargo, hay un aspecto que en el decreto queda poco explícito y que me gustaría sea tomado en cuenta, pues quienes compartimos las distintas realidades comunales sabemos que uno de los efectos más nocivos de las redes sociales y la desinformación, no es solo su efecto político -el que, por supuesto, no puede ser dejado de lado-, sino también su efecto cultural en la vida cotidiana de los barrios, los establecimientos educacionales, etcétera.

Resulta que las redes sociales al ser espacios abiertos y fuertemente desregulados son además espacios altamente hostiles, donde el insulto fácil, las mentiras sobre los vecinos o los compañeros de curso, la ventilación mal intencionada de la vida privada de otras personas y el escarnio público son pan de cada día.

horas frente

a dispositivos

Esto también horada la democracia, la libertad y la convivencia, de manera tanto o más peligrosa que las "mentiras políticas". Según un estudio de Electronics Hub de 2023, los chilenos pasamos en promedio 8 horas y 36 minutos frente a una pantalla, 4 horas y 46 minutos frente al celular y 3 horas y 28 minutos en redes sociales.

En un país tan digitalizado como el nuestro (¡los datos son evidentes!) se precisa ahora ya una mejor regulación de las interacciones digitales entre las personas, porque lo que pasa en la web no se queda en la web, se traspasa inmediatamente al espacio público, muchas veces sin filtros, sin corroboraciones, produciendo conflictos y malos entendidos que debieron y deben ser evitados.

"Resulta que las redes sociales al ser espacios abiertos y fuertemente desregulados son además espacios altamente hostiles, donde el insulto fácil, las mentiras sobre los vecinos o los compañeros de curso, la ventilación mal intencionada de la vida privada de otras personas y el escarnio público son pan de cada día. Esto también horada la democracia, la libertad y la convivencia".

Juan Eduardo Vera Sanhueza, alcalde de Castro