Carlos Ilabaca y Redacción - El Llanquihue

La intrincada trama que ha envuelto al Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos en el marco del denominado "Caso Fundaciones", y que lo mantiene en el foco de una investigación de oficio de la Fiscalía Regional, registró este domingo un nuevo capítulo.

En esta oportunidad, por medio de un comunicado de tres páginas emitido cerca de las 16 horas de ayer, el GORE decidió salir a precisar en 13 puntos el proceso administrativo por el cual fueron traspasados recursos a fundaciones, corporaciones y universidades, descartando la existencia de ilegalidades, así como también que se haya instruido un sumario en virtud de un convenio de transferencia con la Corporación Privada para la Educación y el Desarrollo Local El Canelo.

El documento precisa que desde el GORE se suscribieron 35 convenios "luego de contarse con asignación e identificación presupuestaria, lo que consideró la aprobación por parte del Consejo Regional, la remisión de los antecedentes a visación de Dipres, la aprobación, por medio de la resolución respectiva de Subdere y la toma de razón de la misma por parte de Contraloría General de la República".

Estos convenios -se detalla- fueron visados por medio de resoluciones afectas, que fueron sometidas al control de legalidad del ente contralor a través de la toma de razón.

"La toma de razón de Contraloría en este caso, ha sido un proceso dinámico, en cuya virtud dicha entidad ha formulado observaciones, a través de la forma de representación, en las que ha manifestado cuestiones que es necesario mejorar para dejar estos actos administrativos aptos para su toma de razón (...). Tras las correcciones pertinentes, de las 35 resoluciones afectas que aprobaron los convenios respectivos, Contraloría tomó razón, en definitiva y sin alcances u observaciones, de 6 de ellas, restando las otras 29, pues el contralor general de la república instruyó la ampliación de los plazos de estudio en la toma de razón de tales actos administrativos".

Traspasos cuestionados

Desde el GORE puntualizaron que "Contraloría ha requerido nuevos antecedentes a incluir en los convenios de esas 29 resoluciones pendientes de toma de razón, donde el Gobierno Regional de Los Lagos se encuentra trabajando para que las observaciones sean superadas y se propicie la toma de razón pendiente".

Respecto al convenio con la Corporación El Canelo, el comunicado expresa que "no es efectivo que se haya declarado ilegal (...) ni que se haya instruido un sumario al respecto, toda vez que tal convenio no tiene una situación distinta de los demás señalados. Junto con ello, cabe precisar que el Gobierno Regional de Los Lagos no ha efectuado transferencia de fondos alguna luego de las representaciones de Contraloría y que las realizadas al inicio de la ejecución de los convenios, lo fueron por razones fundadas de buen funcionamiento, por contar con recursos asignados a cada proyecto en específico, como se señaló anteriormente, y por posibilitarlo la normativa pertinente", explicita el documento.

Para el consejero regional chilote Nelson Águila (DC), se deben distinguir dos aspectos. Uno es que frente a "nuestras aprobaciones, siempre se presume de buena fe de la autoridad que los presenta y cuyos objetivos, entre otros, son ayudar a la pesca artesanal, adultos mayores, discapacidad, ferias y mercados, artesanía, etcétera, o sea, apoyar objetivos propios de nuestra labor".

También aludió el exalcalde el que "estos convenios están 'representados', vale decir faltan antecedentes a aportar para que Contraloría proceda a la toma de razón o aprobación. Hasta el momento no se ha demostrado un mal uso de recursos en estos programas que tienen por objeto hacer una labor complementaria de organismos estatales".

Endurecen postura

Duras réplicas generó en el ámbito político la información relativa a la decisión de Contraloría General de la República de aplazar la toma de razón de 22 convenios de transferencia de recursos con observaciones.

"Lo que se ha hecho en la Región de Los Lagos no tiene nombre. Algunas de estas fundaciones se aprovecharon del sistema y el Gobierno Regional no tuvo la prolijidad que se espera al destinar miles de millones de pesos a fundaciones, donde algunas más que proyectos, hacían proselitismo político", expuso el diputado de la UDI por el distrito 25, Daniel Lilayú.

Por su parte, el diputado gremialista por el distrito 26, Fernando Bórquez, calificó la situación de "lamentable". "El asesor jurídico del GORE Los Lagos reconoce que se realizaron transferencias de recursos sin el visto bueno de Contraloría. Es necesario seguir investigando y llegar al fondo de lo sucedido y transparentar si estamos frente a errores de forma o de fondo", cuestionó el chilote.

Ambos parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente coincidieron en que solicitarán al fiscal nacional, Ángel Valencia, que se nombre un equipo con dedicación exclusiva para indagar las millonarias cifras traspasadas a ONG, "sobre todo aquellas cercanas al Gobierno", estimaron.

Más duro en sus comentarios fue el senador del mismo partido por la región, Iván Moreira, quien habló de "campeones de la corrupción" al referirse a la situación que atañe al GORE.

"No puede ser que la Región de Los Lagos esté hoy en los titulares de los diarios regionales como una de las regiones más corruptas y más cuestionadas por las transferencias de recursos. Tienen que hacerse cargo por la poca transparencia el Gobierno Regional, los consejeros regionales y también la autoridad judicial", cuestionó el legislador, quien añadió que "esto tiene que aclararse".

"totalmente distinto"

Por su parte, el senador socialista Fidel Espinoza decidió tomar distancia, al expresar que "el foco de la corrupción está en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ahí es donde se formaron las fundaciones para defraudar al Estado", y a la vez recalcó que "lo que está pasando en los gobiernos regionales es una situación totalmente distinta".

Respecto al freno aplicado a convenios de transferencia del GORE, el congresista puntualizó que "lo que ha hecho Contraloría es decir que hay procesos administrativos que no se llevaron bien y de la manera adecuada para salvaguardar los recursos del Estado y, por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobernador Vallespín es adoptar medidas severas contra sus equipos jurídicos y de división que llevaron a esta situación".

A mayor ahondamiento, Espinoza detalló que "estas 22 fundaciones a las cuales se les traspasaron recursos no cumplían con todos los requerimientos y tienen que ser reestructurados los procesos, que es muy diferente a lo que se está viviendo en otras fundaciones adonde hay claramente indicios de malversación de recursos públicos".

Mientras participaba de actividades enmarcadas en la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, entre ellas la visibilización de la campaña "Que ninguna víctima quede atrás", la delegada presidencial de la Región de Los Lagos, Giovanna Moreira, se refirió al denominado 'Caso Fundaciones', que ha tenido como foco de una investigación de oficio de la Fiscalía Regional al GORE Los Lagos.

"Como Gobierno hemos sido súper claros que todos los temas de convenios se tienen que investigar, se tiene que investigar todo lo que se tenga que investigar y dejar que las instituciones que buscan la persecución de este tipo de investigaciones lo puedan hacer. Creo que en la Región de Los Lagos se han dado algunas situaciones, y yo he visto al gobernador regional muy colaborativo desde el día uno para poder esclarecer estos temas en el fondo", comentó.