Eespecialista en temas de infancia y familia, área en la que ha trabajado desde hace 20 años, Pilar Ramírez, coordina desde 2014 el Consejo de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas de la Conferencia Episcopal. Una labor que la tuvo recientemente en Ancud, donde abordó esta problemática.

La profesional conoció más de la Diócesis San Carlos, que comprende las provincias de Chiloé, Palena, además de la zona de Guaitecas, oportunidad en que junto al obispo Juan María Agurto, analizaron los alcances de los ultrajes infantiles dentro de la Iglesia.

Los obispos chilenos, ya en el 2002 fijaron una clara postura al respecto y en el 2003 la Iglesia contaba con un primer protocolo. En abril de 2011, frente a graves delitos que salieron a la luz pública, las autoridades eclesiásticas anuncian la creación de este consejo nacional para la prevención, cuya misión es orientar y dirigir las políticas en esta materia.

En conversación con medios locales, la personera se refirió a la labor que viene desarrollando la Iglesia en esta temática tan sensible para la comunidad.

"Nos encontramos trabajando desde el 2011 en esto, hay que pensar que desde el 2011 en cada diócesis de Chile existe también un consejo de prevención, y son personas que están ayudando a las autoridades (obispos)", explicó la fuente.

"Basta con ver las estadísticas, entendemos que ha sido golpeada la institución en esto, pero también lo decimos muy claramente, no trabajamos para recuperar la confianza o el prestigio de la institución, mal podríamos hacer eso. Trabajamos porque queremos que como Iglesia, como institución, hagamos bien las cosas", precisó.

Asimismo, la personera hizo hincapié en el desarrollo de cursos destinados a todos quienes son parte de la Iglesia, cuyo objetivo es continuar con el proceso de acreditación de los equipos diocesanos como formadores en prevención.

"Todas las personas que trabajamos acá, tenemos que tener una formación que llamamos básica en esta temática. Cuando decimos todos, somos todos: los obispos, los sacerdotes, los consagrados, los laicos que trabajamos, las personas que trabajan voluntarias o remuneradamente, todas tienen que contar con este curso, que es un curso de formación básica que tiene cuatro módulos y dura 6 horas en total", detalló.

Sumó que la finalidad es que "las personas tengan también herramientas eventualmente, para ayudarnos a prevenir y también para acoger a las eventuales víctimas".

Ejemplo

Uno de los casos más bullados en la provincia, involucra al exdiácono de iniciales J. M. V. V., quien fue hallado culpable y sentenciado a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo por abuso sexual, hechos ocurridos en el 2004, contra un menor de edad.

Al respecto, monseñor Agurto expresó que "esta es una situación muy dolorosa para la familia, gracias a Dios en esto no hemos tenido denuncias últimamente. Sucedió un caso de un diácono en tránsito, iba a ser sacerdote pero ese caso llegó a la justicia, fue condenada la persona y también a nivel canónico. También él está suspendido en el ministerio desde hace tiempo, es el caso último que tenemos".

Del mismo modo, la autoridad eclesiástica, recalcó que "nosotros siempre estamos invitando a la gente, diciéndoles muy claramente a las personas que tienen el derecho y hasta el deber de denunciarnos públicamente, y nosotros también cuando se trata de un delito de un menor, tenemos la obligación también de hacerlo llegar a la autoridad civil".

César Cárdenas Ruiz

cronica@laestrellachiloe.cl

Una capacitación especializada para las organizaciones comunitarias de las iglesias evangélicas y católicas se llevó a cabo en Castro, con el objetivo de implementar casas de acogida y brindar apoyo a aquellos que más lo necesitan.

La instancia, que se ha realizado en colaboración con representantes religiosos, proporcionó las herramientas necesarias para establecer y mantener estos albergues, los que apuntan a convertirse en un refugio seguro para aquellos que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y necesiten respaldo inmediato.

De acuerdo a Patricia Contreras, representante de la Oficina de Inclusión y Asuntos Religiosos del municipio local, las iglesias tienen un importante papel en la comunidad. "Gracias a su colaboración constante, se ha logrado establecer una red sólida de servicios sociales y asistencia, en la que las iglesias juegan un rol fundamental", aseveró.

Misma opinión tuvo el pastor Benjamín Paillán quien indicó que a través de programas y proyectos conjuntos, "se busca garantizar que todas las personas de nuestra comunidad tengan igualdad de acceso a los recursos y servicios necesarios para mejorar su calidad de vida".

En tanto, el alcalde Juan Eduardo Vera (indep. pro Chile Vamos) reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre las organizaciones comunitarias religiosas y la administración municipal.

"Juntos podemos construir una comunidad inclusiva y solidaria, donde ninguna persona se quede atrás", sostuvo el jefe consistorial.