La comisión parlamentaria investigadora sobre los convenios irregulares citó ayer por tercera vez a declarar al jefe de los asesores de La Moneda, Miguel Crispi, quien a diferencia de las dos ocasiones anteriores dijo que esta vez sí concurriría.

El interés de los diputados de derecha es que declare en su condición actual, pese a que su eventual vinculación con el caso data de cuando era Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), pues en ese cargo visó un esquema para uno de los proyectos.

Crispi basaba su negativa a concurrir presencialmente en que como jefe de los asesores no es funcionario público y, por ende, no tiene la obligación de hacerlo, algo que la Contraloría Gemneral de la República solicitó aclarar.

Ante la posibilidad de que el político de RD no quiera responder consultas vinculadas a su rol actual, el presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), afirmó que "no nos van a doblar la mano a nosotros de La Moneda en ningún caso". A ello se sumó Juan Antonio Coloma (UDI), quien pidió que "no pretenda esconder ningún tipo de respuesta en un eventual secretismo".

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, valoró la decisión del asesor: "Crispi es un gran profesional, una persona que ha aportado en distintas cosas en que ha estado (...) yo creo que ya se empieza a encontrar una línea para enfrentar este problema".

Leo Riquelme - Medios Regionales

En una sola votación, el Consejo Constitucional aprobó las 32 observaciones acordadas por la Comisión Mixta que analizó asuntos controvertidos al proyecto, que con esto entra a su recta final para proponer una nueva carta al país en el plebiscito del 17 de diciembre.

La decisión se adoptó por 32 votos del Partido Republicano y Chile Vamos, y 17 en contra del oficialismo.

Ello significará que entrará al texto final la liberación del pago de contribuciones para la primera vivienda, remitida a la ley; la expulsión "en el menor tiempo posible" a los extranjeros irregulares; se considera la objeción de conciencia sin explicitar si es personal o institucional; el "acceso equilibrado" de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, y la posibilidad de reelección de alcaldes hasta por dos períodos, pero autorizando que se cambien de comuna para buscar una nueva elección, entre otros.

Los consejeros de Republicano y Chile Vamos coincidieron en que se trata de un "buen texto" y llamaron a aprobarlo en diciembre. Por el contrario, en la izquierda afirmaron que es un proyecto sectorial y que no refleja la diversidad del país.

Ahora, los consejeros votarán el documento de manera íntegra el 7 de noviembre, cuando debe concitar 30 votos para que se active el plebiscito de diciembre.

En vista del inicio de la recta final, el Gobierno reiteró ayer que desplegará una campaña informativa en redes sociales sobre el referendo e imprimirá borradores para que se distribuyan por todo el territorio, como hizo en 2022.

ministra

La vocera Camila Vallejo afirmó que en caso de una derrota del "A favor", La Moneda no planea promover un tercer proceso constitucional.

"El mismo Presidente lo señaló en una entrevista, difícilmente habrían condiciones", expresó la ministra, agregando que "no es bueno construir escenarios previos a un momento que va a ser dependiente de la voluntad popular".

El presidente de la UDI, Javier Macaya, llamó a La Moneda a que explicite cuál será su opción en el plebiscito, a lo que Vallejo afirmó que "como Gobierno tenemos prescindencia".

El Presidente Gabriel Boric encabezó ayer la firma del "Acuerdo Portuario por Valparaíso", un proyecto que apunta a expandir la capacidad portuaria de uno de los centros neurálgicos del comercio exterior del país.

"Necesitamos que Valparaíso avance en su expansión y modernización, por eso este acuerdo es una gran noticia, porque si queremos avanzar en un desarrollo más justo e inclusivo necesitamos más y mejore puertos, y Valparaíso para ello es esencial", afirmó en la capital de la Región de Valparaíso.

"En este acuerdo se aúnan esfuerzos para potenciar el desarrollo de la capacidad portuaria de la ciudad, y creo que lo más importante es que conjuga las identidades múltiples de Valparaíso, y está pensado de manera multidimensional, no solo desde la perspectiva económica, que es importante pero no es la única", añadió el gobernante.

El acuerdo alcanzado por Empresa Portuaria de Valparaíso, la municipalidad y el Gobierno Regional trazó un marco general para orientar la expansión, visada en términos generales por diversos actores. La iniciativa, señalaron desde el Gobierno central, "significa la posibilidad de abrir un camino de reactivación económica local en términos estratégicos".

Boric habló también de su relación con el alcalde Jorge Sharp, quien fue su amigo y correligionario en Convergencia Social. "Llevábamos casi cuatro años peleados con Jorge y ahora siento que este acuerdo nos reconcilia", sentenció el jefe de Estado.