Pedro Bárcena González

Acogiendo los postulados de la defensa, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de amparo en favor de un adolescente, quien fue formalizado por cuatro delitos perpetrados en Quellón y que había sido dejado en internación provisoria en el Área de Salud (ASA) del Complejo Penitenciario Alto Bonito. Una resolución con la cual recuperó su libertad en espera de una audiencia para decretar otras precautorias.

El sujeto que tenía 17 años al momento de los hechos fue encausado por robo por sorpresa, robo con fuerza en lugar no habitado, amenazas simples en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) y daños simples, invocando la fiscal Karyn Alegría la medida al estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima (su abuela), solicitud que fue acogida en el Juzgado Mixto de Quellón.

La cautelar fue decretada por la magistrada Claudia Villa, ante lo cual el defensor Filippo Corvalán recurrió ante el tribunal de alzada, remarcando que la decisión de primera instancia fue "ilegal al privar de libertad a un imputado de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA)".

El amparo ya desde un comienzo fue acogido, primero con la determinación de no innovar de los ministros, por lo cual el traslado del menor a la capital regional quedó sin efecto.

Como expuso en su requerimiento el abogado, los hechos por los cuales está siendo indagado el estudiante "no revisten pena de crimen y se le envía a cumplir cautelar en un recinto para imputados mayores de edad".

Recalcó el jurista especializado en la normativa de RPA que "se ha dispuesto la privación de libertad del amparado en una forma diversa y más gravosa a la que está prevista en la ley, poniendo en riesgo su seguridad individual, afectando de este modo las garantías constitucionales".

Las alegaciones presentadas por el defensor fueron acogidas por los ministros que coincidieron que ninguno de los ilícitos encausados "si hubiesen sido cometidos por una persona mayor de 18 años constituirían un crimen".

Dictamen

Bajo esta base, los sentenciadores estimaron que la resolución de garantía infringe la normativa de RPA, enfatizando que "evidentemente la resolución en cuestión vulnera la garantía de libertad personal del amparado, por lo que habrá de acogerse esta acción constitucional en los términos que se dirá en lo resolutivo".

Según lo dictaminado por alzada, el Juzgado de Letras y Garantía de Quellón deberá citar a una audiencia a todos los intervinientes, la que deberá celebrarse a la brevedad posible, en la que se resolverá lo que corresponda en relación con las medidas cautelares del amparado, por un juez no inhabilitado.

Con lesiones de mediana gravedad quedó un joven de 25 años tras un procedimiento policial registrado ayer en el centro de Castro. Junto con una indagatoria contra el imputado por un delito de ocultación de identidad y de droga, se analizará el accionar de Carabineros en su contra.

Tal como se había denunciado en los últimos días sobre la presencia de desconocidos merodeando los vehículos estacionados en calle Blanco, se recibió por parte de la Central de Comunicaciones (Cenco) una denuncia de vecinos inquietos por la presencia de un sujeto, con supuestas intenciones de sustraer especies desde las máquinas.

Los uniformados se constituyeron en el sector y alrededor de las 1.45 horas controlaron a un sujeto de origen colombiano. En el dispositivo el encartado se precipitó a la solera sufriendo un traumatismo encefalocraneano .

Defensa

Así lo describió el defensor Nelson Troncoso, quien representa al imputado, remarcando que las actuaciones policiales fueron ilegales "puesto que no había indicios de la comisión de algún delito. Se le acusa a esta persona de estar mirando los autos, lo cual no significa nada, además los 6 gramos de cocaína que tenía en su poder se le caen en la fiscalización y eran para su consumo personal".

Un eventual "exceso policial", como precisó el jurista, deberá ser indagado por el Ministerio Público, detallando que durante la audiencia realizada este miércoles ante el Juzgado de Garantía de Castro, el encartado "se encontraba confuso por las consecuencias del golpe que sufrió en la madrugada".

El fiscal (s) Cristian Mena encausó al extranjero por ocultación de identidad y porte de sustancias ilícitas para el consumo. No quedó con cautelares y la magistrada Jesica Yáñez determinó un plazo de investigación de 60 días.

Dentro de las actividades operativas de la Escuadra Nacional en la provincia, la fragata Almirante Riveros recaló en la bahía de Curaco de Vélez para realizar una ceremonia de entrega de ofrenda marinera en la cripta del contraalmirante Galvarino Riveros Cárdenas en la plaza de armas del pueblo.

En la actividad participaron el comandante del buque Juan Pablo Castro; el segundo a bordo, Rafael Bastidas, como también el capitán de puerto de Achao, Dennis Gallardo, y la alcaldesa Javiera Yáñez (indep. pro PS).

Ante las inestables condiciones meteorológicas se suspendieron las visitas a la embarcación.