Carolina Larenas Faúndez

Un aumento de un 30% en la capacidad de metros lineales considera la incorporación de una nave mayor al servicio de conectividad entre Huicha (Chonchi) y Chulchuy (Puqueldón). Se trata de la embarcación Llacolén que desde fines de octubre está operando en el canal Yal, por lo que ahora hay dos barcazas mayores y una menor.

Junto con la llegada de la nueva nave que reemplaza a una de menores proporciones que operaba en el canal, en los últimos días también se trabajó en una especie de dragado del embancamiento que se produjo en la rampa de Huicha y que con mareas bajas no permitiría llegar hasta la zona a las embarcaciones.

De esta forma, durante lo que se extienda el actual contrato (2025) permanecerían trabajando dos embarcaciones mayores y una menor en el tramo Huicha-Chulchuy, tal como lo explicó Pablo Joost, seremi de Transportes y Telecomunicaciones.

"Esto busca dar mayor capacidad, mayor celeridad al transporte de un lado y otro del canal y, al mismo tiempo, ir avanzando en forma gradual con la mejora del servicio en esta zona, un compromiso que nosotros tenemos como ministerio", afirmó el profesional.

Además, el ingeniero naval expuso que "esta embarcación, la Llacolén, se va a mantener por toda la vigencia del actual contrato y, por lo tanto, la garantía y seguridad a los usuarios de la zona y también al factor productivo del territorio".

En este sentido, Rodrigo Ojeda (indep.), alcalde de Puqueldón, valoró el resultado de las conversaciones con la empresa Transportes Puelche y la Seremi de Transportes para sumar una nave de mayores proporciones. Con ello, sumó se busca reducir los atochamientos que se producen, sobre todo en época estival para ingresar a la isla.

"Han hecho varias mejoras, hemos ejercido también bastante presión porque ya estamos cerca de la temporada de verano, entonces se está cambiando el asfalto a pavimento en el acceso a Huicha y alrededor de la rampa una especie de dragado con una tornamesa y se agregó la nueva motonave, la Llacolén, que es una nave mayor", sostuvo el jefe comunal.

Igualmente, afirmó que "deberíamos quedar por esta temporada con dos naves mayores y una menor que fue parte de una conversación que hemos tenido finalmente con la empresa, que accedió a nuestra petición de poner la nave Llacolén".

Unión Comunal

Por su parte, Marisol Santana, secretaria de la naciente Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puqueldón, mencionó que "la verdad es que no había ninguna información de que llegaría una nueva barcaza y lo que esperamos todos los lemuyanos es que no se formen esos enormes tacos en que muchas veces una está una o dos horas esperando y que haya un tránsito expedito donde no haya que esperar tanto para salir o para entrar".

Asimismo, la dirigenta del sector de Marino relató que "ojalá en lo posible las pasadas comenzaran a funcionar desde las 6 de la mañana y con horario continuado cada 15 minutos y no haya que esperar media hora o casi una hora cuando la gente necesita salir de la isla".

"Ojalá en lo posible las pasadas comenzaran a funcionar desde las 6 de la mañana y con horario continuado cada 15 minutos y no haya que esperar media hora o casi una".

Marisol Santana, dirigenta.

3 navíos entregan el servicio que conecta a Puqueldón con la Isla Grande de Chiloé.

Establecer la caducidad de la acción ejecutiva de cobro de derechos de aseo municipal busca un proyecto de ley impulsado por el diputado castreño Fernando Bórquez (indep. pro UDI).

Según explicó la caducidad operará de pleno derecho, luego de "tres años contados desde que la obligación se hizo exigible, solo respecto de personas mayores y quienes pertenezcan al 40% más vulnerable de la población".

El parlamentario indicó que los municipios "tienen la facultad de rebajar una proporción de la tarifa o eximir del pago de esta a los usuarios que tengan una situación económica que lo justifique, teniendo en cuenta los indicadores establecidos en las ordenanzas municipales que regulan la fijación de tarifas de aseo municipal. Además, quedan exentos de manera automática los usuarios cuya vivienda tenga un avalúo fiscal igual o menor a 225 unidades tributarias mensuales".

Además, detalló que "el hecho de que cada municipalidad decida a quien exime de pago y a quien no genera una discriminación entre personas que habitan municipios distintos, pues queda a criterio de las autoridades municipales decidir quién cumple con los requisitos socioeconómicos suficientes para no pagar. Así, pueden existir dos personas habitantes de comunas diferentes, cuya situación económica sea idéntica, pero que solo una de ellas esté obligada a pagar".