Leo Riquelme - Medios Regionales

Los gobiernos de Israel, de Chile y España confirmaron ayer la muerte de la chilena Loren Garcovich Montoya y su esposo, el español Iván Illarramendi, quienes habían desaparecido el 7 de octubre en medio de la matanza protagonizada por el grupo terrorista Hamás en Israel, que le costó la vida a 1.400 personas.

"Sus cuerpos han sido identificados entre las víctimas de la masacre", ratificó el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli.

Lo restos de la mujer de 47 años y el hombre de 46 fueron identificados el martes en una morgue en Tel Aviv, un mes después de su muerte, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Israel aclaró que la pareja no fue secuestrada en el ataque, como sí sucedió con más de 240 personas llevadas a la fuerza a Gaza; pero aseguró que fueron quemados vivos juntos en su casa.

Dicho gobierno añadió que la dificultad para identificarlos pasó porque sus restos quedaron reducidos a cenizas y a "escasas partes de sus cuerpos, que no pueden ser separados", según EFE.

"Su asesinato en manos de terroristas de Hamás merece nuestra más absoluta condena (...). Compartíamos la esperanza de que aún estuviera con vida", dijo la Cancillería.

"Como Gobierno de Chile expresamos nuestro profundo pesar por el brutal asesinato", escribió en la red X el Presidente Gabriel Boric.

Loren nació en 1976 en San Felipe, en la Región de Valparaíso, y se mudó con su familia en 1984 a Israel, cuando su padre, Danny Garcovich, quiso volver a la tierra de sus ancestros, ya que su papá era un judío que llegó a Chile huyendo del Holocausto.

La pareja vivía en la cooperativa agrícola (kibutz) Kissufim, ubicada a dos kilómetros de la Franja de Gaza, fundada hace 70 años y que fue uno de los primeros sitios atacados por el grupo terrorista, hecho que ocasionó la muerte a cinco chilenos y el secuestro de la descendiente nacional Mia Schem, que aún permanece en manos de Hamás.

Luego de semanas de debate en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó ayer el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones y despachó la norma con las 14 observaciones que modifican su contenido, entre ellas la eliminación de la legítima defensa privilegiada. Con esto quedó lista para ser promulgada.

También se establecieron las penas dependiendo de la gravedad del delito. En el caso de las usurpaciones violentas, la sanción llegará hasta los cinco años; tres años por usurpaciones con daño sobre las cosas, y hasta 541 días o una multa por usurpación sin violencia

Si bien hasta antes de las votaciones había dudas sobre su aprobación, este último punto marcó el apoyo del Partido Republicano, Evópoli y el PDG (Partido de la Gente) al veto presidencial.

"La Araucanía y el sur de Chile están hoy contra la espada y la pared a propósito del veto a la Ley de Usurpaciones. No se puede caer esta ley y no podemos darnos el lujo de rechazar, porque dejaríamos a toda la gente en la indefensión", dijo antes de la votación el diputado Mauricio Ojeda (Rep.), que ante el rechazo y críticas de RN y la UDI los acusó de ser una "versión Fruna" de su partido.

Algunos diputados del Frente Amplio y el PC rechazaron algunas indicaciones, pues acusaron que "criminaliza la pobreza".

Tras la aprobación, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, valoró que se consiguiera "concitar un apoyo mayoritario en ambas Cámaras".

Indignados con el resto de la derecha, RN y la UDI ingresaron un nuevo proyecto. "No estamos dispuestos a quedarnos tranquilos con las migajas del Gobierno en lo que fue una verdadera extorsión al Parlamento", mencionó el diputado Andrés Longton, parlamentario de Renovación Nacional.