Pedro Bárcena González

Sin cautelares quedaron ayer los dos conductores implicados en la violenta colisión que dejó 15 lesionados en el sector Mocopulli de la comuna de Dalcahue, entre ellos 12 estudiantes de la Escuela Mallinlemu que llegaban a clases en un furgón escolar que fue impactado por una camioneta de la Policía de Investigaciones (PDI).

Gracias al preinforme de la Unidad Investigadora de Accidentes en el Tránsito (UIAT) Chiloé, se logró establecer que los dos choferes implicados en el siniestro vial, registrado a la altura del kilómetro 1.167 de la Ruta 5 Sur, tienen algún grado de responsabilidad en los hechos.

Así fue expuesto en audiencia realizada ante el Juzgado de Garantía de Castro, donde no se incidentó la legalidad de la aprehensión de los imputados de iniciales J. R. C. C. (41), piloto del móvil que transportaba a los alumnos de entre 4 a 13 años, y el funcionario de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) castreña identificado como J. A. M. W. (40).

La fiscal (s) Pamela Saldivia formalizó a ambos por un cuasidelito de lesiones graves y otros 2 de lesiones menos graves, relacionados a los 3 alumnos que resultaron con fracturas producto del impacto.

Como explicó la persecutora, con las primeras conclusiones de la policía experta se logra determinar que ambos encartados aportan a la génesis de la colisión.

"El conductor de la camioneta lo hacía a una velocidad no razonable ni prudente, en zona de escuela y en horario de ingreso de estudiantes; mientras que chofer del furgón escolar realizó una maniobra prohibida de viraje hacia la izquierda", dijo la abogada.

Tras exponer dicha dinámica y en virtud del número de ilícitos culposos como de su penalidad, la representante del Ministerio Público invocó solamente la cautelar de arraigo nacional. Una precautoria que contó con la oposición de las defensas.

Desproporcionada

De acuerdo a lo señalado por Nelson Troncoso, representante del chofer del furgón escolar, la disposición no responde al principio de proporcionalidad.

"El imputado tiene irreprochable conducta anterior y desde el primer momento ha colaborado con la investigación, incluso declarando ante la policía. Además, la probable forma de término de la causa sería una salida alternativa, que no iría más allá que una condena con firma", sostuvo el defensor penal.

Por su parte, el jurista particular Manasés Huenuqueo, quien asesora al detective, se adhirió a los argumentos de su colega para impedir que se imponga la medida, alegaciones que se acogieron por la magistrada Jesica Yáñez, quien dejó sin cautelares a los imputados.

La sentenciadora decretó un plazo de 120 días para el desarrollo de la indagatoria, tiempo en que se espera la remisión del informe completo de la UIAT.

Finalmente, desde la PDI se informó ayer escuetamente que "se instruyó un sumario administrativo a fin de determinar las responsabilidades funcionarias".

Pedro Bárcena González

En el acceso este al radio central de Quellón se produjo en las últimas horas un incendio que afectó 2 viviendas, dejando como saldo 6 personas damnificadas y 2 con principio de asfixia. Peritos del Departamento de Estudios Técnicos (DET) de Bomberos local está a cargo de la indagatoria del caso.

La emergencia se registró en la intersección de las calles Ladrilleros con Independencia, en una zona con al menos 5 inmuebles adyacentes, los que se vieron amagados por el rápido avance de las llamas.

Voluntarios de las tres compañías bomberiles urbanas concurrieron al lugar. Así lo advirtió el primer comandante Eduardo Obando, añadiendo que al arribar "nos encontramos con una casa habitación que ardía en fase de libre combustión, con peligro de propagación" hacia las construcciones de material ligero cercanas.

Ante el inminente riesgo, los efectivos locales reforzaron su trabajo logrando evitar que el fuego continuara extendiéndose.

"La casa donde se inició el siniestro resultó con daños estructurales en un 80 por ciento (inhabitable), mientras que por efecto de la propagación una vivienda que está en la parte delantera del sitio sufrió afectación en el entretecho", explicó el oficial, añadiendo que en cada domicilio vivían 3 personas.

Hasta el sitio del suceso también se constituyó personal de la Oficina Comunal de Protección Civil, Emergencia y Seguridad Pública. El encargado (s), Fernando Nahuelpani, confirmó que durante el incendio el peligro de propagación era alto. Sin embargo, acotó que "gracias al rápido actuar de Bomberos no se vieron más casas afectadas".

Eso sí, el funcionario detalló que "dos personas resultaron con problemas por inhalación de monóxido de carbono, quienes fueron atendidas por un equipo del SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia)"

Procedimiento

Carabineros de la Sexta Comisaría local abordó el procedimiento de rigor, levantando información de las víctimas y testigos, mientras que trabajadores del área social del municipio también recogieron antecedentes para las ayudas a las familias damnificadas.

Por instrucción del Ministerio Público local, el DET de Bomberos de Quellón está realizando las diligencias para esclarecer el origen y causas del siniestro.

En proceso de redacción de una querella, se encuentra el municipio de Castro para apoyar jurídicamente a dos inspectores que denunciaron haber sido amenazados con un arma blanca por un comerciante, en pleno centro de la ciudad.

Los hechos tienen como epicentro calle Esmeralda, donde las víctimas fiscalizaban la patente de una frutería, siendo presuntamente intimidados por el imputado de iniciales J. R. R. T. (58), quien fue formalizado por amenazas, quedando con las cautelares de prohibición de comunicarse y acercarse a uno de los inspectores, signado como R. E. C. P. (42).

No obstante, como aclaró el asesor legal del consistorio castreño, Juan Manuel Castro, en los próximos días "vamos a presentar una querella para que sea considerada como víctima también la inspectora mujer que acompañaba al otro fiscalizador. Y para invocar la agravante de ejecutar el delito con desprecio o con ofensas a la autoridad pública".

Junto con indicar que la indagatoria se extenderá por 60 días, el jurista acotó que "se pedirán algunas diligencias y vamos a solicitar las máximas sanciones que contempla la ley"