Matías Gatica Lindsay - Medios Regionales

La Policía de Investigaciones detuvo ayer a Camila Polizzi y otras cuatro personas que habrían estado involucradas en presuntas irregularidades en el traspaso de fondos del Gobierno Regional del Biobío a la fundación En Ti, vinculada a la excandidata a alcaldesa de Concepción.

El 13 de julio el Ministerio Público inició una investigación luego que se dio a conocer que la modelo habría recibido $250 millones a través de la fundación, que se presume arrendó para llevar a cabo el proyecto "Capacitación ciudadana para familias Barrio Norte".

Según se consignó en ese entonces, para realizar el proyecto Polizzi contrató una sociedad que había adquirido un día antes su entonces pareja, Sebastián Polanco, y al justificar los gastos se habrían presentado boletas por compras de ropa interior de alto costo, por lo que se le denominó "caso Lencería".

Durante la investigación la PDI allanó el domicilio de Polizzi y ayer concretó su detención; la de Sebastián Polanco; su hermano Diego; el exadministrador regional del Gobierno Regional del Biobío, Rodrigo Martínez, y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña.

Fiscal regional

La fiscal regional del Bíobío, Marcela Cartagena, señaló que para Polizzi y los hermanos Polanco "se ha pedido su orden de detención por la comisión de los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos", y agregó que "en el caso de los dos funcionarios públicos esta orden se ha solicitado y se ha despachado por el delito de fraude al fisco en vinculación con ambos".

Polizzi había prestado declaración durante varias horas el 4 de septiembre ante la Fiscalía, ocasión en que decidió guardar silencio. A los medios, eso sí, ha negado que se haya visto en ilegalidades, como acusan en el GORE y hasta el propio dueño de la fundación, que acusa fue engañado,

Hoy los cinco detenidos serán formalizados a las 11 horas en Concepción.

El Presidente Gabriel Boric solicitó ayer la renuncia del director de Educación Pública, Jaime Veas, como coletazo a las crisis que derivó del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, donde los profesores estuvieron en paro por 77 días.

A días de firmarse el acuerdo que frena el proceso de traspaso del servicio educativo desde los municipios, tarea que estaba en manos de Veas y que en los últimos meses generó cuestionamientos desde el Colegio de Profesores,

La Moneda emitió ayer un comunicado en el que señaló que "el Gobierno de Chile agradece el trabajo desempeñado en su cargo" al profesor de historia y geografía de enseñanza media, quien había llegado al Gobierno por concurso público en octubre de 2022 y que había anunciado previamente la noticia a través del grupo de WhatsApp, donde comparte con los directores ejecutivos de los distintos SLEP.

El Gobierno informó que Veas dejará su puesto este viernes y será reemplazado en calidad de subrogante por Rodrigo Egaña, quien en la tarde de ayer se reunió con Boric.

El ingeniero comercial Egaña fue nombrado por la expresidenta Michelle Bachelet como jefe de la Dirección de Educación Pública, cargo que ocupó entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018 y en 2019 fue citado a la Comisión de Educación de la Cámara Baja por presuntas irregularidades en los primeros SLEP implementados en nuestro país.

Para el 16 de enero de 2024 fue fijada la audiencia de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (indep. pro UDI), quien es acusada de presuntos delitos de corrupción durante su gestión entre 2016 y 2021.

Sobre la audiencia que se realizará en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, la jefa de asesoría jurídica y vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, señaló que "la formalización en contra de la exalcaldesa es por los delitos de fraude al fisco (…) y falsificación de instrumento público (...). Los que tienen grado de desarrollo consumados y reiterados".

Además de Barriga, serán formalizadas otras "cinco personas, exfuncionarios de sus círculos más cercanos, por los mismos delitos", dijo Valdés, quien agregó que "el monto total de lo defraudado es de $31 mil millones".

Ellos son Ana María Cortés (de la secretaría comunal de planificación), el asesor Luis Japaz, Andrea Díaz (administradora municipal), Andrea Monsalve (periodista) y María Palma (directora de control). A esta última se le imputará solamente el delito de falsificación de instrumento público.

A través de sus redes sociales Barriga mencionó que "después de dos años de investigación, ha quedado demostrado que todos los dineros han sido gastados en obras, en programas y beneficios que iban en directa ayuda de vecinos (...). El daño que ha causado todo esto es irreparable, nadie me devolverá la paz y tranquilidad a mi y mi familia".