César Cárdenas Ruiz

Pescadores artesanales de Chiloé han expresado escalonadamente su descontento por los efectos negativos provocados por la Ley Lafkenche (20.249), normativa con más de 14 años de vigencia y que nació con la finalidad de reconocer, además de proteger los derechos territoriales sobre el borde costero de los pueblos originarios.

Fue esta misma normativa la que estableció un mecanismo para destinar los espacios costeros con el objetivo de preservar los usos y costumbres indígenas. Lo anterior se ha visto acentuado por la votación reciente, donde la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc) se pronunció en contra de las solicitudes de dos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (Ecmpo), con el fin de que puedan ser administradas por comunidades indígenas, tratándose específicamente de las solicitudes en "Cisnes" e "Islas Huichas".

Es por ello que a partir de su aplicación, la ley trajo consigo la irrupción de un nuevo actor en el borde costero como lo son los pueblos ancestrales y con ello visibilizar "lo simbólico" en la relación con los espacios y especies marinas, es decir una dimensión inmaterial que es fundamental para la reproducción del uso consuetudinario.

El establecimiento de los espacios costeros marinos de pueblos originarios también ha traído consigo diversos conflictos, entre otros, con la institucionalidad pública, principalmente por la poca comprensión del concepto de consuetudinario: son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen porque en el tiempo se ha hecho costumbre. A ello se añade la relación que esta ha tenido siempre con la industria salmonera y la mitilicultura, generando eventuales inconvenientes para ejercer su derecho a pesca.

Manifestaciones

En tal sentido, la pasada semana miembros de organizaciones ligadas al mar de comunas del Archipiélago, fueron protagonistas de algunas manifestaciones. Con gritos y pancartas dieron a conocer sus reparos a la legislación. Si bien, aseguran no estar en contra de solicitudes de dos espacios costeros marítimos, requieren ser incluidos en ellas.

Así lo señaló el dirigente Fernando Astorga, del muelle céntrico ancuditano. "Estamos totalmente en contra de la Ley Lafkenche, necesitamos decirle al Estado que se preocupe de su gente de mar, de la pesca artesanal en especial, tenemos un problema y ellos lo saben. No hemos sido tomados en cuenta y por lo tanto necesitamos urgente una modificación a la ley, donde se comprometa que la pesca artesanal va a ser incluida dentro de los Ecmpo, nosotros no estamos en contra, pero inclúyanos", aclaro.

No obstante, el isleño fue más allá enfatizando en que las solicitudes incluso han originado situaciones que perfectamente pudieran tener consecuencias 'fatales'.

"Aquí en Ancud tenemos problemas con armas de fuego, fueron apuntados dos pescadores artesanales de la localidad de Calle, tenemos otras Ecmpo que se están pidiendo en la localidad de Chaumán, tenemos también en proceso dos al frente de la bahía de Ancud, y la otra que nos está perjudicando y que tampoco nos deja trabajar es la de arriba de playa Caulín, ya no podemos trabajar donde siempre trabajamos", detalló.

Sumó la fuente que "ya no podemos trabajar porque los jefes, los que están a cargo de la comunidad (indígena) llaman a la Capitanía de Puerto, los marinos van y hacen un parte millonario, gente de aquí de Ancud que tiene partes millonarios, incluso van a vender sus lanchas porque ya no son capaces de mantenerlas; hablo por la gente de Pudeto".

En Dalcahue, Carola Barría, secretaria del Sindicato de Pescadores N°1, hizo hincapié en que "lamentablemente el espíritu de la ley se perdió por la mala práctica del pueblo originario, de algunos representantes de pueblos originarios. Hoy día en la Región de Aysén tenemos el mejor ejemplo. Los pescadores artesanales y los buzos mariscadores están absolutamente en alerta, lastimosamente ningún servicio público ha estado a la altura con tomar decisiones de una manera muy lamentable".

Adicionó que "Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) no tiene funcionarios públicos que puedan cubrir enormes porciones de agua para demostrar el uso consuetudinario. Sin embargo, en una simple sesión van y se presentan y dicen 'yo represento a tal' y listo, se levante el acta y así ellos son ministros de fe de manera verbal, de cosas que le van relatando".

Salmoneras

Gremios salmonicultores habían advertido que de otorgarse estas Ecmpo, se podían perder alrededor de 300 concesiones acuícolas, el 45% de las existentes en la Región de Aysén y el 25% de la capacidad productiva nacional en salmonicultura, arriesgándose más de 5 mil empleos directos.

A través de un comunicado, el Consejo del Salmón, asociación gremial formada por cuatro empresas productoras como AquaChile, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén, informaba que "nos alivia esta decisión en aras de resguardar el bien común, reflejando el espíritu y la razón de ser primigenia de dicha legislación. Tenemos la convicción de que la Conadi debe reforzar la rigurosidad y la transparencia de sus procesos para resguardar la integridad de las solicitudes que se presenten en el futuro, entregando los recursos que sean necesarios para ello".

Congreso

Desde el ámbito parlamentario, uno de los objetivos de un grupo de senadores es el de poder perfeccionar la implementación de la ley, armonizando y compatibilizando los usos consuetudinarios sobre el borde costero con las demás actividades desarrolladas en las mismas áreas.

Lo anterior es parte de la moción que fue derivada a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Se trata de un proyecto presentado por los senadores Carlos Kuschel (RN), Gastón Saavedra (PS), David Sandoval (UDI), el exsenador Álvaro Elizalde (PS), y Fidel Espinoza (PS).

Este último, hizo hincapié en que "le duela a quien le duela vamos a hacer modificaciones a la ley, ya la estamos discutiendo en la Comisión de Pesca del Senado, esas modificaciones van en la línea de evitar futuros conflictos entre el mundo de nuestros pueblos originarios y la pesca artesanal, y cualquier otro actor que contribuya a la economía de nuestra región".

"La ley tuvo un muy buen espíritu, algunos lamentablemente la han desvirtuado de una manera violenta cobrando comisiones para otorgar permisos", enfatizó.

Sumó el congresista que "en Chiloé de una u otra manera ya se están manifestando las primeras expresiones del mundo de la pesca artesanal, en contra de la forma de vulneración de los derechos de los pescadores artesanales, que no podemos permitir que estén ocurriendo en el marco".

"Lo ocurrido en Aysén con el rechazo a estas miles y miles de hectáreas solicitadas, es un avance pero abre la puerta. Yo fui el primer parlamentario que puse en discusión presente ya el tema el año pasado, en un proyecto de ley al Senado para modificar aspectos sustanciales de la ley", aseveró.

Por parte de la Cámara Baja, el diputado e integrante de la Comisión de Pesca, Mauro González (RN), hizo un llamado al gobierno para que se comprometan a evaluar las modificaciones a la Ley Lafkenche.

"Las consecuencias de incorporar esta norma tal cual como esta pueden ser devastadoras, por lo que creo que debemos revisar la legislación y hacer las modificaciones que sean necesarias, para dar tranquilidad y certezas a los gremios, familias y trabajadores que hoy ven en esto una amenaza a su actividad laboral", precisó.

Consignó que "se entiende que la ley tiene un buen fondo, que es la protección de los bordes costeros, pero esto se ha aplicado en algunas oportunidades de mala manera, no ha existido un trabajo mancomunado ni de comunicación con todos los sectores involucrados y las comunidades, poniendo en riesgo actividades productivas y el desarrollo de algunas zonas".

Finalmente, su par Alejandro Bernales (PL), esgrimió que "a mí me parece que la Ley Lafkenche, al igual que todas las leyes no están escritas en piedra y están constantemente en una etapa en que puedan ser corregidas y también hacer una evaluación respecto a estas. Por lo tanto, me parece que dado a los hechos que han pasado en el último tiempo, hay que mirar y revisar qué es lo que está pasando con la Ley Lafkenche".

Refrendó que "esta ley nació con una buena intención, pero lamentablemente por la culpa de algunos ha perdido justamente su foco y eso hay que revisarlo, en ningún caso hay que derogar la ley y hacerla en el fondo que no siga adelante, muy por el contrario, hay que corregirla", subrayó.

"Estamos totalmente en contra de la Ley Lafkenche, necesitamos decirle al Estado que se preocupe de su gente de mar,".

Fernando Astorga,, dirigente del muelle de Ancud.