Actores locales analizan los beneficios y trabas de la Ley 40 Horas tras el inicio de la implementación de su primera fase
En Chiloé, dirigentes, trabajadores y autoridades desglosan el actual escenario con la puesta en marcha de este marco legal y las implicancias que tendrá en el Archipiélago, hasta su ejecución completa el 2028.
A 4 días de su entrada en funcionamiento, actores de distintos rubros de la sociedad isleña analizaron las implicancias sobre la nueva Ley 40 Horas (Ley 21.561), la cual reducirá las horas semanales de la jornada de trabajo, permitiendo a las empresas poder implementar esta medida de manera gradual en un plazo máximo de 5 años.
La primera etapa de la normativa que empezó a regir, consiste en reducir de 45 a 44 horas la jornada laboral semanal para los empleados dependientes, regidos por el Código del Trabajo. Esta disminución se ejecutará de forma paulatina, alcanzando su materialización total a 40 horas en 2028.
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha señalado que la hora semanal que se debe reducir no puede ser distribuida en fracciones. Han detallado que, si existe acuerdo, debe constar por escrito la rebaja al inicio o término de la jornada; y si no, el empleador reducirá una hora en alguno de los días para los contratos de cinco días, o podrá ser de 50 minutos en una y el resto en otra para los contratos de seis días semanales.
Sobre las características principales de la normativa, el jefe de la Dirección del Trabajo en Los Lagos, Claudio Salas, reconoció que "es un hito bien importante, el 26 de abril de 2023 -hace un año- se aprobó esta Ley 21.561, que reduce en una hora la jornada de trabajo semanal el primer año, para luego el 2026 bajar a las 42 horas semanales, y finalmente llegar el 2028 a un total de rebaja de 5 horas".
"Vamos a tener 40 horas de trabajo en total a la semana", sostuvo, insistiendo el personero que "consideramos que es un hito bien importante para el mundo del trabajo, como lo fue cuando a principios del 2000 bajamos de las 48 a las 45 horas, así que es un proceso bien complejo el que se viene, pero bien entusiasmado desde el mundo del trabajo".
Otro aspecto considerable, es que por ahora el sector público se mantiene al margen de la normativa. "Esta ley aplica para los trabajadores que están en el sector privado regidos por el Código del Trabajo. El sector público tiene estatutos especiales, el estatuto por ejemplo de los funcionarios municipales, el estatuto administrativo o también el estatuto docente que también aplica para parte del mundo privado, que tiene jornada de trabajo distinta de 44 horas semanales", aclaró.
Agregó en esta línea que "se espera que el próximo año surja un proyecto de ley, ese es el compromiso que tiene el Presidente de la República (Gabriel Boric) de ingresar un proyecto para ajustar también la jornada de los trabajadores públicos".
Debate
Uno de los grandes temas de debate tiene relación con la posibilidad de una merma de remuneraciones producto de la reducción en los horarios.
Al respecto, Salas puntualizó que "en ningún caso se puede afectar las remuneraciones de estos trabajadores por el hecho de reducir la jornada, o sea mantienen el mismo ingreso que están percibiendo, reduciendo la jornada de trabajo. Se recoge la experiencia de cuando nosotros al principio de los 2000 reducimos la jornada de 48 a 45 horas, ahí también se dio un plazo que fueron de algunos años para ajustar esta reducción y la experiencia indicó que no hubo una afectación en la producción".
Con relación a quienes laboran bajo el concepto de boletas de honorarios, Salas enfatizó en que "hay trabajadores que emiten boletas de honorario, que tienen un contrato que no se rige por el Código de Trabajo, sino por el Código Civil. Esto debiera ser bien excepcional y hablamos de trabajadores que no prestan servicios bajo subordinación y dependencia, que no tienen un control horario, trabajadores que no tienen una jefatura que le vaya indicando las formas de trabajo. En definitiva son más bien independientes, cuando se cumplen esos requisitos puede tener un contrato honorario y ahí no se aplican reglas del Código del Trabajo".
Informalidad
Respecto de algunas problemáticas que se suscitan en el Archipiélago, una de las más delicadas tiene que ver con la informalidad en la que se desempeñan muchos trabajadores, en sectores como el mar o el agro.
"La informalidad laboral bordea el 27% (regional) o sea tenemos una cantidad importante de trabajadores que no tienen contrato laboral, que no tienen cotizaciones previsionales, que no tienen derecho básicos que uno esperaría tuviera la generalidad de los trabajadores", explicó la fuente.
Sumó que "en ese caso lo que nosotros siempre hacemos es fiscalizar que efectivamente haya formalización de los lugares de trabajo, cuando hay a veces pequeñas empresas que tienen uno o dos trabajadores que prestan servicios de forma más bien esporádica, pero que igual durante un periodo de tiempo están bajo instrucciones de una persona y cumplen labores dentro de un horario, en estos casos deberá existir contrato de trabajo y lo que nosotros hacemos es fiscalizar".
Asimismo, el profesional remarcó también sobre las repercusiones en la industria salmonera. "Sabemos que ésta tiene varias etapas, tenemos desde la piscicultura hasta los centros de cultivo y las plantas de proceso, probablemente la mayor cantidad de trabajadores están en planta de proceso que están ubicadas dentro de centros urbanos y donde es más fácil el control por parte de los servicios públicos, pero por otra parte están los trabajadores que prestan servicios, por ejemplo, los centros de cultivo que están más alejados, y nosotros tenemos una principal atención, fiscalizar 100%, permanentemente sus lugares de trabajo", acotó.
Igualmente, el director adicionó que "hemos invertido durante el año 2023 en un contrato de embarcación que nos permita también desplazarnos a esos lugares más apartados".
Reacciones
El debate sobre la trascendencia e impacto de la nueva disposición legal es amplio. Los protagonistas en el quehacer insular también entregan puntos de vista desde diferentes escenarios.
Asi es el caso de John Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón (Conatrasal) y vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Chiloé, quien expresó que "creo que es una ley muy importante que va a ser un cambio social, familiar, porque además el ser humano necesita descanso aparte de producir".
"Creemos que esta ley no va a dañar al empresariado, no tendría por qué dañarlo; al contrario, el trabajador va a ir con más ganas, con más descanso a tomar su vida laboral", precisó el dirigente.
No obstante, el líder gremial expresó que "creemos que es un poco injusta (la norma) en el sentido de la gradualidad. Esperar de aquí a tantos años de que esta ley se cumpla es perjudicial para los trabajadores".
Relativo al empleo informal, el isleño esgrimió que "nosotros como Conatrasal estuvimos en el parlamento cuando esto se dictó. Había mucha gente que estaba descontenta, pero lamentablemente siempre va a ser así. Empecemos por algo, ya tenemos algo, esperemos que esto con el transcurso del tiempo vaya favoreciendo a más trabajadores. Entendemos la situación, el gobierno y los empleadores igual estamos expectantes en ese sentido, pero yo creo que esto va a tener que en algún momento llegar a todos los trabajadores".
Pymes
Adicionalmente, se plantea la posibilidad de una merma de remuneraciones o productividad dada la reducción de los horarios, fundamentalmente en las pymes.
En torno a aquello, Julio Candia, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo e Industrias de Castro, además de vicepresidente de la Multigremial de Chiloé, afirmó que "el empresariado está tomando todas las precauciones para poder cumplir con la ley, conforme a lo que dice la reglamentación".
"Ahora con respecto a si es un adelanto o un retroceso en el tema de producción, pienso que no, porque en definitiva esto va a llevar un tiempo, lo importante es que va a llevar una cantidad de años para poder implementarla, va a pasar lo mismo que pasó con las 45 horas en algún momento", consignó el directivo.
A su vez, comentó que "en el caso del gran empresariado no hay mayor inconveniente, el problema está en los pequeños comerciantes. Yo creo que ahí es donde hay que ponerse serios, porque no todos tienen la posibilidad de empezar a bajar horas, porque eso significa automáticamente en muchos casos simplemente no seguir trabajando en horarios y tener que abrir más temprano o cerrar más tarde. En este caso, sí puede haber una excepción respecto a la gente que tiene un pequeño negocio".
Para los beneficiados con estas modificaciones, si bien aparece como una opción trascendental para el futuro laboral de miles de empleados, la puesta en marcha sigue siendo lenta. Así lo argumentó Catalina Gallardo, quien se desempeña en la empresa privada.
"Nos parece que es una buena señal, pero sí con mucha demora. Entendemos que estas cosas son así, pero hubieses sido mejor que los plazos fueran menores. Aun así se agradece que se pueda trabajar menos y que esto no afecte a los sueldos y el peligro de ser despedidos de los trabajos o algo así. Es un buen camino pero como decía es medio lento", arguyó.
Púbicos
Es en este ámbito que hay grupos excluidos de la medida: los trabajadores públicos. Si bien el tema ya se había conversado dentro del protocolo de acuerdo del 2023, cuando se estableció formar una mesa de trabajo para comenzar a planificar cómo se podría implementar la reducción para este grupo, los plazos ya se fijaron. Se iniciará con un proyecto de ley que aborde a la administración central, puesto que ya tiene una jornada ordinaria que es más factible de iniciar el ajuste en el horario laboral.
Rodrigo Mora, titular de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch) de Castro, adjuntó que "nosotros como funcionarios públicos y funcionarios municipales en Chile, vamos a pelear por las 40 horas pero bien hechas, no como la está haciendo el Ejecutivo, el Legislativo en estos momentos para el sector particular. Tenemos que corregir varios puntos que encontramos que no corresponden a las 40 horas, que se están pidiendo de aquí al 2028".
Subrayó el representativo que "a nivel nacional nuestros dirigentes ya están trabajando la materia para poder resolver este punto que nos compete también como empleados del país, en poder llegar a buen acuerdo con el Legislativo, que saque unas buenas leyes para nosotros como funcionarios municipales y podamos también cumplir la comunidad como corresponde bajando las horas".
Desde este ámbito, el diputado por el distrito 26, Héctor Ulloa (indep. pro PPD), valoró el histórico avance en derechos laborales. Sin embargo, confirmó que están atentos a denuncias de trabajadores sobre eventuales vulneraciones en su implementación.
"Valoramos este día histórico donde se empieza a aplicar la Ley de 40 Horas en forma gradual, en forma progresiva. Esto fue fruto de un acuerdo político transversal que tiene que ser el precedente para obtener nuevas reformas que nos permitan avanzar como país. No olvidar que todavía tenemos letras chicas en algunas cosas, que la Dirección del Trabajo tiene que emitir dictámenes con forma urgente respecto de la jornada de colación, por ejemplo, y respecto de la aplicación del artículo 22, es decir, para todas aquellas personas que no van a estar sujetos a una jornada de trabajo", concluyó.