El ministro del Interior defiende a Isabel Allende pese a dichos de Crispi
En filtración de escuchas con su madre, exjefe de asesores aseguró que exsenadora insistía por venta de casa de su padre.
Leo Riquelme
Entre las críticas de la oposición y del oficialismo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió ayer la actuación de la exsenadora PS Isabel Allende en el frustrado intento de compraventa por parte del Estado de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Esto luego que el sábado se filtrara una "escucha" telefónica del exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, en que le aseguró a su madre que la destituida parlamentaria era insistente en la operación, que en marzo el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional.
Elizalde dijo en CHV que la conversación del frenteamplista con su madre, la socióloga PS Claudia Serrano, se debe entender en un "contexto" de "cotidianidad, donde a veces se hacen hipérboles para poner énfasis en determinadas materias, pero lo cierto, lo que yo puedo señalar, es que creo que la senadora Allende actuó de buena fe".
Al renunciar Allende insistió en esto último y criticó que nadie de La Moneda le advirtiera alguna ilegalidad. El sábado, tras la filtración del diálogo, acusó que lo dicho por Crispi era "falso" y una "falta de respeto a su familia". Ayer la presidenta del PS y candidata presidencial Paulina Vodanovic evitó comentarlo. "Vamos a respetar la institucionalidad", dijo.
Su contendora PPD, Carolina Tohá, expresó su inquietud porque se efectuara una "escucha" en enero, cuando la indagatoria contra Crispi provenía de 2023. Pese a esto, añadió que "el contenido de esa conversación ciertamente preocupa y sorprende".
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, evitó confirmar si el "pinchazo" filtrado era parte de la investigación que encabeza el fiscal Patricio Cooper por el caso ProCultura, que involucra a Crispi en los convenios con ONGs. Pese a esto, recordó que en la indagatoria por la compraventa de la casa de calle Guardia Vieja la exsenadora Allende tiene el carácter de imputada desde que se acogió a su derecho a guardar silencio.
En la derecha, desde la UDI afirmaron que la escucha era un "indicio" del interés" de la militante PS en la venta y exigieron al Presidente Gabriel Boric explicaciones.