Matías Gatica Lindsay - Medios Regionales

El Presidente Gabriel Boric recibió ayer las conclusiones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento", un grupo que trabajó durante dos años recogiendo las visiones de más de cinco mil personas y que entregó sus recomendaciones para llegar a ofrecer una solución al conflicto histórico con el pueblo mapuche.

Representantes de comunidades, autoridades, gremios productivos, víctimas de violencia en la Macrozona Sur, gobernadores, delegados presidenciales, entre otros, participaron de esta comisión que inició sus trabajos en junio de 2023, y que luego de dos prórrogas el 30 de abril concluyó su trabajo y ayer entregó sus 21 recomendaciones globales, cinco de ellas con apoyo unánime.

El presidente de la instancia, Alfredo Moreno, exministro del gobierno de Sebastián Piñera, llamó a impulsar una reforma profunda para resolver el conflicto.

Ahora se espera que exista una consulta indígena, que el Presidente determine los pasos a seguir y que se debatan en el Congreso alguna de las leyes propuestas. Parlamentarios de oposición propusieron que el texto completo sea plebiscitado para que en sus definiciones participe todo el país.

Sobre las recomendaciones, que incluyen reparaciones económicas a las víctimas y las comunidades afectadas por usurpaciones de tierras, Boric mencionó que "lo responsable es estudiar el trabajo de la comisión y sus recomendaciones, entender y valorar el esfuerzo que hay detrás de este acuerdo y la invitación abierta que nos hace a todos quienes conformamos Chile, porque la democracia y la paz son siempre el camino".

Detalles del informe

El informe consta de 21 propuestas, agrupadas en cinco ejes: justicia y reconocimiento, reparación a víctimas, restitución de tierras, desarrollo territorial, y garantías para la implementación de medidas.

En la primera se recomienda reformar la Constitución para que el Estado reconozca a los pueblos indígenas y la interculturalidad como principio de la diversidad cultural del país. La segunda pide reconocer las formas de organización mapuche para favorecer el diálogo con el Estado. También se recomendó "ampliar el concepto de comunidad indígena.

En el tercer punto se propone impulsar "planes y políticas de revitalización de la lengua mapuche, fortaleciendo iniciativas locales y comunitarias mediante convenios con universidades e instituciones públicas y privadas".

En el cuarto se propone reconocer la necesidad de participación de los pueblos indígenas a nivel nacional; en el quinto se pide crear un órgano que diseñe y coordine la política desde el Gobierno hacia los pueblos indígenas, y en el sexto se recomienda mejorar la efectividad de la consulta indígena.

Los puntos siete, ocho y nueve se propone una ley de reparación integral para todas las víctimas del conflicto desde 1997, independiente de su etnia. Con ello se busca identificar y establecer un marco de indemnizaciones, prestaciones y garantía a los afectados, junto con crear un órgano de reparación.

El décimo punto hace referencia a la base de acuerdo por las tierras, en el que se recomienda establecer un nuevo sistema que tenga una "Agencia de Reparación" y un sistema de financiamiento. En total este fondo tendrá un valor en torno a los US$4.000 millones para solicitantes con aplicabilidad y solicitudes presentadas a la fecha de las recomendaciones; comunidades ya constituidas a la fecha de entrega de las recomendaciones, y para las constituidas antes de las recomendaciones y que no cuentan con titulación histórica. Menciona que serían unas 400 mil hectáreas.

En los puntos 11 y 12 se indica que la Conadi seguirá cumpliendo sus funciones mientras no se cree el nuevo sistema de reparación, incluida la agencia.

El punto 13 propone crear una unidad especializada de acompañamiento jurídico a las comunidades; en el 14 se plantea un nuevo marco de entendimiento, reparación y cooperación entre las comunidades mapuche y la industria forestal, y en el 15 dice que comunidades indígenas podrán optar por otras modalidades de reparación diferentes a las del convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Los siguientes puntos hacen referencia a los criterios de antigüedad para la reparación; las competencias del "Tribunal Arbitral"; el desarrollo territorial y económico de las regiones; el acompañamiento al nuevo sistema de reparación; el acceso a financiamiento, y la implementación de las recomendaciones.

Opiniones políticas

Tras la entrega, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, comentó que en principio "no podemos apoyar" el acuerdo. Afirmó que este "no implica un cierre definitivo del conflicto" y añadió que "no creo que en el Congreso seamos capaces de llegar a un acuerdo en los próximos meses".

Por el contrario, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), opinó que el informe es "una bisagra que nos abre una puerta de esperanza".

Ante las diferencias en el sector, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, catalogó que son "legítimas" y que hay que leer todo el informe.

Dirigentes mapuches criticaron el trabajo, acusando que no fueron considerados y que no aborda el tema de fondo. Desde la cárcel, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, escribió en la edición chilena de Le Monde Diplomatique que "mientras exista militarización y presos políticos mapuche no es posible siquiera iniciar diálogos que conduzcan acuerdos".

Sus dichos fueron criticados transversalmente. "No se acepta a quien proteja la violencia", lanzó Ossandón.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, emplazó a la oposición a informarse antes de criticar las propuestas.