Pedro Bárcena González

Al incorporarse información probatoria calificada como contradictoria, un comerciante fue absuelto de responsabilidad en el supuesto intento de asesinato contra quien era su pareja. Un ataque que se registró al interior del inmueble que compartían en Dalcahue y por el cual arriesgaba una pena de 10 años de cárcel.

El Día del Trabajador en 2024 se produjo el incidente que marcó la detención del sujeto de iniciales J. S. M. C. (39). Desde entonces se encuentra privado de libertad por este caso, que tuvo en el informe de Carabineros una de las principales pruebas, al concretarse la aprehensión en flagrancia.

Como enfatizó el jefe de la Tenencia de Dalcahue, el suboficial Luis Calderón, ante el denuncio al nivel de emergencia en el que se informaba que "un hombre agredía a una mujer en un acto de violencia intrafamiliar (VIF), personal de la unidad concurrió hasta el inmueble y detuvo al agresor, derivando a la víctima hasta el Cesfam de Dalcahue".

En las pericias posteriores se habrían suscitado las falencias que impidieron acreditar la existencia de la figura del femicidio tentado, por el cual acusó el Ministerio Público al encartado durante el juicio ante el Tribunal Oral en lo Penal de Castro.

Así lo señaló el defensor Nelson Troncoso, quien explicó que durante la audiencia la testigo que realizó la atención de urgencia de la mujer, "incorporó información nueva que no se había visto en la etapa investigativa de la causa, con el objeto de sustentar el supuesto hecho que mi representado ahorcó a la víctima", aclaró.

Junto con remarcar que solamente constaba en los antecedentes médicos que la afectada de 35 años sufrió contusiones y un corte en una mano, lesiones calificadas como menos graves, el abogado añadió que ni siquiera en la declaración que prestó la médica ante la policía "se dio cuenta de un supuesto estrangulamiento, como lo declaró ahora en el juicio oral", acotó.

Derecho

Bajo este contexto, el profesional argumentó que "esta prueba nueva atenta contra el derecho de defensa, puesto que no pudimos replicar la información al no entregarse durante la etapa indagatoria, donde solo se dio cuenta que la víctima sufrió una serie de lesiones no especificadas como para establecer la intención homicida".

Asimismo, esta posición de cargo no fue complementada con otras evidencias, puesto que la joven no acudió al Servicio Médico Legal (SML) para el análisis de sus lesiones, como tampoco prestó declaración ante la sala del tribunal. Se informó que estaría retractada por temor al acusado y supuestas represalias en lo que constituye una espiral de violencia en la relación. Es más, el sujeto tiene una condena por VIF del 2023 con la misma víctima.

Lo que sí acreditaron los sentenciadores fueron los delitos de amenazas en contexto de VIF y a carabineros de servicio, consumados por este sujeto, tanto al interior del domicilio como en los calabozos de la unidad policial, respectivamente.

Bajo este escenario, el fiscal Andreas Kusch invocó penas de 541 días y 3 años de reclusión por ambos ilícitos, con la agravante de cometer los delitos mientras el encartado cumple una condena.

Por su parte, el defensor Troncoso solicitó dos sanciones de 61 días de presidio, "las que se den por cumplidas por el tiempo que lleva el imputado en prisión preventiva (12 meses y medio), o bien con reclusión parcial".

Además, pidió la concurrencia de la atenuante de la colaboración sustancial. El 24 de mayo se entrega el fallo.

Pedro Bárcena González

A una pena de crimen fue sentenciado en las últimas horas un sujeto por su responsabilidad en los ataques sexuales contra una menor de apenas 10 años, hija de quien era su conviviente en Quellón.

En libertad enfrentó el juicio el acusado de iniciales R. A. F. A. (41) ante el Tribunal Oral en lo Penal de Castro. La sala presidida por el magistrado Patricio Carrasco acreditó su autoría en los delitos de violación y abuso infantil, dictando las penas de 5 años y un día de cárcel por el primer ilícito, como también 541 días por el segundo tipo penal.

Tal como expuso el fiscal (s) Felipe Rodríguez, quien sustanció la audiencia, los hechos se produjeron entre los años 2021 y 2022, al interior del inmueble que compartían los involucrados, en los momentos en que el encartado se encontraba al cuidado de la menor.

Con la develación de la escolar comenzaron las diligencias, enfocadas en el trabajo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Ancud. Las pesquisas policiales que contemplaron declaraciones y análisis del sitio del suceso, se complementaron con peritajes médico-forenses, además de informes de veracidad del relato como del daño sufrido por la víctima.

Convicción

Todo el abanico probatorio, como explicó el persecutor, permitió crear convicción en la sala que desvirtuó la presunción de inocencia del acusado.

"El tribunal valoró la prueba rendida por el Ministerio Público en el juicio dando por establecidos los ilícitos", sostuvo el abogado, añadiendo que por la entidad de las penas impuestas, el nacido en Puente Alto (Región Metropolitana) "deberá cumplir íntegra y efectivamente el fallo".

Igualmente, el jurista remarcó que los sentenciadores dictaron como sanciones accesorias la "inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios ejercidos en el ámbito educacional o que involucren una relación habitual con menores de edad, además se incluirá su huella genética en el registro de condenados".

Por su parte, la defensora Sabina Mansilla reportó que "estamos analizando la posibilidad de recurrir de nulidad" ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Para ello, se encuentra estudiando en detalle el dictamen en busca de los antecedentes que sustenten el requerimiento. Recalcó que solicitó la absolución en el juicio oral, en base a la supuesta insuficiencia probatoria para asociar responsabilidad a su representado en los ataques sexuales.

Hasta el viernes de la próxima semana tienen plazo los intervinientes para acudir al tribunal de alzada, en lo que puede marcar un nuevo episodio procesal en una causa que tiene al hoy condenado en libertad, cumpliendo con las cautelares de prohibición de acercarse a la afectada y arraigo nacional.