Pedro Bárcena González

Las pericias desarrolladas por un cuantioso atraco a una vivienda en la villa Aytué de Quellón permitieron la detención de un sujeto sindicado como uno de los autores del delito, como también de un adolescente que mantenía en su poder parte del botín y municiones sin percutar. Ambos quedaron en prisión preventiva, mientras se intensifican las diligencias para dar con otro implicado en el robo.

Con la denuncia de la víctima, quien sufrió la sustracción de joyas, ropa, dos maletas, una tablet, un televisor y otras especies avaluadas en más de un $1 millón en total, iniciaron las pesquisas de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Sexta Comisaría de Carabineros local. Clave en este trabajo fue el análisis de cámaras de seguridad de domicilios cercanos al violentado vía escalamiento por los delincuentes.

En las imágenes se detectó el despliegue de dos desconocidos que huyeron con las pertenencias de la afectada. Además, se entrevistó a un testigo que observó este accionar. Todas estas pistas permitieron identificar a los sospechosos y solicitar una orden de detención para ambos.

8 días después del atraco se logró concretar en calle Ladrillero la aprehensión del imputado de iniciales S. E. N. J. (21), quien fue puesto a disposición del Juzgado Mixto de Quellón.

En la audiencia, el fiscal (s) Felipe Rodríguez formalizó al encartado por robo en lugar habitado, invocando la cautelar más gravosa en su contra.

Peligro

Como expuso el persecutor en la sesión se sustenta la precautoria, "por considerar que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima", añadiendo que el nacido en La Unión (Región de Los Ríos) tiene "diversas condenas por delitos contra la propiedad, además un proceso pendiente en el tribunal por receptación".

La defensora Sabina Mansilla se opuso a esta medida, expresando en la audiencia que, ante una declaración realizada por el coimputado, su representado "tendría otra participación, como puede ser cómplice", lo cual implica "una cuantía punitiva menor con lo que podría cumplir una sanción en el medio libre". Igual indicó que faltan diligencias para acreditar la intervención del joven en este atraco.

Pese a estas alegaciones, la magistrada (s) Claudia Villa decretó la prisión preventiva y un plazo de 60 días para la indagatoria, que continuó con diligencias de la SIP en busca del segundo autor del ilícito, que se trataría de un joven de nacionalidad peruana con su situación migratoria irregular.

En el marco de este despliegue, los policías concretaron en las últimas horas el allanamiento a una casa en la misma villa Aytué.

Así lo describió el capitán Sebastián Undurraga, subjefe de la Sexta Comisaría de Quellón, explicando que "se gestó una orden de entrada, registro e incautación a un domicilio a fin de detener al autor de un robo cometido días anteriores. Sin embargo, el sujeto no fue encontrado en el lugar, pero en la revisión se corroboró la presencia de municiones de guerra y calibre 12 milímetros, como también especies proveniente de dicho robo".

Ante el peso de la evidencia, como sostuvo el oficial, "se detuvo a una persona dentro del control que se efectuó a 4 adultos y una mujer".

Como M. E. R. H. (19) fue identificado el isleño cuya aprehensión fue declarada legal en control realizado ante el tribunal porteño, donde también fue formalizado por los delitos de receptación y tenencia ilegal de municiones.

En la audiencia el fiscal Fabián Fernández invocó la precautoria más intensiva contra el adolescente, argumentando que su libertad es un peligro para la sociedad y que existe riesgo de fuga, al exponerse a una pena efectiva de cárcel por contar con condenas anteriores, como una reciente por microtráfico.

Defensa

La medida fue cuestionada por el defensor Daniel Fuenzalida, consignando que el tipo penal vinculado a la Ley de Control de Armas no estaría configurado.

"El hecho de tener municiones sin permiso es una falta administrativa, salvo que se compruebe que con ellas se estaría poniendo en peligro la seguridad pública o colectiva. Eso debe sustentarse, por lo que hay que tener al menos un preinforme para saber si las municiones estaban habilitadas para el disparo, lo cual no existía en este caso", advirtió el profesional.

Junto con mencionar que a su representado "no lo encontraron con un arma de fuego, por lo que tampoco pudo haber percutido" los proyectiles, el jurista indicó que el joven tiene arraigo y solicitó como cautelar el arresto domiciliario.

En definitiva, la magistrada Villa dictó la prisión preventiva y un plazo de 60 días para la investigación formal por esta causa.

"En la revisión (de la casa) se corroboró la presencia de municiones de guerra y calibre .12, como especies provenientes de dicho robo".

Sebastián Undurraga,, subcomisario de Carabineros.

120 metros separan la casa violentada con el domicilio donde se hallaron las especies.