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Los Lagos es la cuarta región del país donde más subieron los campamentos

Hoy 3.589 familias residen en 75 asentamientos irregulares en Los Lagos, mientras que en Chiloé las cifras respectivas llegan a 160 y 6, según el último reporte de ONG Techo-Chile. La principal razón de las personas para vivir en estos espacios es la búsqueda de independencia.
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Carlos J. Véjar Davis

Un aumento en el número de campamentos y familias viviendo en condiciones precarias golpea a la Región de Los Lagos, situándola por encima del promedio nacional. El dato lo expone el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de Techo-Chile, que detalla que la región alberga hoy 75 asentamientos informales, un 17,1% más que en la medición anterior.

En términos comparativos, Los Lagos es la cuarta región con mayor incremento de campamentos a nivel nacional (17,1%), solo superada por Coquimbo (34,2%), Arica (23,5%) y Valparaíso (19,6%).

En ellos residen 3.589 familias, un incremento del 10,7% (353 familias más) respecto al período 2022-2023. Estas cifras, según Ivón Velásquez, directora regional de Techo-Chile en Los Lagos, reflejan "con fuerza las tensiones en el acceso a la vivienda en la región".

Diversos factores convergen para explicar este crecimiento. La profesional señala que uno de los motivos "más relevantes identificados es la necesidad de independencia, especialmente entre jóvenes y familias que viven en condiciones de hacinamiento". Esta urgencia se ve agravada por "el alto costo de los arriendos y los bajos ingresos, lo que limita gravemente el acceso a una vivienda formal a través del mercado".

Estos motivos son, de hecho, las principales razones mencionadas por las familias para asentarse en campamentos en la región. El lento avance en la entrega de soluciones definitivas también contribuye a esta realidad.

Mapa regional

La presencia de campamentos en Los Lagos no es uniforme, concentrándose principalmente en tres comunas: Osorno (22 campamentos con 1.573 familias), Puerto Montt (19 campamentos con 767 grupos familiares) y Calbuco (7 y 337 familias, respectivamente). Sin embargo, el fenómeno se extiende a un total de 16 comunas de la región (ver tabla, página 2).

En Chiloé se contabilizan seis asentamientos: uno en Ancud, dos en Quemchi, el mismo número en Castro y uno en Quellón. En conjunto totalizan 60 familias y una población total aproximada de 415 personas. En la ciudad del Pudeto aparece el campamento "Ricardo Lica-Díaz-Agua Potable" (15 grupos familiares y 39 individuos), mientras que los quemchinos son "Avenida Langdon" (14 y 36) y "Cruz Roja" (30 y 78).

Más al sur, en la capital provincial se cuentan "Los Álamos" (19 familias y 49 personas) y "Prat 2" (22 y 57), cerrando el quellonino "Yaldad", el más grande del Archipiélago, con 60 hogares y 156 pobladores.

Particularmente llamativa es la longevidad de algunos de estos asentamientos. En Los Lagos, 15 campamentos tienen más de 25 años de antigüedad. Estos asentamientos históricos se concentran principalmente en Puerto Montt y albergan a "más de mil personas que habitan en ellos", explica Velásquez.

La directora regional de Techo-Chile enfatiza que "son familias que por años no han sido atendidas y que en muchas ocasiones las soluciones no se ajustan a las necesidades que tienen".

Un rasgo distintivo de los campamentos en Los Lagos es la aparente solidez de sus construcciones, en contraste con la falta de servicios básicos esenciales.

Un 47,7% de los campamentos presenta viviendas predominantemente "semi-consolidadas" y un 27,1% cuenta con viviendas "consolidadas". A pesar de esta inversión en materialidad por parte de las familias, persiste un "acceso a servicios básicos persistentemente precario", según el informe de la organización sin fines de lucro.

Esta es una "situación material paradójica", describe el estudio, que complejiza la realidad de estos asentamientos.

ZONAS DE RIESGO

La ubicación irregular de los campamentos los expone a peligros latentes. En Los Lagos estos espacios habitados se ven afectados con frecuencia por eventos socionaturales, según detalla el informe. Un 64% ha sido afectado por temporales o lluvias fuertes, y un 29,3% por derrumbes o deslizamientos de tierra. A pesar de esta alta exposición, solo el 38,7% de los informantes clave percibe que el campamento se ubica en una zona de riesgo.

Fabián Nail, seremi de Vivienda y Urbanismo, reconoce esta realidad y afirma que "la percepción de riesgo por parte de las familias que habitan en campamentos es una señal de alerta que tomamos con mucha seriedad".

Agrega que "la ubicación de estos asentamientos en zonas expuestas a amenazas socionaturales, como lluvias intensas y derrumbes, requiere respuestas coordinadas y urgentes", e indica que están trabajando en un "nuevo enfoque para los campamentos que incluye no solo la provisión de viviendas, sino también la gestión del riesgo territorial".

Desde Techo-Chile, Ivón Velásquez subraya la necesidad de fortalecer dos líneas de acción principales: el conocimiento y la educación comunitaria sobre los riesgos y la coordinación entre el Estado y otros actores para "implementar medidas estructurales de mitigación, garantizar respuestas oportunas ante emergencias y asegurar que los planes de urbanización o erradicación consideren la seguridad como un eje central".

La planificación territorial es clave, añade, y menciona que mientras Puerto Montt comenzó a actualizar su plan regulador comunal en 2016, el de Osorno data de 1992 (en proceso de actualización), lo que representa una diferencia clave para orientar la expansión y planificar viviendas sociales.

Plan de Emergencia

Habitacional

El Plan de Emergencia Habitacional -estrategia desarrollada por el Minvu para abordar con sentido de urgencia el déficit habitacional que existe en Chile- contempla acciones concretas en Los Lagos, con proyectos de gestión habitacional (relocalización) en distintas etapas (cuatro calificados, cinco en ejecución, dos terminados) y proyectos del programa Construyendo Barrios (mejoramiento y urbanización) también en distintas fases (dos en estudios previos, uno en diseño, tres en obras).

Sin embargo, la escala de estas intervenciones -indica el informe de Techo-Chile- parece "modesta en comparación con las 3.589 familias que actualmente viven en 75 campamentos". Esto lleva al informe a concluir que "las estrategias actuales son reactivas e insuficientes para contener la marea de crecimiento de la informalidad".

La directora regional de la ONG coincide en que el "lento avance en el cierre de campamentos con soluciones definitivas" genera una acumulación de familias en la informalidad, y que la "política habitacional vigente no ha logrado adaptarse al ritmo ni a la diversidad de la demanda".

Adjunta un elemento particular de la región: "Muchas familias desarrollan formas de vida ligadas al entorno rural, manteniendo huertas, animales o emprendimientos familiares, actividades que no siempre se consideran en los proyectos habitacionales actuales, lo que dificulta la transición desde un campamento a una vivienda definitiva si esta no contempla espacio suficiente o condiciones adecuadas".

Esto ilustra, según Velásquez, cómo muchas veces las soluciones ofrecidas no se ajustan a las realidades locales, ya sea en términos culturales, familiares o de sustento económico.

La ingeniera civil industrial cree que es "urgente abrir espacios de diálogo y reflexión que permitan comprender estos procesos en profundidad y proyectar respuestas adecuadas", y aboga por buscar propuestas colectivas que permitan avanzar hacia soluciones habitacionales dignas y sostenibles.

Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo valora que organizaciones como Techo-Chile "propongan lineamientos que coinciden con nuestras propias líneas de trabajo, tales como una nueva política nacional de campamentos y la necesidad de transformar el actual enfoque del Programa de Asentamientos Precarios, para hacerlo más integral y efectivo.

2 campamentos tienen Castro y Quemchi, mientras que Ancud y Quellón 1, cada uno.

ENTREVISTA. maisa rojas corradi, Ministra del Medio Ambiente

"Creemos en un desarrollo económico sostenible, respetuoso con la naturaleza y con la economía local"

La secretaria de Estado abordó los principales desafíos ambientales del sur de Chile, una zona donde la presión urbana sobre los humedales, la contaminación del aire y el deterioro de cuerpos de agua son temas clave para una ciudadanía comprometida con la protección del entorno.
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Bardhy Lopez F.

Desde que asumió como ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas Corradi -nacida en Temuco- ha marcado un rumbo claro: enfrentar la crisis climática con acciones concretas, descentralizadas y con participación ciudadana.

Climatóloga, experta en cambio climático, licenciada en Física de la Universidad de Chile y Doctorada en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford, con un Postdoctorado en la Universidad de Columbia, aborda en esta entrevista los principales desafíos ambientales del sur de Chileuna zona donde la presión urbana, la contaminación del aire y el deterioro de cuerpos de agua conviven con una ciudadanía altamente comprometida con la protección de su entorno.

Aquí entrega detalles sobre las medidas que está impulsando el Gobierno para resguardar humedales urbanos en ciudades como Valdivia, Puerto Montt y Temuco; revertir el proceso de eutrofización en lagos como el Villarrica y el Llanquihue; y avanzar en la descontaminación atmosférica en zonas críticas como Osorno y Padre Las Casas.

Pero además, destaca los esfuerzos en educación ambiental, participación comunitaria y nuevas herramientas económicas para asegurar un desarrollo sostenible que -como enfatiza- "sea respetuoso con la naturaleza y con la economía local".

- Los humedales cumplen un rol clave en la conservación de la biodiversidad y la regulación hídrica. ¿Qué acciones está impulsando el Ministerio para asegurar su protección en ciudades como Valdivia, Puerto Montt o Temuco, donde hay una fuerte presión urbana?

Los humedales son ecosistemas acuáticos clave para enfrentar el cambio climático y la crisis de biodiversidad que afecta a nuestro país y el planeta, y como Gobierno estamos trabajando decididamente para asegurar su protección. A la fecha hemos declarado 131 humedales urbanos a nivel nacional desde que se creó la ley, 12 de ellos se ubican en La Araucanía, 6 en Los Ríos y 26 en Los Lagos.

Necesitamos ciudades que puedan adaptarse mejor al cambio climático y los humedales urbanos son un ejemplo excelente de cómo podemos, con la ayuda de la naturaleza, estar mejor preparados para los eventos climáticos extremos, como inundaciones en el invierno y olas de calor e incendios en el verano. Por eso como Ministerio estamos comprometidos con su preservación.

- ¿Cómo se está coordinando con los gobiernos regionales y municipios para aplicar la Ley de Humedales Urbanos en estas regiones?

Los humedales urbanos son ecosistemas muy valorados por las comunidades locales, por lo que el trabajo coordinado entre el Ministerio del Medio Ambiente y los gobernaciones regionales y municipios son clave para su protección. Cabe destacar que la Ley de Humedales Urbanos faculta que los municipios soliciten al Ministerio del Medio Ambiente la declaración de humedales urbanos ubicados total o parcialmente dentro del territorio comunal, a modo de asegurar su conservación y sustentabilidad.

Por estar conectados a las zonas urbanas, la ciudadanía genera una relación especial con los humedales, lo que motiva su profunda participación, ya sea promoviendo el inicio de procesos de reconocimiento de humedales urbanos, o bien, entregando antecedentes durante el transcurso de estos. De acuerdo a la ley, los municipios son los que acogen estas propuestas ciudadanas y luego realizan la presentación formal a las seremis de cada región para iniciar los procesos declaratorios.

- En zonas como el lago Villarrica, el Llanquihue o el Panguipulli se ha evidenciado un deterioro creciente de la calidad del agua. ¿Qué diagnóstico tiene el Ministerio sobre estas situaciones y qué medidas concretas se están aplicando para enfrentar la eutrofización y la descarga de aguas residuales?

-El Ministerio del Medio Ambiente ha impulsado importantes acciones para asegurar la conservación de los ecosistemas acuáticos del sur de Chile. Cabe recordar que las cuencas de los lagos Villarrica y Llanquihue tienen sus respectivas Normas Secundarias de Calidad Ambiental, las que se encuentran vigentes y en implementación. Y desde enero se sumó el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, en la Región de La Araucanía, aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático que es presidido por el Ministerio del Medio Ambiente.

Esta última marca un hito en la historia medioambiental porque es el primer Plan de Descontaminación de un ecosistema acuático y tiene como objetivo recuperar los niveles de calidad del agua establecidos en las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, publicadas en 2013. Para conseguirlo este plan contiene una batería relevante de medidas para sector privado y el sector público para disminuir la llegada de nutrientes en exceso al lago.

Actualmente, como Ministerio estamos trabajando en la elaboración de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la protección de las aguas de los lagos Nor-Patagónicos del sur de Chile. Estos lagos se ubican en la zona andina y preandina de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos y con esta norma se busca preservar su importante rol como reservorios de agua dulce y hábitat de múltiples especies.

- Temuco y Padre Las Casas, así como Osorno, han liderado por años los rankings de ciudades con peor calidad del aire del país. ¿Cuáles son los resultados concretos de los Planes de Descontaminación Atmosférica y qué ajustes se están evaluando para hacerlo más efectivos?

Avanzar en la descontaminación de las ciudades del país, especialmente las del centro sur de Chile, es una prioridad para nuestro gobierno porque sabemos que hacerlo protege la salud de las personas y mejora su calidad de vida. Desde el Ministerio del Medio Ambiente aplicamos planes de descontaminación o prevención que establecen medidas estructurales y acciones específicas durante episodios críticos.

Estos planes incluyen, por ejemplo, el programa de recambio de calefactores, una política de Estado que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, porque permite reemplazar una estufa de leña por un calefactor que utilice un combustible más limpio, como son los pellets o la electricidad. Adicionalmente, las familias pueden también postular al programa de mejoramiento de la aislación térmica de las viviendas existentes, que les permitirá disminuir el uso de combustibles para calefacción, y por tanto disminuir emisiones, y mejorar sustancialmente el confort dentro de la vivienda.

En el caso de Osorno, por ejemplo, contamos con un plan desde 2016. Si comparamos ese año con el 2024 vemos una disminución relevante de episodios críticos. El 2016 hubo 34 emergencias, lo que bajó a 10 el año pasado. Asimismo, se han aplicado más de 6.000 subsidios de acondicionamiento térmico de viviendas y número similar de recambio de calefactores. Ahora nos encontramos en el proceso de revisión del plan y avanzando en uno para la macrozona centro norte de la Región de Los Lagos.

A su vez, en Temuco y Padre Las Casas la ejecución del plan ha generado mejores condiciones de calidad del aire. La cantidad de episodios muestra una tendencia a la baja en los últimos años, en especial la categoría emergencia, siendo el 2024 el año con el menor número de episodios totales, y menor cantidad de emergencias. El promedio de episodios en el periodo 2015 al 2023 alcanza los 78 días, frente a los 43 episodios del 2024, lo que equivale a una reducción del 45%. Durante este año entró en vigencia la actualización del plan, el que aumenta los subsidios de aislación térmica y para el recambio de calefactores, entre otras medidas.

- ¿Qué esfuerzos se están haciendo para fortalecer la educación ambiental y la participación comunitaria en la protección de ecosistemas?

-El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con una División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana que tiene por objetivo promover en la población de nuestro país la generación de hábitos y conductas sustentables que mejoren la calidad de vida quienes habitamos este territorio, fomentando la participación de la ciudadanía en el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo del medio ambiente.

Para impulsar la educación ambiental como eje articulador de la gestión administrativa y curricular de los establecimientos educacionales cuenta con el Sistema de Certificación SNCAE; actualmente en estas regiones suman 665 establecimientos certificados, de los cuales 420 se encuentran certificados en Nivel de Excelencia.

Así también, para incentivar la participación ciudadana en la solución de los problemas ambientales y en la búsqueda de la sustentabilidad, el Ministerio cuenta con un fondo concursable, el Fondo de Protección Ambiental (FPA) que cada año entrega recursos a iniciativas ciudadanas que desarrollen soluciones sustentables. En total se han desarrollado 77 proyectos FPA (contemplando las tres regiones), de los cuales, 23 están vinculados a temáticas de conservación de biodiversidad, significando un monto de inversión entregada de 284 millones de pesos.

- Usted ha afirmado que el cuidado del medioambiente no implica detener el desarrollo económico. ¿Cómo se está promoviendo un desarrollo sostenible en las regiones del sur que equilibre crecimiento económico y conservación ambiental?

Creemos en un desarrollo económico sostenible, respetuoso con la naturaleza y con la economía local. En este contexto, quiero destacar algunas iniciativas que estamos desarrollando en el sur de nuestro país, como el proyecto GEF "Instrumentos Económicos y Herramientas para la Conservación de la Biodiversidad», una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente, implementada con la colaboración del PNUD y financiada por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) que tiene como objetivo mejorar el financiamiento nacional para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a través del diseño, la implementación y optimización de instrumentos económicos que fortalezcan las finanzas públicas e incentiven la contribución económica del sector privado al mantenimiento del capital natural del país.

El proyecto -que inició el 2024- tiene un financiamiento de 2,3 millones de dólares para un periodo de ejecución de cinco años, además de un cofinanciamiento de 9,2 millones de dólares de diversas instituciones y organizaciones.

Para asegurar que estos instrumentos sean viables y se adapten a distintas realidades, el proyecto está desarrollando seis experiencias demostrativas (4 de ellas en el sur del país), estableciendo acuerdos con comunidades y organizaciones locales para probar y adaptar los mecanismos que se están diseñando en el marco de la implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Los proyectos están ubicados en la región de Los Ríos, específicamente, en la localidad de Mashue, comuna de La Unión, donde se refuerza un sistema comunitario que destina parte de la tarifa del agua potable a la restauración de bosques y suelos, consolidando un modelo replicable de financiamiento local para la conservación. En Liquiñe, comuna de Panguipulli, se promueve la conservación de fuentes de agua para consumo humano mediante acuerdos con la comunidad, explorando un modelo de retribución vinculado al turismo de naturaleza.

También se están desarrollando experiencias en la región de Los Lagos, específicamente, en Chepu en la Isla de Chiloé, donde se trabaja con pescadores artesanales para aplicar modelos de retribución por servicios ecosistémicos y certificaciones de buenas prácticas de pesca que fomenten la conservación marina y el turismo de naturaleza. Además de un proyecto en Caleta Huellelhue, parte del ACMU Laken Mapu Lahual, donde se impulsa la protección de un banco natural de choro zapato, una especie clave para la cultura y economía local, a través de certificaciones y esquemas de retribución que vinculan su uso sostenible con la conservación de su hábitat en el estuario del río Huellelhue.

- La necesidad de modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental parece a esta altura una urgencia, ¿qué cambios se están considerando para mejorar su eficiencia y asegurar una evaluación rigurosa de los proyectos?

Como Gobierno ingresamos un proyecto de ley que tiene como objetivo hacer más eficiente la evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Es importante recordar que fue aprobado en general por el Senado con un apoyo transversal y existe consenso en la importancia de que siga avanzando.

En términos generales, destaco que este proyecto equilibra el desarrollo sostenible con el cuidado del medioambiente mejorando, entre otros aspectos, el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entregando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la rectoría técnica de precisar las observaciones hechas a los proyectos por los distintos servicios con competencia ambiental. Para ser más precisa, los criterios que guían esta rectoría técnica son estos tres siguientes: que las observaciones sean fundadas, que sean pertinentes al proyecto y que se encuentren en el ámbito de competencia del servicio que las formuló.

También puedo mencionar el procedimiento de urgencia y la eliminación del Comité de Ministros para resolver las reclamaciones, que apuntan a disminuir los tiempos de tramitación, dentro de otros aspectos que perfeccionan el sistema. Con esta reforma queremos hacer más eficiente la evaluación, enfocándola en el cumplimiento de la normativa ambiental y la evaluación de medidas de mitigación o compensación ante impactos significativos.Este conjunto de medidas busca perfeccionar la evaluación ambiental de forma integral, sin poner en riesgos los estándares que protegen a nuestro medioambiente. l