l Pedro Bárcena González

No parecen pocos, son pocos. A pesar que salieron a la calle y levantaron carteles dando cuenta de sus demandas dos fiscales en Castro, ellos constituyen el 66 por ciento del total de persecutores que cubre siete comunas en Chiloé. Esa es la realidad. Son escasos, se encuentran atribulados con casi dos mil causas al año. Y, más encima, les exigen calidad y cumplimento.

Al igual que estos persecutores que paralizaron simbólicamente sus funciones por 15 minutos, en el resto del país se observaron ayer otras manifestaciones por el eterno retraso en la aprobación de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público. Más específicamente, se convocó a esta movilización por la negativa a intervenir en la Comisión Constitución del Senado, donde se analiza el marco legal, del presidente subrogante de la Asociación Nacional de Fiscales, Marcelo Leiva.

Una serie de barreras ha encontrado la iniciativa que duerme en el Congreso, impidiendo la modernización del sistema. Por ello, los fiscales alzaron la voz. Como indicó Enrique Canales, jefe del organismo público en Castro y vocero en Chiloé de la agrupación convocante a la movilización, "nuestra reivindicación es legítima", añadiendo que la dificultad operativa que tienen es archiconocida, por lo cual no se explica toda la tardanza en la implementación de la ley.

diagnóstico

Es más, el profesional recalcó que la normativa se basa "en un diagnóstico realizado hace ocho años sobre los problemas estructurales que tenemos y dice relación fundamentalmente con la mayor cantidad de fiscales y funcionarios que se necesitan para realizar investigaciones penales de calidad que alcancen buenos resultados y satisfagan las expectativas de la comunidad".

En todo este tiempo, el persecutor enfatizó que "no han existido avances". Agregó que "ha habido oídos sordos de todas las autoridades que tienen que ver en la materia". Redundó en la exigencia de altos estándares de cumplimiento, "pero no hemos tenido el apoyo legislativo para cumplir esas exigencias", acotó. No obstante, señaló que igual "hemos trabajado con mucha fuerza", aunque reconoció que "estamos en una situación límite".

Los constantes vaivenes sobre la urgencia del proyecto mantienen preocupados a los fiscales.

"Hasta ahora se nos comprometió que la legislación iba estar despachada antes del 21 de mayo, pero la semana pasada de manera inexplicable y sorpresiva se nos informó que este plazo se extendió hasta agosto, sin tener mayor noticia sobre la seriedad de esa afirmación porque fue hecha por un ministro sectorial (de Justicia, José Antonio Gómez) que no tiene las facultades para movilizar la agenda legislativa del Gobierno", explicó Canales.

Actualmente, la carga laboral de los titulares investigativos en la provincia sobrepasa con creces lo estimado en su origen por el sistema.

PROYECCIÓN

De acuerdo a lo detallado por el fiscal jefe de Castro, la legislación que los sustenta en la actualidad "data del 2000 y comenzó a tramitarse el '98 y fue realizada con una base de datos obtenidos a mitad de los '90, con eso se proyectó el volumen de trabajo y la necesidad de personal. Este diseño dio cuenta que cada fiscal debía tener como máximo anual mil causas, pero ese promedio nacional se ha extendido sobre las 2 mil".

En Castro el peak de causas por persecutor se registró hace dos años con más de 2 mil 200. Ahora, la cifra se sitúa entre las 1.800 y 1.900.

No obstante, la situación es más compleja en las reparticiones unifiscales de Quellón y Ancud. Incluso, en el norte de la Isla los ingresos han llegado a superar los 3 mil casos. J

l De acuerdo a los análisis realizados, como resaltó el fiscal Enrique Canales, se debería doblar el número de personal para cubrir todos los requerimientos. Sin embargo, indicó que esta pretensión no se cumpliría ante la escasez de recursos que existen. Por ello, aclaró, "por lo menos habría que igualar la cantidad de fiscales con los defensores que operan en la provincia, donde existen cinco fiscales titulares y siete defensores, en circunstancia que la defensa tiene un trabajo que solo ve lo judicializado. Toda la investigación previa la realizan los fiscales".