El presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, informó ayer la realización de una auditoría al padrón de esa colectividad luego de que se conocieran presuntos vínculos entre el narcotráfico y algunos militantes en la comuna de San Ramón.

El hecho aumentó la tensión en el partido tras su elección interna y distintos sectores piden repetir el proceso, lo que Elizalde descartó.

El reelecto presidente del PS anunció que este trabajo se realizará junto al Servicio Electoral a nivel nacional para "no estigmatizar" a los votantes socialistas de la comuna de San Ramón, donde se denunciaron las eventuales conexiones.

Un reportaje de T13 reveló que exmilitantes del Partido Socialista (PS) expulsados de la tienda por graves acusaciones e irregularidades en el municipio capitalino tuvieron participación el día de los comicios en la comuna; además que en el padrón del partido figuran personas inscritas en una casa ligada a un narcotraficante.

San Ramón es la comuna que concentra la mayor proporción de militantes socialistas de la Región Metropolitana (19%) y con 4.000 mil registros es la que tiene la mayor cantidad a nivel nacional.

"Hay que despejar toda duda de quienes se han fichado en el partido", explicó Elizalde. "Me generó indignación ver imágenes de una persona que fue expulsada del Partido Socialista en las cercanías de un local de votación. No corresponde que una persona que no es militante tenga algún grado de participación en este proceso", comentó.

Deborah Moreno Gálvez - Medios Regionales

Aplicando un modelo argentino se pretende monitorear con tobilleras electrónicas a las personas que hayan ejercido violencia intrafamiliar. Así lo indicó ayer la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. "La semana pasada fue un equipo de (los ministerios) Sernameg, la Segpres y Justicia a Buenos Aires y Mendoza a mirar cómo está funcionando el centro de monitoreo de medidas cautelares, que son para extrema violencia", contó la titular de la cartera a radio Universo.

La autoridad aseguró que se espera ejecutar pronto un plan piloto en alguna región del país. Agregó que está evaluando si tanto la víctima como el agresor deben tener un dispositivo.

Desde el ministerio indicaron que la idea está aún en estudio, ya que además de Argentina, pretenden basarse en modelos de Estados Unidos, Noruega, México, Australia, entre otros países. "Una vez que tengamos el tema técnico resuelto, el Gobierno le pondrá urgencia al proyecto de Ley", dijeron y no descartaron viajar a conocer las experiencias.

Decreto o ley

Uno de los aspectos a resolver es si las tobilleras pueden ser implementadas vía decreto o a través de una ley. "También hay dudas desde el punto de vista jurídico, en el sentido de que estamos monitoreando a imputados. Entonces hay algunos especialistas que dicen que si aún no se comprueba el delito, una persona no puede ser objeto de seguimiento", aseguró Plá.

Desde el 2012 que se tramita en el Congreso el proyecto que busca modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar. La iniciativa fue propuesta por la entonces diputada Adriana Muñoz (PPD) y busca incorporar una medida en que el acusado de violencia que tenga una medida de alejamiento hacia la víctima sea monitoreado con un dispositivo eléctrico.

Voluntad política

La ahora senadora Muñoz expuso que es positivo poner el tema en la discusión, pero sobre el anuncio de la ministra agregó que "falta voluntad política":

"Desde Gendarmería han dicho claramente que no quieren hacerse cargo, porque son muchas causas y se debe hacer en una plataforma digital muy grande. El proyecto lleva 7 años en tramitación y aún no hay avances", comentó la parlamentaria.

Sugirió que la plataforma puede estar a cargo de Carabineros, ya que "la plataforma sí o sí debe estar conectada a los planes cuadrantes para que tenga sentido".

"Nosotros creemos que tenemos que avanzar con la ley -que está en segundo trámite- una vez que tengamos resuelto lo operacional y me parece muy importante que tengamos el monitoreo de la medida cautelar también cautelado en una ley de la República", evaluó Plá.

La diputada Gael Yeomans (Convergencia Social), de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Mujer de la Cámara, valoró lo anunciado por la secretaria de Estado, pero aseguró que la medida "se queda corta en la prevención, se deben realizar medidas que eviten los hechos de violencia".