Pedro Bárcena González

Tras 15 meses de pesquisas desjudicializadas, finalmente el Ministerio Público procedió a formalizar en los últimos días a un médico sindicado como el responsable de agredir sexualmente a siete pacientes en su anterior y actual consulta particular, ubicadas en Castro.

Como una bola de nieve, luego de la denuncia que reactivó el caso en abril del año pasado se sumaron otras víctimas que dieron cuenta de su experiencia al someterse a exámenes con el especialista.

El imputado fue encausado por tres delitos de abuso sexual y otros cuatro de ofensas al pudor, en perjuicio de mujeres cuyas edades fluctúan entre los 23 y 55 años. Los hechos se extenderían entre el 19 de junio del 2014 y el 10 de abril del 2018.

Según el fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, quien sustancia la indagatoria, las primeras causas se habían archivado al no recopilarse elementos de corroboración a los relatos de las afectadas. Sin embargo, al emerger la notificación clave de una castreña de 26 años no solamente se reabrieron los casos iniciales, sino que también aparecieron tres víctimas más.

Como especificó el persecutor, se realizó una nueva investigación para completar los nuevos antecedentes y complementar los anteriores. Y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Ancud logró esclarecer la dinámica de las supuestas vulneraciones.

"Las víctimas fueron a la consulta para que se les realizara un examen específico de radiología y eso derivó en otras acciones distintas que constituyen abuso sexual en tres casos y ofensas al pudor en los otros", explicó el abogado, apuntando a la interacción del médico con sus pacientes.

Clave para sustentar la postura del fiscal fue el informe forense realizado por la médico Valentina Sazo del Servicio Médico Legal (SML) de Puerto Montt. Sus conclusiones se sumaron al trabajo policial y fueron entregadas en la formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Castro.

"Los antecedentes del SML se enfocaron en determinar si las acciones de la persona investigada en su condición de médico estaban amparadas por la praxis médica, lo cual fue informado de forma negativa, explicando que todas esas acciones estaban fuera de los protocolos establecidos para la toma de los exámenes", aseveró Canales.

Asimismo, al no existir fuerza u otros de los elementos típicos de la comisión de estos hechos de connotación sexual, el jurista resaltó que la propia condición de especialista fue la que posibilitó estos delitos.

"Al ser víctimas adultas, los delitos deben cometerse con sometimiento de voluntad, por lo que el imputado se prevale del ejercicio de su profesión y la autoridad que esto le otorga en relación al paciente, que acepta determinadas acciones por las instrucciones que hace el médico", acotó la fuente, sumando que "de no existir el contexto clínico sería discutible la existencia de los delitos".

Bajo este contexto, el persecutor encausó la indagatoria y solicitó cautelares de menor gravosidad contra el encartado. La magistrada Jesica Yáñez decretó el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas y sus domicilios.

A su vez, por petición del defensor particular Pablo Lehnebach, la sentenciadora desechó la medida de firma semanal ante la autoridad, estableciendo un plazo de 120 días para desarrollar las diligencias de la causa.

Justamente, el abogado del radiólogo sostuvo que en ese tiempo invocarán pericias técnicas y de carácter científico para demostrar su posición, relativa a la inexistencia de los ilícitos.

"Estamos trabajando para desarrollar una teoría de investigación, propondremos diligencias porque tenemos la convicción que no nos encontramos con hechos constitutivos de delito por lo dispuesto en las normas respectivas, como también considerando la edad de las víctimas y un evidente consentimiento en los hechos que se acusan", expuso el profesional.

Actuar

Junto con manifestar que su cliente no quedó con prohibición de trabajar, el profesional añadió que no hay datos para configurar los tipos penales formalizados. Es más, enfocó todo a un tema de praxis médica.

"Hay exámenes precisos que requieren la concurrencia de desvestirse, incluso una víctima dijo que fue a realizarse el mismo examen a Puerto Montt y el médico también le dijo que debía sacarse la ropa. Es más, muchos de los supuestos abusos habrían ocurrido en presencia de familiares de la presuntas víctimas", detalló la fuente.

"Las víctimas estaban en una posición que les impedía oponer resistencia".

Enrique Canales,, fiscal de la causa"

43 años tiene el médico imputado por esta causa, quien es argentino.