La información proporcionada tanto por la víctima como los informes periciales y policiales realizados en este caso, permitieron acreditar la responsabilidad de un obrero en la violación de su propia hija, al interior de la casa que compartían en Castro.

En audiencia realizada ayer en el Tribunal Oral en lo Penal de la capital chilota, la sala presidida por la magistrada Loreto Yáñez condenó al sujeto de 31 años por este delito. Eso sí, especificó que se trató de un solo episodio de ultraje, registrado el 28 de noviembre del 2018, desestimando que estas agresiones se repetían de hace dos años.

Justamente, el fiscal Enrique Canales recalcó que su solicitud de reiteración fue desechada, pero valoró que la calificación jurídica que invocó fuese confirmada.

Pese a que la declaración de la menor, que tenía apenas 11 años al momento de este ataque sexual, no fue fluida, el persecutor igual destacó la información que proporcionó, puesto que se pudo complementar con el resto de la evidencia presentada en el juicio.

"Igual entregó antecedentes de la dinámica en que se produjo este hecho y nos apoyamos en el resto de la prueba, como el aporte del doctor Rodrigo Caro, quien pese a ser despedido del Servicio Médico Legal (SML) ha comparecido a entregar detalles de los informes que realizó y expuso un contundente peritaje sexológico realizado a la víctima", acotó el abogado.

Debido a esta resolución, el fiscal redujo su pretensión punitiva de 12 a 7 años de presidio, mientras que el defensor Rodrigo Caro invocó 2 años de reclusión, argumentando el concurso de la inimputabilidad disminuida de su representado.

"Presentamos informes propios y con los del SML que dan cuenta que este joven padece de una incapacidad mental y personalidad limítrofe", explicó.

Eso sí, el fiscal Canales se opuso a esta eximente incompleta. "Presentamos el peritaje de un equipo forense multidisciplinario del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz de Santiago, donde se estableció que todos los cuadros que esta persona presentaba del punto de vista mental, primero, no constituían enajenación y, segundo, no afectaban su capacidad de entender lo que ocurría en el medio", explicó.

Ilegalidad

Por otra parte, el defensor Zamorano resaltó que los jueces "acogieron una ilegalidad en el procedimiento, relativa a la declaración de mi cliente en el cuartel de la PDI sin contar con un defensor". Un punto que puede ser utilizado para un eventual recurso de nulidad en el tribunal de alzada.

El fallo por esta causa será entregado este miércoles en la misma sala.

Pedro Bárcena González

Tras procesos judiciales que se extendieron desde comienzos del 2019, un profesor de la isla Quehui fue condenado por el delito de trato degradante contra un alumno de 12 años. Una serie de agresiones que el docente reconoció para acceder a una pena menos gravosa.

En procedimiento simplificado que se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Castro, el acusado de iniciales R.A.R.P. (52) fue sentenciado a 61 días de pena remitida por los hechos registrados en abril del 2018, al interior de la Escuela Rural Los Ángeles.

Como especificó la resolución de la magistrada Alejandra Varas, en los momentos en que estaban en clases, el educador nacido en esta misma ínsula castreña "sin razón ni motivo alguno le lanza un estuche al pecho de la víctima, frente al resto de todos sus compañeros, además de decirle 'estúpido, pendejo, tonto, que no va a ser nadie en la vida', debido a lo cual resultó afectado sicológicamente y con depresión".

Junto a la pena principal, conmutada por el control de Gendarmería por un año -firma periódica-, se decretaron como accesorias contra el encartado la suspensión de cargos públicos, inhabilidad para ejercer trabajos con menores y la prohibición de acercarse al afectado, por el tiempo de la condena (61 días).

Más allá de estas sanciones y como confirmó el fiscal de la causa, Luis Barría, el contacto entre los intervinientes no se produciría, "ya que producto de este accionar y porque no se tomaron medidas -en su momento- el niño debió salir de la isla", acotó. Hoy se encuentra en Castro.

A su vez, el persecutor explicó que se llegó a esta sentencia, con una pena inferior a la invocada inicialmente (540 días de presidio), debido a que el imputado "aceptó los hechos de la acusación, por ello, se reconoció la atenuante de colaboración sustancial", enfatizó, sumando que con esto el fallo se aplicó en el mínimo del grado.

Igualmente, el abogado solicitó otra accesoria que puede tener alcances laborales y que también fue acogida por la sentenciadora.

Detalló que "ordené inscribir la sentencia en un registro de condenados especiales, por lo que queda en su extracto de antecedentes", información a la cual podrán acceder sus empleadores.

Eso sí, este dictamen no se encuentra ejecutoriado, ya que la defensa particular del profesor confirmó que recurrirá de alzada para revocar las accesorias que impedirían el ejercicio docente.

Así lo indicó el jurista Yerko Yáñez, argumentando que "como se suspendió la pena principal entendemos que debiesen suspenderse todas las penas, también las accesorias. Respecto a eso no estamos conformes y vamos a recurrir a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt".

Constitucional

Dependiendo de este trámite y si no se acogen sus postulados, el profesional apuntaría a una nueva instancia: el Tribunal Constitucional.

"Analizamos interponer un recurso de inaplicabilidad, ya que el trato degradante tiene un margen muy amplio y no especifica las conductas ilícitas, lo que entendemos que infringe principios constitucionales", aseveró la fuente.

Por lo pronto y mientras se espera que la resolución judicial definitiva quede a firme, el educador sigue impartiendo clases en la misma escuela.