Corte revierte cambio de cautelar para presos por violaciones infantiles
Juzgado de Garantía de Quellón había modificado la medida de dos reclusos y de un tercero que cumplía arresto total domiciliario, también por un ultraje a una niñita.
Aludiendo razones "humanitarias" en el marco de la contingencia por el nuevo coronavirus, se pidió la modificación de las privaciones de libertad de tres imputados por ataques sexuales contra menores en Quellón. Un argumento que encontró eco en el Juzgado Mixto porteño. Sin embargo, el tribunal de alzada confirmó la prisión preventiva de dos de ellos.
Uno de los imputados enfrenta una indagatoria por los delitos de violación y abuso sexual impropios, siendo la víctima su propia hija de apenas 11 años en el momento de sufrir las presuntas agresiones. Un caso aberrante por el cual el encartado arriesga una pena de crimen.
No obstante, el defensor Daniel Henríquez invocó el arresto domiciliario total para este obrero, en base a su irreprochable conducta anterior, presentando antecedentes que demostrarían su arraigo social y familiar, como también explicando que se vulnerarían sus garantías y derechos en medio de la crisis sanitaria ante las "precarias" condiciones del penal de Castro.
"El tribunal indicó que estamos en proceso de investigación, existiendo la presunción de inocencia cuando mi representado lleva siete meses privado de libertad y como hay una situación excepcional junto a la condición de los centros penitenciarios en emergencia sanitaria, estimó que era posible dictar una medida de menor intensidad que resguarde la salud del imputado", aclaró.
En base a estos antecedentes el magistrado Pablo Farfán decretó el arresto domiciliario total para este encartado, al igual que para otro preso en la capital chilota (desde octubre del 2019), indagado por violación infantil de una niña de 10 años.
Argumentos
Ante estas resoluciones, la fiscal Paulina Otero apeló verbalmente para impedir el cambio de precautorias.
"Son hechos graves, donde los imputados arriesgan penas con cumplimiento efectivo, más allá que tengan irreprochable conducta anterior. Además, sostenemos que los centros penitenciarios han tomado los resguardos para sobrellevar la emergencia sanitaria. En ningún caso la pandemia es antecedente suficiente para sustituir una prisión preventiva", explicó la abogada.
Igualmente, la persecutora recalcó que los encartados no son población de riesgo ante el Covid-19, sumando que constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad por la gravedad de los ilícitos y que existe riesgo de fuga al estar próximos a presentar acusación y entrar a la fase de juicio.
"El tribunal determinó que el riesgo de fuga se ve minimizado por existir ahora un cordón sanitario en la provincia, pero para nosotros esto no es un indicio suficiente, el imputado pueda evadir el control. Además, las policías se encuentran complejizadas en su labor de fiscalizar las medidas de arresto, ya que se encuentran abocadas a la contingencia y servicios", apuntó.
Los argumentos de la fiscal fueron acogidos por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que revirtió la cuestionada decisión de primera instancia.
Desarrollo laboral
El tercer caso corresponde a otro imputado por violación, en perjuicio de una menor de 10 años, quien estaba con arresto total. "En respuesta a nuevos datos y el cumplimiento casi perfecto de su medida, pedimos una cautelar menos gravosa. El tribunal estimó que no era necesario mantenerlo privado de libertad en su domicilio, sobre todo si existe necesidad real para trabajar, ya que lleva siete meses sin hacerlo", aclaró el defensor Daniel Henríquez. Por ello, el juez modificó la precautoria a arresto domiciliario nocturno. "Estuvimos de acuerdo porque solo se pedía la modalidad para que el imputado se pueda desarrollar laboralmente, considerando que también cumplió los controles de las policías en Calbuco, donde tiene domicilio", indicó la fiscal Paulina Otero.