El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reflexionó sobre la aprobación esta semana del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), conocido como IFE2. El primer IFE se otorgó a fines de mayo, bajo otros parámetros, como un monto decreciente de hasta $65.000, mientras que ahora el tope será $100.000.

Ante ello, el secretario de Estado señaló que cuando se pensó el primer beneficio "teníamos un escenario central en que la pandemia se retiraba antes de lo que estamos viendo".

El Congreso aprobó en las últimas horas del viernes el IFE2, que sube el monto del beneficio a $100.000 y lo extiende al 80% de la población más vulnerable, debido a la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus, donde miles de personas han perdido su fuente de ingresos, en un problema sanitario cuyo fin aún no se avizora.

El primer IFE fue concretado a fines de mayo con un tope de $65.000, monto que disminuiría a lo largo del tiempo.

"Enfrentamos un desafío colosal, que no conocíamos (…). Efectivamente, hay problemas y hay retrasos, y nosotros empatizamos con la situación, con la molestia que eso genera", dijo el ministro a CNN Chile.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) pidió al Gobierno más detalles sobre el anuncio de solicitar a las compañías telefónicas datos acerca del movimiento de sus clientes durante la cuarentena, a través del GPS de los celulares, como señaló esta semana el ministro de Salud, Enrique Paris.

Tal medida ha sido empleada en China y Corea del Sur, entre cuestionamientos sobre el uso de la información. La ministra de Transportes, Gloria Hutt, señaló que esto no se hará de forma individual y "al usar la traza de celulares uno agrega otro tipo de viajes, que son los viajes a pie".

"Es importante saber si la medida se limita al conocimiento de traslados masivos, sin identificar personas en específico, porque es algo muy distinto usar esta información para identificar y establecer movimientos específicos de determinados usuarios", explicó el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.

El abogado llamó a aclarar la finalidad del uso de datos, es decir, "si será posible o no identificar o hacer identificable a personas determinadas, porque los datos asociados al proceso de telecomunicación están regulados por la Ley General de Telecomunicaciones, que establece como obligación a las empresas prestadoras preservar la privacidad de los usuarios".