Leo Riquelme - Medios Regionales

Las recriminaciones mutuas marcaron el día después de la votación en que con el respaldo de 13 diputados oficialistas la Cámara de Diputados aprobó la reforma que permite a los cotizantes girar entre uno y 4,3 millones de pesos de la cuenta individual de la AFP, a fin de enfrentar la crisis económica generada por la pandemia.

Aunque hubo cuatro votos de la UDI, la presidenta de ese partido, Jacqueline van Rysselberghe, responsabilizó de la dispersión a su par de RN, Mario Desbordes, a quien acusó de no haber "marcado posición". Su tesis fue apoyada por el diputado Luciano Cruz Coke (Evópolis), quien recordó que Desbordes dijo que estaba "disponible" para discutir un eventual reparto.

El aludido respondió pidiendo "prudencia" a sus socios de coalición y les recordó que hubo cuatro gremialistas que apoyaron la reforma. "Si la UDI hubiese sido disciplinada como dice ser, esto se rechaza", afirmó a "T13".

Uno de los gremialistas que la aprobó, Cristián Moreira, explicó que lo hizo porque considera que acceder a los fondos previsionales podría ser una alternativa realista para enfrentar el desplome, pues, a su juicio, el Gobierno ha presentado "proyectos de a poquitito y no se ha hecho todo para enfrentar esta crisis".

El Ejecutivo intentó convencer el miércoles, con el debate en marcha, a los parlamentarios con un mejoramiento al plan para la clase media, pero no lo logró.

Ante lo sucedido, el senador de RN Andrés Allamand apuntó en radio Futuro a La Moneda: "Aquí y en la quebrada del ají esto es un fracaso político, porque no se persuade a la opinión pública y tampoco se alinea a los propios".

Uno de los cuestionados por la UDI, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, contestó que "todos tenemos que asumir la responsabilidad" y llamó a Chile Vamos a intentar convencer al Congreso y al país de que la reforma "es injusta, porque le da menos al que tiene menos, y le da más al que tiene más, y lo financian los trabajadores con sus ahorros previsionales".

Más tarde habló el Presidente Sebastián Piñera, quien instó "a colaborar y unir nuestras voluntades y corazones, a mejorar la calidad de la política, a actuar con sensibilidad frente a los problemas, pero también con responsabilidad frente a las soluciones".

El Gobierno presentó ayer a trámite su anunciado veto a la ley aprobada en junio que prohíbe el corte de servicios de electricidad, agua y gas de cañería en la pandemia.

La propuesta del Ejecutivo mantiene el impedimento de las empresas de cortar los suministros en la emergencia, pero le permite a las compañías traspasar los costos asociados. Esto era algo que estaba expresamente denegado en la norma ya despachada.

Asimismo, el veto dice que solo podrán acceder clientes que tengan consumos de agua por hasta 15 metros cúbicos, en circunstancias que la ley no tiene límites; y elimina el plan básico solidario de conectividad para estudiantes, como ordenaba para las compañías de telecomunicaciones.

El Gobierno ayer insistió en que no vulnera el espíritu de lo aprobado. "Si esa ley es objeto después por tener visos de inconstitucionalidad, esa ley después no va a poder aplicarse", explicó en La Moneda el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Pero en el Congreso al parecer no la tendrá fácil. El senador de RN Francisco Chahuán, que promovió el plan solidario de conectividad, exigió "garantizar que la clase media y los sectores más vulnerables no sufran ninguna intranquilidad".

En el PPD y la DC ya adelantaron que se opondrán al veto. "El Gobierno quiere seguir defendiendo a las empresas", afirmó una de las impulsoras de la ley ya aprobada, la diputada falangista Joanna Pérez.

A un en 11,5% llegó la tasa de desempleo en el país en junio, según concluyó el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales.

La cifra es apenas tres décimas por encima de la última informada por el INE, pero significa que hay 2,1 millones de trabajos menos que hace un año debido al daño que ha generado en la economía la crisis por el coronavirus.

"No tenemos en los datos del INE del '86 en adelante nada tan bajo como esto. Es una caída histórica", indicó el reporte.

Los investigadores de la Universidad Católica detectaron una fuerte alza en la cantidad de personas que se declaran "inactivas". Según sus encargados, si ellas decidieran salir a trabajar la tasa de desocupación superaría el 25%.

Mediante una resolución la Contraloría General de la República declaró ilegal uno de los contratos con que el Gobierno arrendó Espacio Riesco para utilizarlo como recinto hospitalario. Según el fiscalizador, el segundo documento que los vincula contempla pagos duplicados del Estado, pues fija un valor de máximo $1.600 millones por servicios que ya estaban contemplados en el primer contrato de arriendo suscrito a fines de marzo como parte de las obligaciones del centro de eventos.

"No se advierte justificación para que se establezca el pago", dice la resolución. El Servicio de Salud Metropolitano Norte manifestó que subsanará "a la brevedad" las observaciones al contrato , y garantizó que esto "no pone en riesgo" la atención médica que se está prestando en el inmueble de Huechuraba, Región Metropolitana.