Invocan 35 años de cárcel para pandilla tras ataques en Ancud
Cuatro jóvenes son imputados por cinco delitos totales, como homicidio tentado y porte de ilegal de arma de fuego, arriesgando en su conjunto una severa pena.
Penas que superan los 35 años de cárcel en conjunto invocó el Ministerio Público contra los cuatro jóvenes implicados en un violento incidente registrado en el sector Alto Caracoles en Ancud. Un caso por el cual se formularon cargos por cinco delitos y que ya entró en su fase procesal decisiva.
Casi dos años se extendió la indagatoria por esta causa para determinar las responsabilidades de los imputados, identificados con las iniciales J. W. Q. V. (27), P. I. C. A. (25), C. N. V. G. (25) y E. F. G. B. (24).
Tal como expuso el fiscal Javier Calisto en su reciente acusación, los hechos se produjeron el 6 de septiembre del 2018, cuando los cuatro jóvenes, "previamente concertados", como se indicó, llegaron a bordo de una camioneta al pasaje Las Mentas con calle Pacífico del populoso barrio, donde se desató el ataque.
Se vincula al mayor de los encartados como responsable de disparar en una pierna a un obrero de 30 años, como también de atropellar a una estudiante de 21. Incluso, se describe que "con el vehículo que conducía pasó por encima de sus piernas, al menos en dos oportunidades". Igual se atribuye que P. I. C. A. utilizó un punzón para herirla en el cuerpo y la mano izquierda.
Junto con causar daños en una vivienda con el móvil, los sujetos emprendieron la fuga. En calle Yerbas Buenas fueron interceptados por Carabineros, donde el mismo conductor habría intimidado a un uniformado con el revólver.
En definitiva, el persecutor acusó a todos por homicidio tentado, mientras que a este chofer la sumó los ilícitos de amenazas, daños simples y porte ilegal de arma de fuego con número de serie borrada. Este último cargo también fue formulado contra P. I. C. A., quien además enfrenta acusación por disparar en un lugar público.
De acuerdo al fiscal Calisto, cada uno de los imputados "tiene participación en su propio mérito", detallando que en el homicidio tentado "no todos tienen la misma actuación, algunos son autores materiales y otros facilitan medios o acompañan al principal interviniente".
Explicó el abogado que la indagatoria fue "compleja" para determinar cada intervención, señalando que "participó un equipo multidisciplinario, como Labocar (Laboratorio de Criminalística de Carabineros) de Puerto Montt, SIP (Sección de Investigaciones Policiales) y Carabineros de patrullaje de la Primera Comisaría, además de personal médico y vecinos".
Asimismo, la fuente recalcó que se llegó a una conclusión tras analizar todas las versiones y que ahora se espera la preparación de juicio oral, fijada para el 19 de noviembre. Eso sí, no descarta algún eventual procedimiento abreviado, considerando que las penas por separado no superan los 5 años de presidio.
Inocencia
Por su parte, el defensor penal público, Filippo Corvalán, quien representa a tres de los imputados -salvo al de mayor edad-, sostuvo que en esta causa no se configura el delito de homicidio, aclarando que sus representados se encuentran con cautelares de menor intensidad.
"Lo más seguro es el camino del juicio oral para demostrar inocencia y, por supuesto, una notable falta de prueba por parte del Ministerio Público", acotó el jurista.
Igualmente, el profesional insistió que los antecedentes probatorios no son contundentes. "Se trata de personas sin antecedentes penales, humildes y trabajadores que se vieron envueltos en una riña en que legítimamente señalan haberse defendido y que al parecer involucra a personas de alguna banda local de Ancud", concluyó.
Defensa particular
El obrero de iniciales J. W. Q. V. arriesga más de 12 años de cárcel por cuatro delitos. Eso sí, su defensora particular, Vanessa Pérez, recalcó que se buscará su absolución. "El Ministerio Público, a nuestro juicio, no tiene acreditados los ilícitos por los cuales es acusado", aclaró. Además, enfatizó que existen declaraciones contradictorias.
"No está claro quién fue el que causó lesiones a las víctimas", apuntó, sumando que "se cuestionarán tanto la existencia de los delitos, como la participación de mi representado".
Más allá de esta postura, la abogada no descarta un procedimiento abreviado, si es que el imputado acepta las condiciones que el ente persecutor eventualmente pueda postular a futuro.
5 años de cárcel invocan por el homicidio y el porte de arma, los delitos más gravosos.
60 medios de prueba incorporó la Fiscalía en su acusación. 25 de ellos, testigos.
