Se ha confirmado la venta por parte de Aguas Andinas, de su participación en la empresa sanitaria Essal, que opera a través de una concesión la administración de los sistemas de agua potable y plantas de tratamiento de aguas servidas para los hogares de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, a una desconocida empresa canadiense, justo en medio de un proceso que tramitaba la caducidad de dicha concesión por la gran cantidad de irregularidades de responsabilidad de esta empresa.

Esto implica un ingreso de más de 92 millones de dólares para Aguas Andinas y, evitar las multas y otras consecuencias sancionatorias que trae aparejada la caducidad, cuyo proceso ha sido demorado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios por más de un año, sin explicaciones razonables. O sea, lo que debió ser una sanción justa por los graves perjuicios ocasionados a los habitantes de estas regiones, especialmente a Osorno, o por las contaminaciones de la bahía en Ancud, o el lago Llanquihue, entre muchas otras infracciones, se transformó en un buen negocio para esos empresarios y una tremenda pérdida de oportunidad para los habitantes de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, que a través de una nueva licitación podían haber alcanzado condiciones de satisfacción muy superiores a las que actualmente tienen, con la empresa que hubiese ganado dicha licitación.

Lo que también conocemos, en este y en otros casos, es la ineficiencia, producto de la falta de inversiones, con que estas empresas asumen los compromisos para entregar un servicio de calidad a usuarios que, pese a tener que pagar un alto precio por contar con agua potable en sus domicilios, o el tratamiento de las aguas servidas, se encuentran sin posibilidades de hacer efectiva la responsabilidad de estas entidades cuando, con bastante frecuencia, no entregan el servicio ni en la oportunidad ni en la calidad contratada. De más está decir en este orden de ideas, los graves problemas que la empresa Essal puso siempre para ampliar los radios operacionales con el objeto de construir viviendas. Una nueva licitación habría traído soluciones razonables a estas dificultades, pero este Gobierno optó por privilegiar los intereses económicos de los controladores de Essal.

marco legal

De este modo, la desconocida empresa canadiense Algonquin Power & Utilities Corp. ha comprado "en el mercado" una empresa regulada por el Estado de Chile que debía proveer de un servicio tan básico como el agua a casi 250 mil hogares, sin que ninguna autoridad pueda intervenir, dada la manera en que nuestra legislación, desde la Constitución hacia abajo, protege con mayor fuerza el "derecho de propiedad", pues así se entienden las concesiones, por sobre el derecho de los ciudadanos de tener agua potable de calidad, a precios razonables y siendo abastecidos con eficiencia.

Este es un ejemplo práctico y definitorio de la necesidad de tener una nueva Constitución, que ponga por delante derechos sociales garantizados por el Estado, que se convierta en defensor de los ciudadanos y no de las empresas, donde derechos tan esenciales como el agua, dejen de ser administrados por privados, ahora canadienses, sin ningún conocimiento de nuestra realidad.

Por eso el proceso constitucional, que se inicia hoy, es tan importante, pues solo si gana la opción Apruebo se podrá iniciar el estudio de una nueva Constitución y, solo si gana la opción Convención Constituyente se podrá elegir a 155 chilenos, con mandato popular, para que redacten una completa nueva Constitución, que nos represente a todos.

De esta forma, nunca más el agua y otros bienes básicos, quedarán a merced de privados, cuyo objetivos principales son sus utilidades, impidiendo que los chilenos podamos contar con servicios básicos garantizados por un Estado al servicio de todos.

"Lo que debió ser una sanción justa por los graves perjuicios ocasionados a los habitantes de estas regiones, especialmente a Osorno, o por las contaminaciones de la bahía en Ancud, o el lago Llanquihue, entre muchas otras infracciones, se transformó en un buen negocio para esos empresarios y una tremenda pérdida de oportunidad para los habitantes de las regiones de Los Ríos y Los Lagos".

Gabriel Ascencio Mansilla,, diputado por el distrito 26

El seremi de Justicia y DD. HH. Alex Meeder llamó a los parlamentarios para que discutan y aprueben la propuesta que el ministro de la cartera, Hernán Larraín, impulsa en el Congreso sobre las notarías.

Según el personero, ello apunta a "facilitar el acceso a la justicia para todas las personas; es por ello que queremos dejar aprobado durante este período de Gobierno la reforma para modernizar el sistema notarial y registral del país".

Otilia Díaz, usuaria del sistema notarial en Castro, manifestó su preocupación "porque a veces la burocracia le gana a la lógica. Con la calma que trabajan en el Congreso y la tardanza de estos procesos solo nos hace sospechar. Los parlamentarios no aprueban porque no les conviene, porque las personas vamos a conocer a la parentela que tienen en las notarías y mientras nosotros tenemos que seguir pagando dinero de sobra y haciendo largas filas por trámites que podríamos hacer en la página web".

Acerca de la iniciativa que está en el Senado, el diputado Alejandro Santana (RN) comentó que "desde la Cámara de Diputados apoyamos esta iniciativa porque creemos que es necesario modernizar las instituciones y las normativas acorde a los tiempos que corren. Por ello hago un especial llamado al Senado a que le otorgue la celeridad que todos esperamos a este proyecto, especialmente en momentos tan complejos y de tanta necesidad, sobre todo para las comunidades rurales que necesitan tener notarías modernas y más cercanas".

A su vez, el ministro Hernán Larraín dijo que "estamos impulsando esta importante modernización para el sistema tan necesario para los ciudadanos, especialmente en tiempos de pandemia. El Gobierno espera que esta propuesta se traduzca en un cambio sustancial en la experiencia que vive cada persona cuando va a la notaría, con mejores estándares de atención, y con procesos más rápidos, que no les signifique perder su tiempo, ni su dinero, innecesariamente. Nuestro objetivo es dar mayor y más fácil acceso a los usuarios, agilizando los tiempos de espera, evitando las filas y disminuyendo los costos".

19 veces

El ministro de Justicia y DD. HH. acotó que durante "19 oportunidades se ha renovado la suma urgencia del proyecto de ley #NotariasMásSimples desde que ingresó al Senado en enero de 2020. Esperemos que al terminar la discusión presupuestaria, retomemos el debate legislativo y podamos avanzar en temas tan necesarios para las personas".

La iniciativa plantea la modificación de una serie de cuerpos legales, para eliminar las declaraciones juradas ante notario, reemplazándolas por declaraciones simples; también eliminar el requisito de acompañar una copia autorizada ante notario para algunos documentos; reemplazar el uso de un instrumento privado firmado ante notario por instrumentos privados simples, y eliminar la necesidad de reducir a escritura pública los actos administrativos, tales como resoluciones y decretos, trámite que hoy tienen un costo entre $50 mil y $100 mil.