Leo Riquelme - Medios Regionales

Parlamentarios de la Democracia Cristiana concurrieron ayer a Contraloría para solicitar la apertura de una investigación al Servicio de Impuestos Internos (SII), que acogió una petición del grupo Penta para rebajarle más de 1.400 millones de pesos en impuestos por los gastos en que incurrió para defender judicialmente a sus dueños, quienes fueron condenados por delitos tributarios y financiamiento irregular de la política.

"Esto es una expresión dramática del abuso", dijo el presidente de la colectividad, Fuad Chain, quien recordó que durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera sucedió algo similar con una decisión del entonces director Julio Pereira en favor de la multitienda Johnson's, y que terminó con sus representantes fuera del servicio tras un informe en contra del mismo regulador por la medida.

"Lamentamos que el SII tenga esta actitud de perdonazo con los grandes contribuyentes y una persecución permanente con los pequeños", agregó el diputado falangista Miguel Ángel Calisto.

La DC adelantó que buscará las firmas para impulsar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

El director del SII, Fernando Barraza, defendió la decisión asegurando que está apegada a la ley, que la puede pedir cualquier contribuyente y que la rebaja se ajusta al criterio de "gastos necesarios" de las empresas, porque a su juicio defenderse judicialmente es parte de su quehacer.

El presidente de la Asociación de Fiscalizadores del organismo, Juan Apablaza, respondió en TVN que el director hizo una "interpretación antojadiza" de la ley, pues recordó que la defensa que ahora rebajó Penta fue porque el grupo cometió delitos tributarios. "Esto no se apega al espíritu de la norma", agregó.

Uno de los defendidos por Penta fue uno de sus fundadores, Carlos Alberto 'Choclo' Délano, uno de los mejores amigos del Presidente Sebastián Piñera.

Ayer el Gobierno deslindó en el SII la decisión de rebaja y el vocero Jaime Bellolio valoró que el organismo abriera una auditoría interna para analizar el caso.

La comisión que analizó la acusación constitucional contra el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, aprobó ayer la pertinencia del libelo, por lo entregará esta misma recomendación a la Sala de la Cámara Baja en la sesión del martes 3 de noviembre, cuando se analizará la acusación que, si es visada, pasará al Senado.

A favor votaron los diputados Loreto Carvajal (PPD), presidenta de la instancia, Fernando Meza (independiente) y los congresistas de nuestro distrito Jenny Álvarez (PS), Alejandro Bernales (PL). El voto de rechazo lo dio Joaquín Lavín (UDI).

La acusación será sostenida ante la Sala por Gabriel Ascencio (DC), también representante por el distrito 26, uno de los firmantes del libelo. En este, legisladores de oposición acusan al jefe de Interior de vulnerar el principio de igualdad ante la ley al dar un trato distinto a la movilización de los camioneros frente a otras movilizaciones sociales y de desatender el control jerárquico que le corresponde respecto de Carabineros.

ARGUMENTOS

A pesar de que la defensa del ministro Pérez no insistió ayer en el argumento de que, en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, Carabineros depende de los jefes de la defensa nacional, quienes votaron a favor de la acusación igualmente cuestionaron el hecho de que los abogados del titular de Interior dijeran, originalmente, que este no tiene la responsabilidad sobre la policía uniformada durante la vigencia de dicho estado de excepción.

Para Alejandro Bernales la falta de control en la policía uniformada podría deberse a que el ministro "cree que, por estar en este estado de excepción, Carabineros ya no depende de él". Mientras, Fernando Meza criticó la "defensa bastante temeraria y poco prolija". Los congresistas también aseguraron que, tras el análisis del libelo y las exposiciones recibidas, quedaron probados los actos discriminatorios con los que habría actuado Pérez.

Joaquín Lavín, por el contrario, afirmó que el jefe de gabinete presidencial actuó completamente apegado a la ley y que no puede responder por la actuación individual de cada carabinero.

En radio Duna, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, comentó: "No me cabe la menor duda que, de aquí al martes, vamos a convencer a los diputados de que (la acusación) es injusta".

Quienes tengan morosidades en la cuentas de los servicios de agua potable no sufrirán el corte del suministro hasta abril, anunció ayer la Asociación Gremial de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess).

La organización que aglutina a las compañías del sector decidió prorrogar hasta ese mes de 2021 el plan impulsado en marzo de este año a causa de la pandemia.

La presidenta ejecutiva de Andess, Jessica López, aseguró que la medida ha beneficiado a más de 900 mil clientes en el país.

En junio el Gobierno vetó por presunta inconstitucionalidad una ley que buscaba impedir la prohibición de corte de suministros de agua potable, electricidad y gas. En esa oportunidad La Moneda defendió su decisión argumentando, entre otros aspectos, que las compañías ya tenían compromisos de ese tipo.

Las sanitarias agregaron que también extenderán la posibilidad gestionar convenios y acordar el prorrateo de las cuentas morosas de las familias más vulnerables, adultos mayores, desempleados y microempresarios.

El gremio, sin embargo, pidió a quienes estén en condiciones, paguen sus boletas. "Esto es esencial para que la industria siga operando con normalidad (...) y continuar con las inversiones necesarias para mantener los servicios frente a la sequía y el cambio climático", agregó López.