Fijan más de un centenar de evidencias para juicio por femicidio en isla Caguach
Solo la Fiscalía liberó algunos medios de prueba. Defensa pide la absolución.
Sin exclusiones y solo con la liberación de cerca de una docena de medios por parte del Ministerio Público, se fijaron en las últimas horas las pruebas para el desarrollo del juicio oral por el asesinato de una vecina en isla Caguach, comuna de Quinchao. Una instancia en que los acusadores ratificaron su solicitud de cadena perpetua calificada contra el acusado.
En la audiencia remota con el Juzgado Mixto achaíno se preparó lo que será la instancia decisiva por esta causa que se remonta al 19 de diciembre del 2019, cuando al interior de su dormitorio fue hallado el cadáver de Mónica Mansilla Muñoz (54). Su expareja por 17 años, de iniciales C. I. V. V. (44), es sindicado como el responsable del crimen.
Durante la sesión judicial se analizó la evidencia presentada por los acusadores. 106 elementos probatorios fueron discutidos.
Según lo expuesto por el fiscal del caso, Luis Barría, se mantienen los cargos por femicidio, explicando que en la audiencia "se depuró la prueba que se incorporará en el juicio oral", acogiendo el tribunal los planteamientos de los acusadores para mantener los antecedentes recopilados por la Brigada de Homicidios (BH), el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) y el Servicio Médico Legal (SML).
Eso sí, el persecutor advirtió que liberó elementos que considera "no son relevantes para el caso", dentro de los que se encuentran 10 testigos (quedaron 40) y tres peritos (se mantienen 11).
Bajo este escenario, el representante del Ministerio Público remarcó que "existe información suficiente para acreditar el delito y la participación del acusado, como también esperamos que estos medios sustenten la pena que invocamos".
Además, Barría ajustó su acusación, ratificando la figura del femicidio, aunque desechó la agravante de cometer el delito en el contexto de violencia física o sicológica habitual contra la afectada. Mantuvo las circunstancias del abuso del delincuente de la superioridad de su sexo o sus fuerzas, como el ejecutar el hecho con desprecio a la dignidad de la víctima o en su morada.
En tanto, el defensor particular Andrés Firmani buscó el descarte de prueba que considera se obtuvo "vulnerando las garantías fundamentales de mi cliente", como testigos y especies incautadas. Pese a no ser acogida su postura, igual espera en el futuro juicio oral desvirtuar los cargos y llegar a una absolución.
"Promovimos una serie de incidentes, entre ellos la exclusión de prueba ilícita, lo cual no fue otorgado. Además, incorporamos prueba particular (dos documentos) y compartimos los elementos fijados por los acusadores", aseveró el jurista.
Insistió el profesional que esta presunta ilicitud en la recopilación de datos perjudica las diligencias. "Existen actuaciones que requerían de autorizaciones judiciales o de la persona a la cual se está generando prueba incriminatoria. Las policías deben respetar los derechos constitucionales de los imputados", manifestó.
inocente
Más allá de esta arista, el penalista remarcó que la información reunida en más de un año de indagatorias no cumple el estándar para configurar prueba de cargo.
"No se puede acreditar más allá de toda duda razonable la responsabilidad de mi cliente en los hechos. Estoy convencido que es inocente y que aquí hay un escenario de prueba absolutamente insuficiente y contradictorio", puntualizó.
Los querellantes, por su parte, se valdrán de toda la prueba presentada por el ente persecutor en su acusación. Estos abogados son Milton Cuevas, asesor legal del municipio de Quinchao, quien representa a Marcia Aro, hija de la víctima; Thomas Patri del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en Los Lagos, quien litiga por Isabel Aro, otra de las hijas, y Patricio Olivares, querellante por Iván Aro.
"Sumamos un testigo propio para contar con una prueba sólida que no tuvo exclusiones, lo que nos deja contentos. Se buscará acreditar el delito y participación como la pena invocada", remarcó Cuevas.
Confirman cautelar
Durante la audiencia remota se revisó la prisión preventiva que pesa sobre el acusado, desde que fue formalizado a comienzos de marzo del 2020. Andrés Firmani pidió el cambio a arresto total, considerando el tiempo transcurrido y que su cliente "tiene arraigo, domicilio conocido e irreprochable conducta", aclaró. Sin embargo, el fiscal Luis Barría se opuso, lo cual fue acogido por el tribunal, "al estimar que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, como también por la gravedad de la pena que arriesga y el riesgo de fuga", ante la proximidad del juicio oral.
24 lesiones constató la autopsia en el cuerpo de la víctima.
28 documentos y 14 medios materiales se incorporaron.