César Cárdenas Ruiz

Fue a principios de mayo de 2016 cuando las barricadas, protestas y el bloqueo de los accesos al Archipiélago y en su interior mismo fueron las imágenes que se tomaron los principales medios de comunicación no solo a nivel local, sino también nacional.

La irrupción de la marea roja en verano se extendió al otoño, llegando no solo al mar interior, sino que a áreas oceánicas y con una fuerza inusitada. El veneno paralizante de los mariscos (VPM) incluso llegó por el norte a la Región de Los Ríos y el 29 de abril la entonces Presidenta Michelle Bachelet declaró la Zona de Catástrofe al litoral de Los Lagos. El fenómeno ya afectaba a miles de pescadores que quedaban sin su fuente laboral, evidentemente en aquellas comunas con más familias ligadas al mar.

Sin embargo, la situación fue agarrando otros ribetes, y a juicio de estos trabajadores no solo se trataba del VPM, un evento conocido en la zona sur y austral del país y que cada cierto tiempo se pesquisa, siendo tan evidente ese 2016 quizá como nunca.

Con el tiempo se vinculó lo anterior con el vertimiento de poco más de 4 mil 500 toneladas de salmones muertos, a 140 kilómetros de las costas insulares por parte de un grupo de empresas salmoneras. Tal mortandad se debió a otra floración algal nociva (FAN) y su depósito fue visado en marzo por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile (Directemar) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), concretándose ese mismo mes.

Precisamente, ese fantasma de duda, con las semanas, para muchos era una "certeza": pescados, vertimiento, marea roja y pesca afectada era la ecuación. Los artesanales ya expresaban antes del estallido su molestia por los permisos de la autoridad para deshacerse de los salmones, cuya cantidad después algunos la elevaron a más de 9 mil toneladas. Aún hoy para muchas comunidades aquello habría sido el real detonante de esta marea roja en la provincia y la región.

Fueron 18 días de movilizaciones -al menos para Ancud, del 2 al 19 de mayo; otras comunas comenzaron después y/o terminaron antes sus protestas- que quedaron marcadas por siempre en la historia del Archipiélago, convirtiéndose en el estallido social más grande ocurrido en esta parte del país.

La consecuencias desde el punto de vista ambiental fueron catastróficas, lo que a la postre trajo consigo un desastre socio-económico de proporciones para las miles de familias que quedaron sin su fuente de ingresos y también para toda la zona si se consideran los bloqueos y el desabastecimiento generalizado.

Durante la crisis es que las distintas agrupaciones de pescadores, buzos mariscadores, algueros y toda persona que trabajaba con recursos marinos decidieron levantar un petitorio con demandas para que el Gobierno de la época pudiera aceptar. La lista de demandas de los artesanales incluyó la inyección de fondos para la implementación de proyectos de absorción de mano de obra, además de que todos los beneficios se entregaran directamente a las organizaciones sociales.

¿Cuál es la evaluación que se hace luego de 5 años? Para Pablo Oyarzo, presidente de la Mesa Marea Roja de Ancud, el balance no es del todo positivo, sobre todo en lo que atañe a ingreso de recursos para los más afectados. "La evaluación hasta este momento es irregular; hemos tenido bastante ayuda en los comienzos, hasta incluso dos años atrás, antes que empiece la pandemia, hemos tenido hartos proyectos económicos en el sentido de tener trabajo para la gente, como los PMU, FRIL; y en este tiempo de pandemia se ha hecho difícil poder tener estos proyectos en camino. Esperemos en este año tener unos tres proyectos para este invierno que viene", afirmó.

La crisis multiplicó la tasa de desempleo en la zona. Para enfrentar ese escenario, el nivel central y los dirigentes pesqueros proyectaron una serie de iniciativas para impulsar la reconversión laboral. ¿Cuánto de aquello se cumplió? "Un 20% de la gente de mar ha optado por otros trabajos, el otro 80% está en Ancud trabajando (en el rubro pesquero), como también hay una población flotante bastante considerable en distintas partes de la Isla, desde Quemchi para allá. Hay por lo menos unas 130 embarcaciones que están trabajando fuera de nuestra ciudad", detalló considerando en primer frente su comuna.

Por su parte, Pedro Pairo, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Laitec, Quellón, contó su inconformidad con las posturas del Ejecutivo, en pro de soluciones íntegras para ir en apoyo de los hombres de mar chilotes: "Hasta el día de hoy no han sido muy positivas las ayudas que se han dado, siempre ha sido lento todo lo que es tema de apoyo a la pesca artesanal. No estamos muy conformes, nunca se han concretado las cosas que uno ha querido, pero, bueno, así ha funcionado este tema todo este tiempo".

El pescador de isla Laitec también consignó que "el tema de la contaminación siempre sigue en lo mismo, hasta hoy hay gente que ha seguido trabajando. En el tema ambiental todos saben cómo está funcionando, hasta hoy no ha habido una solución concreta".

Greenpeace y defendamos chiloé

Una de las interrogantes que rondó el debate mediático durante y después del recordado Mayo Chilote fue la relación entre las toneladas de mortandad de salmones con la aparición de la marea roja. Literalmente una "marea de dudas" se originó por lo acontecido, y para Estefanía González, coordinadora de océanos de Greenpeace Chile, ello reafirma que existían las condiciones idóneas para el desarrollo del veneno paralizante en la zona.

En tal sentido, aseveró que "la verdad es que toda la evidencia, sobre todo la evidencia científica que ha logrado salir luego de estos cinco años, confirma lo que siempre los chilotes y las chilotas dijeron: es que el vertido de salmones estaba relacionado efectivamente con la crisis de marea roja".

La fuente evocó que "un estudio que hizo un grupo de investigadores chilenos y franceses, que se publicó en una revista científica de alto nivel a inicios del año 2020, donde efectivamente se estudió el comportamiento físico de las corrientes y cómo desde el punto de vertido estas corrientes pudieron haber desplazado todo este material en descomposición hacia las costas de Chiloé, se pudo tener una relación bastante directa con lo que fue la crisis por marea roja".

Junto con ello, añadió "el hecho de que la propia Corte Suprema reconoció la ilegalidad del vertido de salmones; entonces, nuestro primer análisis desde Greenpeace es que los chilotes y las chilotas siempre tuvieron razón con su desconfianza".

Yendo más allá en la polémica puntal de los vertimientos y de la marea roja del 2016, Álvaro Montaña, geógrafo e integrante del Movimiento Defendamos Chiloé, enunció que a partir de lo ocurrido se creó la normativa que "establece tiempos máximos de retiro de la mortalidad masiva de las jaulas salmoneras; ese fue el único gran cambio que se implementó posterior al Mayo Chilote desde el punto de vista de la normativa ambiental. Antes de eso, los planes de contingencia -yo he revisado decenas de planes de contingencia- de salmoneras tenían una, dos o tres páginas, eran planes absolutamente insuficientes para una mortalidad masiva que fue lo que ocurrió el año 2016".

El activista acotó que "¿qué es lo que uno constata? Uno constata deficiencia en las capacidades de las salmoneras para retirar, para transportar y para disponer la mortalidad. Un ejemplo claro de lo que estoy diciendo es lo ocurrido con el Seikongen, este buque que cargaba peces (2017 y 2018); otro ejemplo es lo ocurrido este año en marzo, abril de 2021, donde nuevamente la empresa Camanchaca tuvo problemas de retiro", sentenció.

Abogada

Una de las informaciones emanadas recientemente hace alusión a que el Ministerio Público buscaría declarar el sobreseimiento definitivo de la causa vertimiento de salmones frente a Ancud, según dijo la abogada Orieta Llauca, en representación de organizaciones y comunidades de Chiloé y Calbuco.

En entrevista con Radio Estrella del Mar, la profesional sostuvo que dicha situación es "grave" dado que las acciones apuntarían a dejar sin responsabilidades civiles y políticas el alto daño ambiental y económico que generó el desastre ambiental en la región desde 2016. "Es una decisión del Ministerio Público, en especial de la Fiscalía Anticorrupción de Valparaíso, la decisión primero de cerrar la investigación, lo que nos parece bien; pero lo que nos parece muy vergonzoso es que la Fiscalía, aparte de cerrar la investigación, le pide al tribunal que apruebe el sobreseimiento definitivo de la causa respecto del delito de prevaricación administrativa, contemplado en el artículo 228 del Código Penal", reveló.

La jurista adjuntó: "¿Por qué estimamos que esto es vergonzoso y, a la vez, una burla? Porque si en la carpeta hay prueba de algo, es que los funcionarios públicos intervinieron en la resolución que autorizó el vertimiento de salmones muertos al mar".

SALMONERAS

Sin ahondar en declaraciones detalladas, desde la industria salmonera rememoraron que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo convocó en su oportunidad, a través de la Academia de Ciencias de Chile, un comité científico independiente para evaluar el desastre ambiental.

El 25 de mayo de 2016 zarpó desde la ciudad de Talcahuano el buque AGS-61 Cabo de Hornos, en una expedición oceanográfica diseñada y ejecutada por miembros de dicha instancia con el apoyo de diversos centros de investigación del país, para realizar el estudio prospectivo del evento de la marea roja. En este aspecto, y tras once semanas de investigación, el grupo de científicos independientes presentó un informe de avance a la cartera, el cual reportó que el vertimiento de salmones no fue un agente causal del veneno.

"Un 20% de la gente de mar ha optado por otros trabajos, el otro 80% está en Ancud trabajando (en pesca), como también hay una población flotante bastante considerable".

Pablo Oyarzo, presidente de la Mesa de Marea Roja de Ancud.

"Siempre ha sido lento el apoyo (a la pesca artesanal), nunca se han concretado las cosas que uno ha querido pero, bueno, así ha funcionado este tema todo este tiempo".

Pedro Pairo, pdte. del Sindicato de Pescadores de Laitec.

"La evidencia científica confirma lo que siempre los chilotes y las chilotas dijeron: el vertido de salmones estaba relacionado con la crisis de marea roja".

Estefanía González, representante de Greenpeace.

"Uno constata deficiencia en las capacidades de las salmoneras para retirar, transportar y para disponer la mortalidad. Un ejemplo claro es lo ocurrido con el Seikongen".

Álvaro Montaña, geógrafo, de Defendamos Chiloé.

"Nos parece muy vergonzoso que la Fiscalía, aparte de cerrar la investigación, le pide al tribunal que apruebe el sobreseimiento definitivo de la causa respecto de prevaricación".

Orieta Llauca,, abogada de comunidades de Calbuco y Chiloé.

2 mayo de 2016: parten bloqueos de la pesca artesanal en Quellón, Queilen y Ancud.

19 de mayo de 2016: los pescadores de Ancud son los últimos en bajar la protesta.

29 de abril: la entonces Presidenta Michelle Bachelet declara Zona de Catástrofe.