Pedro Bárcena González

Los coletazos por la decisión de la Fiscalía Regional de Los Lagos de solicitar, a través de su sede de Ancud, el sobreseimiento definitivo de la causa por el incendio de la Iglesia San Francisco de la ciudad del Pudeto y la casa parroquial contigua se han extendido en toda la zona. Fuertes dardos han apuntado contra el ente persecutor, por guiar una indagatoria plagada de errores e ilegalidades que dejarán sin sanción este gravoso ilícito.

Este miércoles y después de lo que calificó la jefa del Ministerio Público en la región, Carmen Gloria Wittwer, como una "exhaustiva y trasparente resolución", se invocó ante el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Castro el cierre del caso que tenía fijado para el próximo 14 de julio audiencia de juicio, en el cual el acusado de iniciales D. M. C. V. (25) arriesgaba una pena de 10 años y un día de presidio por el siniestro registrado el 22 de enero del 2020.

La exclusión de pruebas ratificada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que coincidió en que el grueso de la evidencia incriminatoria se obtuvo con vulneración de garantías legales, fue definitiva y catapultó esta postura fiscal. "Hice una evaluación de los antecedentes que quedaban y llegamos a la convicción que esta era la opción (el sobreseimiento)", añadió la abogada.

Párroco

Una de las víctimas directas, el sacerdote Álex Gallardo, no solo por ser el titular de la parroquia violentada (El Sagrario), sino también por resultar con quemaduras, no dudó en señalar que las falencias indagatorias llevaron a este escenario de impunidad.

"Lamentamos desde el aspecto personal y comunitario que se termine de esta forma, que por elementos técnicos y errores en el proceso por parte de la Fiscalía quedaran pruebas importantes fuera que determinaron el término del caso", sostuvo el religioso.

Insistió la fuente que las diligencias "fueron mal conducidas desde el inicio, la responsabilidad la tiene la Fiscalía... Uno quiere llegar al fondo de esto, conocer la verdad desde el plano de la justicia, pero ahora queda todo inconcluso. Nos sentimos impotentes, hay una sensación de disgusto por la forma de proceder de las personas que se suponen eran especializadas para esta investigación".

Seguro de la intencionalidad en el incendio y que existía información para llegar a su responsable que se perdió por actuaciones displicentes, el presbítero espera que "se pueda aprender de los errores" para que no se repitan estos descalabros indagatorios.

También se mostró crítico el director ejecutivo de la Fundación de las Iglesias Patrimoniales de Chiloé, Patricio Álvarez, quien aseveró que lo vivido con esta acción penal frustrada deja un lastre muy pesado.

"Dejar sin castigo un ataque incendiario a un Monumento Histórico Nacional (declaración fue el 21 de agosto del 2019) sin duda que deja un precedente negativo para el patrimonio chilote. Se da la señal que quemar una iglesia que es patrimonio nacional hoy no significa nada", consignó el ingeniero comercial.

Agregó el profesional que "este es un llamado al Ministerio Público y la policía para que sean más rigurosos con los procedimientos que permitan tener pruebas a la altura de una causa que permita llegar a una condena. Hoy la decisión de la Fiscalía también se debe a las falencias que tuvo la investigación, dejando sin responsables este hecho intencional".

Personeros

La Intendencia de Los Lagos es querellante en este caso (al igual que el Obispado de Ancud). Su titular, Carlos Geisse, también lamentó este término procesal.

El personero precisó que "respetamos la decisión de la Fiscalía Regional en su solicitud de sobreseimiento definitivo de esa causa, entendemos que es una resolución que se debe a criterios estrictamente jurídicos". Pero más allá de estos fundamentos, no ocultó su pesar por este abrupto término.

"Gran impacto causó a toda la comunidad ancuditana este hecho, por lo cual lamentamos que no se llegue a una condena", remató la autoridad.

Por su parte, el director regional (s) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Felipe León, también manifestó el impacto de este cierre.

"Lamentamos enormemente los errores cometidos en el procedimiento investigativo de la causa judicial iniciada por el incendio que destruyó la Iglesia San Francisco de Ancud, el pasado 22 de enero de 2020, no pudiendo así concretarse la responsabilidad de quien estaba considerado como imputado", concluyó.

Ahora, solo resta la confirmación de este escenario judicial, lo cual se concretaría este miércoles 23 de junio, fecha en que se programó la audiencia de sobreseimiento por el TOP de la capital chilota.

"Todo esto genera una sanción de malestar a todos quienes trabajamos por el patrimonio chilote".

Patricio Álvarez,, director ejecutivo de la Fundación de las Iglesias Patrimoniales de Chiloé.