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Afinan coartada para apelar la prisión preventiva contra imputado de crimen

Castreño es indagado por doble homicidio calificado e incendio.
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Pedro Bárcena González

Contrarreloj está trabajando la defensa del hasta ahora único imputado por el crimen del matrimonio de adultos mayores, ultimado al interior de su hogar en pleno centro de Castro, para reunir los antecedentes tendientes a apelar la prisión preventiva que se decretó en su contra. Hasta el sábado tiene plazo para recurrir al tribunal de alzada; de lo contrario, será en sede de Garantía la búsqueda de modificar la cautelar.

El sujeto de iniciales H. F. R. A. (53) fue formalizado por los delitos de homicidio calificado e incendio, siendo sindicado como responsable de la muerte de Nely Saldivia Barría (71) y Darío Cárcamo Andrade (85), cuyos cuerpos fueron hallados al sofocarse el siniestro de su vivienda y hostal, la madrugada del 11 de agosto.

Ante la gravedad de las penas asignadas a los ilícitos, que pueden llegar al presidio perpetuo calificado, el encartado quedó preso. Sin embargo, para su defensa existe la convicción que este castreño no intervino en los hechos.

De acuerdo a lo indicado por el jurista Yerko Yáñez, su representado se encontraba en la capital de la Región de La Araucanía cuando se produjo el crimen. Una postura que busca refrendar, en un primer momento, ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

"Tenemos cinco días para apelar y estamos trabajando arduamente para recabar pruebas que permitan acreditar que (el imputado) estaba en Temuco el día en que ocurrió el incendio", explicó el profesional.

Asimismo, la fuente enfatizó que tienen evidencia para confirmar esta teoría, la cual no lograron incorporar antes que se encausara la indagatoria contra el chilote, quien hace unos tres meses estaría radicado con uno de sus hijos en la ciudad del Ñielol.

"Con esta evidencia que estamos juntando, queremos demostrar que mi representado no estaba en Castro", insistió el abogado, adelantando que dentro de las pruebas se encontrarían testigos y elementos gráficos para sustentar la coartada. Un cúmulo de antecedentes que presentaría en otras instancias procesales, como un eventual juicio.

Junto con la información que respalde su hipótesis, la defensa particular igual cuestionó los datos que presentó el Ministerio Público para asociar intervención de su cliente en los hechos, los cuales están basados en el trabajo que realizó el Laboratorio de Criminalística (Labocar) y el OS-9 de Carabineros de Puerto Montt, junto a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Castro.

"Se presentaron informes, registros de cámaras donde supuestamente mi representado sale merodeando las cercanías del domicilio de las víctimas, lo cual cuestionamos, ya que no se puede acreditar que sea él", apuntó Yáñez.

Agregó que los antecedentes fiscales "me parecieron débiles para sustentar lo que creo fue una apresurada formalización. Se debieron tomar muestras científicas, lo que no se hizo".

Diligencias

Dentro de las diligencias que buscará la defensa se encuentra el registro de cámaras de seguridad de locales comerciales y de televigilancia presentes en el área cercana a la residencia del encartado. Se pretende demostrar que estuvo en Temuco y no en la Isla durante la fatídica jornada.

"Ese día mi cliente realizó una serie de compras, lo cual buscaremos graficar con estas imágenes. También habría registros cerca de su domicilio, puesto que vive a una cuadra de un cuartel GOPE de Temuco, donde hay hartas cámaras", insistió el defensor.

Mientras se prepara esta apelación, el fiscal Luis Barría sigue con las pericias que permitan sustentar los futuros cargos dentro de una causa que puede sumar nuevos intervinientes acusadores.

Antecedentes

En los albores de la investigación formal por este caso, el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD) está reuniendo los antecedentes para llegar a un eventual patrocinio a la víctima. Como adelantó su coordinador, Álex Contreras, "estamos tratando de contactar a la hija" del matrimonio fallecido y explicar los alcances de lo que sería una intervención integral en su favor, sumando una querella. Por su parte, el titular regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Mauricio Aroca, junto con lamentar esta tragedia, remarcó que como organismo "no podemos hacernos parte de la causa, por ley", aunque explicó que como en otros casos prestan acompañamiento técnico.

120 días se decretaron para llevar a cabo la investigación formal por esta causa.

520 kilómetros separan la ciudad de Temuco con Castro, donde se registró el crimen.

Incautan casi 2 toneladas de almejas

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La Capitanía de Puerto de Quellón en un patrullaje realizado ayer en el Terminal Pesquero Artesanal a embarcaciones con recursos bentónicos, logró incautar casi 2 toneladas de almejas.

Tal como explicó el jefe de esta unidad naval, el capitán de corbeta Ricardo Henríquez, se detectó a dos naves menores, ambas con matrícula de Quellón, desembarcando estos mariscos "que se encontraban bajo talla mínima legal de extracción, infringiendo así el artículo 119 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Por lo que en el procedimiento llevado a cabo en conjunto con el Servicio Nacional de Pesca (y Acuicultura, Sernapesca) se procedió a la incautación de un total de 1.824 kilos del recurso".

Los infractores, el patrón de la lancha a motor Océano I y su símil de la nave Tormenta, quedaron citados a comparecer ante el Juzgado de Letras de Quellón y la carga quedó en su poder en calidad de depositarios provisionales.