Madre de niñita que sufrió abuso sexual infantil insta a denunciar este flagelo
Las agresiones reiteradas ocurrieron en el sector Chovi San Juan de Dalcahue. La vecina llamó a las familias a "atreverse" a notificar y "no callar" estos ultrajes.
Por completo le cambió la vida a una familia chilota al sufrir los alcances de una agresión sexual infantil. Su pequeño tesoro, cuando recién se empinaba por los 8 años comenzó a sufrir los ultrajes del "abuelastro". Un delito de abuso reiterado que el mismo depravado reconoció, accediendo a una pena sustitutiva. No fue el término judicial que esperaba la madre de la pequeña, aunque reconoció el valor de una condena en el marco de un flagelo que ella instó a denunciar.
Al ser reconocidas las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial, al admitir los hechos de la acusación, el sujeto de iniciales J. R. V. O. (75) accedió a un procedimiento abreviado en el Juzgado de Garantía de Castro, lo que posibilitó ver reducida su sentencia.
3 años de libertad vigilada intensiva dictó la magistrada Jésica Yáñez contra el encartado, como responsable de los aberrantes ataques contra la menor, perpetrados entre el 2015 y diciembre del 2019 en el sector de Chovi San Juan de Dalcahue.
Como describió D. L., madre de la víctima, aceptaron esta forma de término "para no exponer a mi hija a un juicio oral, donde tendría que declarar de nuevo y revivir todas estas cosas".
Detalles
La fuente detalló que las agresiones se produjeron en el predio que compartían en esta localidad rural.
"Vivimos por 11 años en Chovi San Juan. Nuestra casa y la de él (acusado) estaban cerca, así que coincidían muchas veces, oportunidades en que aprovechaba de abusarla. Ella nos contó en abril del 2020 lo que pasaba, denunciamos de inmediato ante la Policía de Investigaciones (PDI) y a los pocos días nos fuimos de ese lugar", acotó la vecina, reconociendo que están analizando si su otro hijo menor sufrió también vulneraciones de este anciano.
Junto con admitir que este fallo no la deja conforme, la progenitora remarcó que "esta es la justicia que hay y se debe aceptar", sumando que también debe existir una sanción social, para lo cual no dudó en advertir a la comunidad sobre estos delincuentes y la necesidad de notificar cualquier agresión sexual infantil.
"La gente debe tener cuidado porque las personas que cometen estos delitos, pueden reincidir. Cárcel deberían tener todos los que cometen estos delitos, puesto que no es justo que queden libres, mientras las víctimas sufren un trauma muy grande, daño que se extiende a toda la familia", manifestó.
Bajo este escenario, su mensaje fue insistir en que "todos se atrevan a denunciar, que no se callen estos hechos por ser alguien cercano el responsable. Hay mucho miedo también, yo lo tuve, pero el llamado es a ser firmes y dar cuenta de estos casos, puesto que los hijos de uno son lo más importante".
Circunstancias y accesorias
El fiscal de esta causa, Enrique Canales, explicó que se llegó a este abreviado, en consideración a la "pena asignada al delito, que no sea superior a los 5 años de presidio", como ocurre con el abuso sexual impropio. A ello, se suma el reconocimiento de los hechos por parte del acusado. Bajo ese escenario, se puede configurar una pena sustitutiva, en la que también inciden "las circunstancias modificatorias que concurren y su calidad. En esta causa, se consideraron la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial, lo que permitió llegar a esta sanción". Pese a ello, el persecutor valoró las penas accesorias dictadas, como fueron "la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal; la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos, oficios o profesiones ejercidos en contacto con menores de edad; la prohibición de acercarse a la víctima hasta que esta alcance la mayoría de edad, y la incorporación de la huella genética en el registro nacional de condenados".