Diego Gotelli C. - Medios Regionales

Una alerta por una posible presencia de cianuro movilizó a cinco carros de bomberos la noche del lunes hasta la Clínica Dávila, recinto de Recoleta hasta donde llegaron una mujer junto a su hija de 10 años presentando ambas síntomas graves de intoxicación.

A raíz de la emergencia química los voluntarios aislaron la urgencia pediátrica mientras se intentaba reanimar a la niña, quien pese a las maniobras terminó falleciendo en el recinto. Su madre, en tanto, ayer seguía internada en el lugar.

Un operativo similar se dispuso en el hogar de la familia, un edificio ubicado a pocas cuadras del centro asistencial, donde Carabineros realizó pericias para corroborar qué causó la muerte de la menor, algo que ayer no estaba claro.

El capitán Mario Hernández, de la Cuarta Compañía de Bomberos de Santiago, contó que al llegar al sitio detectaron "parámetros anormales" en las mediciones de gas y verificaron la presencia de una sustancia "indeterminada" que fue contenida.

Por la tarde la Fiscalía Centro Norte puso en duda que se tratase de cianuro, pues esa sustancia no fue hallada en las primeras pericias a la menor. Pese a ello, se esperan los resultados de la autopsia y del análisis del hogar.

Vecinos del lugar apuntaron a que podría tratarse de algún químico adquirido por la mujer para combatir la presencia de ratones que tendría el edificio, según consignó radio Cooperativa. Otros aluden a que podrían haberse visto afectados en un eventual envenenamiento del perro familiar, mascota que también fue encontrada muerta el lunes por una presunta intoxicación y que, según consignó Canal 13, dormía junto con la menor fallecida.

Aún sin entender lo ocurrido, el padre de la niña, Ángel García, arremetió contra el SAPU Zapadores, lugar al que aseveró haber llevado a su pequeña horas antes de su muerte por los malestares, siendo dada de alta a las dos horas con instrucciones de consumir medicamentos.

"Me dijeron que estaba bien", afirmó, acusando una "negligencia" del servicio.

Un paquete de medidas anunció ayer el municipio de Providencia para combatir la inseguridad con la que viven vecinos del popular barrio Bellavista de la capital, sector donde en los últimos años son frecuentes los delitos.

"El barrio Bellavista ha tenido un periodo de demasiada delincuencia, pero lo vamos a recuperar", dijo la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI), quien junto a las policías prometió un aumento en las fiscalizaciones y patrullajes por las inmediaciones de la zona frecuentada en las noches.

Afirmó además que antes de fin de año se triplicarán las cámaras de seguridad en el sector, pasando de 11 a 35, e informó que la Fiscalía abrió un foco investigativo para buscar a las "mafias" que, comenta, estarían tras los delitos que ocurren en el lugar.

El plan llamado "Bellavista Segura" incluye endurecer la fiscalización a locales conflictivos, de los cuales a siete se les quitó "para siempre" su patente de alcoholes por reiteración de sanciones, y otros cuatro han sido clausurados.

La estrategia también considera medidas complementarias como bajar la velocidad en ciertas calles y eliminar estacionamientos en superficie. Esto último pues, según la jefa comunal gremialista, "muchos" de los aparcadores ilegales estarían involucrados en la venta de drogas y en señalar víctimas para que sean asaltadas.

Pola Álvarez, la enfermera que recibió once puñaladas cuando salía de su turno en una clínica capitalina, contó que se mantiene con ayuda psicológica tras el ataque por el que fueron formalizados una excolega y la pareja de ella. En su primera aparición en los medios tras ser dada de alta, la profesional dijo recordar todo lo ocurrido aquel 26 de junio en Las Condes, donde un motorista que iba con su foto la abordó para acuchillarla.

Contó que la primera puñalada la recibió en el abdomen y fue absorbida por una faja de silicona que usaba en su trabajo. "Esa faja me salvó la vida", aseguró. También narró que malherida pedía ver a sus hijos, pues creía que se iba a morir.

"Es una cosa que no debería haber pasado jamás. Es un ataque frío, sin conciencia. Fue motivado por la maldad de dos personas", señaló Álvarez, quien ha atribuido la agresión a celos profesionales por parte de su excolega.

"Quiso asesinarme porque la bajaron de rango y me subieron a mí", cerró.

En una jornada más breve de lo esperado, la Cámara de Diputadas y Diputados tras dos horas de sesión determinó dar de baja la acusación constitucional contra la ministra del Interior y Seguridad Ciudadana, Izkia Siches, a quien la bancada del Partido Republicano la acusaba de comprometer el honor y seguridad de la nación y de dejar sin ejecución las leyes.

La defensa de la jefa del gabinete presidencial cuestionó que el libelo cumpliera los requisitos constitucionales para ser presentado e invocó la llamada "cuestión previa", lo que fue acogido por 84 parlamentarios y rechazado por 57, con la abstención de 2 parlamentarios, dándose por acabada su tramitación y considerándose el libelo como no presentado.

La votación marcó una división en la oposición, con RN apoyando que avance el libelo, Evópoli rechazándolo, y con una repartición de sufragios en la UDI. "Deben meditar sobre su actuar", les dijo el jefe de bancada de Republicanos, Cristóbal Urruticoechea.

Siches valoró el resultado y recalcó que la acusación "era infundada". Por su parte, el Presidente Gabriel Boric comentó estar "contento" con la decisión y llamó a poner los esfuerzos en combatir la delincuencia "y no en estas peleas que al final no llevan a nada y que no tienen sustento".