Privado de libertad queda obrero indagado por 3 delitos en Quellón
Sujeto fue formalizado por lesiones graves en VIF, tráfico de drogas y porte de municiones.
En espera de la resolución de alzada, para establecer si queda privado de libertad en su casa o en la cárcel, se encuentra un sujeto formalizado ayer por tres delitos en Quellón. Una causa que se abrió por violencia intrafamiliar (VIF) y que se amplió ante la develación de la propia víctima. No dudó en acusar a su padre como portador de drogas y armamento.
Personal de la Sexta Comisaría de Carabineros local logró la detención del obrero de iniciales M. P. C. V. (48), luego de constituirse en el domicilio que compartía con su hijo en la calle Amador Cárdenas de la villa Aytué, en el sector alto de la ciudad. El joven de 21 años había denunciado a su progenitor de una feroz golpiza.
Tras la sindicación del afectado, los efectivos uniformados concretaron en el marco de la flagrancia la aprehensión del encartado por la agresión. Sin embargo, se debió extender el dispositivo ante nuevos antecedentes que presentó la víctima.
"Se informó al Ministerio Público que dispuso la concurrencia de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la unidad para materializar una orden de entrada, registro e incautación", advirtió el jefe de la unidad base, el mayor Iván Ulloa, detallando que en el dispositivo se hallaron 323 gramos de cocaína, 13,6 gramos de marihuana, una pesa digital y otros elementos de dosificación, más 11 cartuchos de escopeta y un revólver a fogueo.
Los funcionarios policiales fijaron fotográficamente el sitio del suceso, una casa de unos 60 metros cuadrados de construcción, y levantaron las especies. Las sustancias ilícitas fueron remitidas al Servicio de Salud Chiloé para su análisis, mientras que el arma y las municiones se derivaron al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Puerto Montt para su peritaje de rigor.
Con todos estos antecedentes, durante este viernes se controló la detención del imputado ante el Juzgado Mixto porteño, la que no fue incidentada. Además, la fiscal Karyn Alegría formalizó una indagatoria por lesiones graves en contexto de VIF, tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de municiones.
Cautelar
La persecutora invocó la cautelar más intensiva contra el sujeto que tiene condenas anteriores por abuso sexual y VIF, en base al número y gravedad de los delitos encausados, como por su forma de comisión. También adujo que no tiene irreprochable conducta anterior. "Estamos hablando de más de 320 gramos de clorhidrato de cocaína, más 11 cartuchos de escopeta, más lesiones graves por una eventual fractura de clavícula a la víctima, más elementos de dosificación incautados... Claramente la libertad de esta persona constituye un peligro para la seguridad de la sociedad", sostuvo la abogada.
Por su parte, el defensor Darwin Loreto se opuso a esta precautoria cuestionando la calificación jurídica de los hechos.
Con relación a las imputaciones por VIF, el abogado enfatizó que "no se presentaron antecedentes para acreditar la real magnitud de las lesiones. Además, mi representado tiene una versión diversa, dando cuenta que esa fractura databa de hace una semana".
En cuanto a la infracción a la Ley de Drogas, el jurista alegó que "el tráfico no sería tal, siendo más bien un consumo o en su defecto un microtráfico"; mientras que por las municiones, expuso que "faltaba el peritaje para determinar si estaban aptas para ser percutadas, tampoco existía un arma para tales efectos".
Sustitutiva
Bajo este escenario, en el que se podría desvirtuar uno de los delitos y recalificar a la baja los otros dos, el profesional mencionó que la prisión preventiva sería desproporcionada, puesto que ante una salida judicial anticipada, como un abreviado, "mi representado podría optar a una pena sustitutiva, como la libertad vigilada intensiva", aclaró.
Parte de estos argumentos fueron acogidos por el magistrado Pablo Farfán, quien decretó el arresto domiciliario total. Sin embargo, en la misma sesión judicial, la fiscal Alegría apeló verbalmente contra este dictamen. Por ello, será la Corte de Apelaciones de Puerto Montt la que decidirá la cautelar a imponer a este sujeto, quien se mantiene esperando este fallo de alzada en la unidad penal de la capital chilota.
180 días se decretaron para el desarrollo de las pesquisas formales por esta causa.