Redacción

Mañana debutará la Prueba de Acceso a la Educación Universitaria (PAES), que reemplaza a Prueba de Transición Universitaria (PDT), que se rindió durante dos años; y no se trata solo de un cambio de nombre, sino que tendrá varias diferencias y novedades respecto a su antecesora y a la extinta Prueba de Selección Universitaria (PSU), que fue aplicada por última vez en 2020.

Entre las diferencias de este nuevo examen con los anteriores destaca que tendrá preguntas que estén orientadas más hacia la evaluación de competencias, por encima de los conocimientos.

La subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, explicó que "estas pruebas fueron elaboradas con el propósito de transitar hacia un sistema de acceso más equitativo y justo, que pone al centro a las y los postulantes y que, además, reconoce la diversidad de sus talentos".

También se destaca que estará basada en temarios acordes a la priorización curricular que es realizada por el Ministerio de Educación, que tiene en cuenta los efectos educacionales causados por la pandemia en los estudiantes durante los últimos dos años.

Otra de las grandes novedades será que habrá dos pruebas de Matemáticas: una obligatoria para todos los estudiantes y otra con mayor dificultad y que será exigida como requisito para postular a determinadas carreras.

Tres oportunidades

También hay que considerar que habrá tres oportunidades para rendir esta prueba. Así explicó a Emol TV Luis Vidal, director nacional de Difusión de la Universidad Andrés Bello: "La primera será ahora en noviembre, después habrá una segunda instancia en invierno para los estudiantes ya egresados, y la última será en este mismo mes, pero del 2023".

Esto se suma que quienes la den en esta oportunidad tendrán la posibilidad de combinar sus puntajes con los que obtengan en las pruebas de invierno o en la de 2023, si es que deciden rendirlas.

Nuevos puntajes

Otra diferencia es que la escala de puntajes será distinta a las pruebas anteriores, ya que el máximo no será de 850, sino que la puntuación tendrá un mínimo de 100 y un tope de 1.000 puntos positivos.

Además se reemplazará la lógica de "puntajes nacionales", los que pasarán a llamarse Distinciones de Trayectorias Educativas (DTE), en las que se valorará a cerca de 160 estudiantes a nivel nacional no solo por su desempeño, sino también por su región, el tipo de colegio al que asistían, pueblos originarios a los que pertenecen y personas en situación de discapacidad.

Una de las principales recomendaciones entregadas desde las autoridades de Educación es llegar 15 minutos antes del inicio de las pruebas, con el fin de anticiparse a posibles retrasos en el trayecto hasta el lugar de rendición. También se recuerda que todos deben llevar su carnet de identidad o pasaporte, así como un lápiz grafito N°2, una goma de borrar y su tarjeta de identificación impresa (que se obtiene en los sitios acceso.mineduc.cl y www.demre.cl).

Un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por el dueño de un predio en Reñaca Alto que fue tomado por un grupo de personas hace más de un año, determinación judicial que puede cambiar el rumbo de la aplicación del derecho de propiedad en este tipo de casos que se han extendido por el país en los últimos años.

"Este (fallo) es un espaldarazo al derecho de propiedad", afirmó a radio Biobío el abogado Waldo del Villar, representante legal de José Massú Márquez, que sufrió la usurpación de dos parcelas por parte de un grupo de 85 personas.

Desde entonces el propietario comenzó una serie de acciones legales para retomar el control de los terrenos, los que no tuvieron apoyo de autoridades locales y del Ministerio Público, por lo que parecía que correría la misma suerte que otros casos en los que se enviaba al afectado a liderar por su cuenta la coordinación del desalojo, sin fecha exacta para la restitución.

Sin embargo, este fallo determinó que "se deberá hacer abandono del inmueble, disponiendo de un plazo máximo de seis meses desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres además de las construcciones realizadas en el asentamiento". Y pidió que se oficie al Ministerio del Interior y al de Desarrollo Social sobre la decisión del máximo tribunal que añade que si no se ejecuta el abandono voluntario se debe ordenar "el desalojo inmediato, con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición".

Atención

El fallo también apuntó a las autoridades políticas y administrativas del país al sostener que "se le debe prestar atención a la falta de celeridad en la tramitación de las distintas acciones legales previstas en nuestro ordenamiento jurídico para obtener la restitución de un bien inmueble ocupado de manera irregular por personas con precariedad".

"Los derechos de uso y goce del titular de la propiedad se verán en gran medida mermados a causa de la prolongada tramitación de los procedimientos (determinados en la legislación), su compleja notificación y otras circunstancias que dificultan la singularización de los requeridos".