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"Nos estamos quemando enteros. Nosotros no damos abasto y estamos solos", Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana, solicitando que el Gobierno decretara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la Región del Biobío, lo que finalmente sí fue determinado por el Ejecutivo. La medida primeramente solo fue para Ñuble, ante la gran cantidad de incendios forestales por intensa ola de calor.

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La Cumbre en Buenos Aires de los jefes de Estado y de Gobierno de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) adoptó un largo listado de compromisos, con 111 puntos de la agenda global, "dentro de la unidad y diversidad política, económica y cultural". Entre ellos, condiciones financieras, seguridad alimentaria, cooperación ambiental, brecha de género, integración, zona de paz, preocupación por la pandemia y medidas sanitarias, medicamentos de alto costo, drogas, gestión de desastres, innovación, inclusión social, trasformación digital, infraestructura, situación de mujeres jóvenes y niñas, lenguas indígenas, migraciones, discapacidad, cultura, cooperación de academias diplomáticas, corrupción y coordinación en organismos.

En lo contingente, el documento se refirió a Cuba para poner fin al bloqueo y sacarlo de la lista del terrorismo; Venezuela y las negociaciones gobierno-plataforma unitaria; Malvinas y respaldo a Argentina, y Puerto Rico, enfatizando su carácter latinoamericano. Puntos plenos de propósitos acordes a las reiteradas aspiraciones regionales.

La Celac no estuvo exenta de divergencias, algunas muy profundas, que se evidenciaron en réplicas y hasta cruces de opiniones entre los altos más representantes. Era de esperar, pues existen ciertas situaciones que se evalúan con posiciones políticas e ideológicas antagónicas, sin la unidad proclamada. Es el caso de la vigencia del régimen democrático en Cuba, Nicaragua o Venezuela, junto a los derechos humanos, las desigualdades o los derechos civiles, enfatizados de diferentes maneras y perspectivas. Otro tanto sobre Perú, el apoyo o rechazo al depuesto presidente Castillo y a la actual presidenta Boluarte, claramente criticada por gobiernos pertenecientes al Grupo de Puebla, que desempeñó un papel gravitante coordinado con antelación. No faltaron tampoco las habituales arengas de los líderes latinoamericanos, que motivaron enérgicas respuestas y acusaciones de injerencia indebida.

Episodios aislados, pero que comprometen y postergan las necesidades principales que lograron adhesión.