L. R. C. - Medios Regionales

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, valoró ayer los acuerdos que ha logrado el Comité de Expertos que elabora el anteproyecto constitucional sobre el cual trabajarán los consejeros electos hace una semana, instancia en la que la colectividad tendrá la mayor cantidad de representantes.

Para el exdiputado existen "elementos positivos" en la propuesta que será votada desde el martes, luego que el jueves finalizara el trabajo de las subcomisiones y se revisaran más de 900 enmiendas.

En esta fase quedó definido que se planteará que Chile sea un Estado social y democrático de derecho -tal como se estipuló en los bordes-, y "que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas".

Entre otros aspectos, la propuesta pone mínimos de representación para seguir existiendo como partido político y dispone que un parlamentario que deje de militar, como el ser expulsado en una colectividad, pierde el escaño.

Paridad y nación

Asimismo, fija una paridad transitoria de 60/40%; consagra la iniciativa popular de ley con requisitos de un 4% del padrón patrocinándola; mantiene el presidencialismo, y añade que "la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

"El anteproyecto de los expertos tiene elementos positivos, varios de ellos similares a la Constitución vigente, además de algunos ajustes positivos en materia de sistema político", comentó a Emol el republicano Squella.

"Sin embargo, quedan claros desafíos pendientes en materia de resguardos de derechos y libertades fundamentales y otras materias que, creo, hay espacio para avanzar significativamente, como descentralización y modernización del Estado (...). Nuestro deber es estudiar a fondo el proyecto y prepararnos junto a nuestros consejeros para mejorar la propuesta en todos los aspectos para llegar con un buen borrador en diciembre", agregó.

Las votaciones del documento comenzarán el martes, pues el texto debe estar terminado para cuando el 7 de junio asuman los consejeros, que propondrán una Constitución al país a votar en un plebiscito en diciembre.

"Lo que más hicimos fue ponernos de acuerdo, unir las ideas de distintas enmiendas para escribir lo que se llamaban enmiendas de común propósito, enmiendas amistosas. Esa fue la tónica en el fondo de este proceso, de manera que tengamos una Constitución habilitante, en la que podamos convivir todas las ideas que están presentes en una sociedad como la chilena que es muy pluralista", manifestó a radio Cooperativa la presidenta del Comité de Expertos, Verónica Undurraga (PPD).

"Nuestro deber es estudiar a fondo el proyecto y prepararnos junto a nuestros consejeros para mejorar la propuesta".

Arturo Squella,, presidente del Partido, Republicano de Chile.

L. R. C. - Medios Regionales

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, valoró ayer los acuerdos que ha logrado el Comité de Expertos que elabora el anteproyecto constitucional sobre el cual trabajarán los consejeros electos hace una semana, instancia en la que la colectividad tendrá la mayor cantidad de representantes.

Para el exdiputado existen "elementos positivos" en la propuesta que será votada desde el martes, luego que el jueves finalizara el trabajo de las subcomisiones y se revisaran más de 900 enmiendas.

En esta fase quedó definido que se planteará que Chile sea un Estado social y democrático de derecho -tal como se estipuló en los bordes-, y "que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas".

Entre otros aspectos, la propuesta pone mínimos de representación para seguir existiendo como partido político y dispone que un parlamentario que deje de militar, como el ser expulsado en una colectividad, pierde el escaño.

Paridad y nación

Asimismo, fija una paridad transitoria de 60/40%; consagra la iniciativa popular de ley con requisitos de un 4% del padrón patrocinándola; mantiene el presidencialismo, y añade que "la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

"El anteproyecto de los expertos tiene elementos positivos, varios de ellos similares a la Constitución vigente, además de algunos ajustes positivos en materia de sistema político", comentó a Emol el republicano Squella.

"Sin embargo, quedan claros desafíos pendientes en materia de resguardos de derechos y libertades fundamentales y otras materias que, creo, hay espacio para avanzar significativamente, como descentralización y modernización del Estado (...). Nuestro deber es estudiar a fondo el proyecto y prepararnos junto a nuestros consejeros para mejorar la propuesta en todos los aspectos para llegar con un buen borrador en diciembre", agregó.

Las votaciones del documento comenzarán el martes, pues el texto debe estar terminado para cuando el 7 de junio asuman los consejeros, que propondrán una Constitución al país a votar en un plebiscito en diciembre.

"Lo que más hicimos fue ponernos de acuerdo, unir las ideas de distintas enmiendas para escribir lo que se llamaban enmiendas de común propósito, enmiendas amistosas. Esa fue la tónica en el fondo de este proceso, de manera que tengamos una Constitución habilitante, en la que podamos convivir todas las ideas que están presentes en una sociedad como la chilena que es muy pluralista", manifestó a radio Cooperativa la presidenta del Comité de Expertos, Verónica Undurraga (PPD).

"Nuestro deber es estudiar a fondo el proyecto y prepararnos junto a nuestros consejeros para mejorar la propuesta".

Arturo Squella,, presidente del Partido, Republicano de Chile.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, descartó recurrir al Tribunal Constitucional en contra de la iniciativa de la oposición que busca habilitar una reforma para hacer viable el futuro de las isapres ante el fallo de la Corte Suprema que obliga a devolver 1.400 millones de dólares cobrados en exceso desde 2020 a 720 mil cotizantes, a quienes además debe bajarles los planes.

Cordero defendió el proyecto de ley corta del Gobierno que busca cumplir la determinación judicial, pero que las prestadoras han asegurado que significará el fin de su actividad en cuatro meses, afectando a todo el sistema.

"Es irresponsable por parte de la industria no dar una solución a sus afiliados. En cambio, se han dedicado a establecer una campaña del terror, basados en algo que me parece completamente impropio de una industria regulada: amenazar sobre la base de prestaciones que afectan a un grupo de personas", dijo a Diario Financiero.

"No conozco una industria regulada tan beligerante como las isapres. Van al Congreso a hablar sobre la fatalidad de la situación. Y construyen el relato de que han cumplido la ley, como si la sentencia no existiera. Entonces, ¿cómo se explica la abrumadora sentencia de la Corte Suprema en contra de las isapres?", agregó, llamando a estas empresas que transparenten si necesitan un "salvataje", para aclarar el debate y buscar una solución.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, descartó recurrir al Tribunal Constitucional en contra de la iniciativa de la oposición que busca habilitar una reforma para hacer viable el futuro de las isapres ante el fallo de la Corte Suprema que obliga a devolver 1.400 millones de dólares cobrados en exceso desde 2020 a 720 mil cotizantes, a quienes además debe bajarles los planes.

Cordero defendió el proyecto de ley corta del Gobierno que busca cumplir la determinación judicial, pero que las prestadoras han asegurado que significará el fin de su actividad en cuatro meses, afectando a todo el sistema.

"Es irresponsable por parte de la industria no dar una solución a sus afiliados. En cambio, se han dedicado a establecer una campaña del terror, basados en algo que me parece completamente impropio de una industria regulada: amenazar sobre la base de prestaciones que afectan a un grupo de personas", dijo a Diario Financiero.

"No conozco una industria regulada tan beligerante como las isapres. Van al Congreso a hablar sobre la fatalidad de la situación. Y construyen el relato de que han cumplido la ley, como si la sentencia no existiera. Entonces, ¿cómo se explica la abrumadora sentencia de la Corte Suprema en contra de las isapres?", agregó, llamando a estas empresas que transparenten si necesitan un "salvataje", para aclarar el debate y buscar una solución.