La Policía de Investigaciones detuvo ayer al representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, y al exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, ambos exmilitantes de RD, por las indagatorias que desarrolla el Ministerio Público por la suscripción de tres convenios presuntamente fraudulentos por $426 millones por parte del Minvu con la fundación.
Según detalló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, solicitó las órdenes de detención al tribunal de garantía de esa ciudad, las cuales se llevaron a cabo en Santiago.
Andrade fue capturado en la casa de su madre en La Florida, mientras que Contreras fue apresado en el Aeropuerto de Santiago cuando venía llegando de Antofagasta.
Ambos fueron trasladados ayer a Antofagasta, donde hoy se realizará su control de detención y posterior formalización. La Fiscalía, que determinó separar este caso del resto de indagatorias del caso Convenios, investiga los delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
Entre los informes contenidos en la investigación de la PDI y que se presentarían en la formalización destaca la coordinación entre los involucrados mediante WhatsApp. Por dicha red Andrade le habría dicho a la concejala de RD de Antofagasta Paz Fuica que Contreras le dijo que "cree que el Serviu como que nos quiere espantar del convenio, para que no lo hagamos". Ella lo tranquilizó.
El abogado de Contreras, Andrés Bustos, sostuvo en una declaración pública que le "sorprende la orden de detención (...). Pues desde el inicio de la investigación hemos estado en comunicaciones directas con dicha institución para colaborar con esclarecimiento de los hechos".
A su juicio, "esta acción es desproporcionada e injustificada (...). Si el objetivo era proceder con la formalización, ello podría haber sido llevado a cabo mediante la correspondiente citación".
Por su parte, el abogado de Andrade, Ignacio Figueroa, mencionó que "era absolutamente posible que le despacharan una orden de detención, pero no compartimos el criterio (...). Es una exageración que despachen una orden de detención para asegurar su comparecencia (...). Daniel Andrade no se levantó una mañana pensando en defraudar al fisco".
Sobre la detención, el fiscal nacional, Ángel Valencia, apuntó que "esperamos que el tribunal acoja todas las peticiones (del fiscal) y que, en definitiva, no solo esclarezcamos los hechos, sino que se dicten sentencias condenatorias muy severas contra quienes hayan cometido delitos".
Remezón político
Luego de conocerse la detención de ambos, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentó que "valoramos profundamente este avance de la justicia (...), porque todo avance en esta investigación también es un golpe a la corrupción".
La diputada Catalina Pérez, expareja de Andrade y quien tuvo a Contreras como jefe de asesores, negó nuevamente haber recibido dinero por este convenio y agregó que "soy la primera interesada en que esto se aclare".
Ayer se conoció también la declaración que prestó a la PDI y a la Fiscalía la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, quien salió de la cartera luego del escándalo. En ella habló que "yo le confeccioné al ministro (de Vivienda, Carlos Montes) un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva (...). Dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso saliera en la prensa", el 16 de junio.
Ante este antecedente las bancadas del Partido Republicano y Chile Vamos anunciaron que si el Presidente Gabriel Boric no le pide la renuncia ahora al ministro Carlos Montes, el lunes presentarán una acusación constitucional contra el secretario de Estado. El diputado de la DC Eric Aedo también pidió su salida, acusando responsabilidad política en lo acontecido.
Por la tarde, Montes respondió a radio ADN que "yo no tuve acceso a ninguna información" de la que hizo alusión Rojas y destacó el avance de la investigación. Por la mañana había acotado que no renunciaría.
