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Organizaciones chilotas llaman a no decretar más "Ecmpo"

Pescadores artesanales y otras agrupaciones isleñas de distinto ámbito acusan mala utilización de la llamada Ley Lafkenche en la zona, anunciando incluso próximas acciones de protesta. Hoy hombres de mar se reúnen con autoridad de Subpesca en Quellón por el tema. Vocero de iniciativa de un espacio protegido marino en isla Guafo menciona que hay un "problema administrativo", pero no "legislativo". Gobernador Vallespín dice que hay que cambiar la norma y acusó que ya existirían casos de extorsión en el uso del borde costero en la región.
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Julián Gesell Viveros

Una veintena de organizaciones de Chiloé, la mayoría ligadas al mundo de la pesca, pero también de carpinteros de ribera, de trabajadores del salmón, transportistas de carga y hasta del mismo mundo huilliche, redactaron en una declaración pública su crítica a las solicitudes de Ecmpo (espacios costeros marinos de los pueblos originarios), acusando una "mala utilización de la Ley Lafkenche" que les está quitando "el derecho a ejercer nuestro trabajo histórico".

Los firmantes llaman "a nuestras autoridades comunales y regionalistas Crubc (Comisión Regional de Uso de Borde Costero) a votar rechazo a todas las solicitudes de Ecmpo que se votarán el 31 de mayo". En parte de los seis puntos de la misiva recalcan que la "Ley Lafkenche detiene el desarrollo y la economía de la región, deteniendo todo tipo de inversiones, sean estas de carácter comunitario, social o privado que estén solicitando permiso o concesiones para desarrollar actividades".

Desde una de las organizaciones, Pedro Pairo, presidente del Sindicato de Pescadores Isla Laitec de Quellón, acusó "la falta de claridad y los vacíos legales de esta ley", agregando que esto se extiende incluso a las que pasarán próximamente a la Crubc de Los Lagos.

"Vamos a pedir un proceso al Estado de Chile, que tiene que paralizar todas estas solicitudes mientras no tengamos la certeza y claridad. Hoy día los espacios costeros se les entrega a las puras comunidades, que son de la alta marea hasta dos millas afuera, o sea, que la pesca artesanal no está en ninguna parte contemplado", indicó el dirigente del sur del Archipiélago.

De acuerdo a Pairo, "hoy en día sin la autorización de las comunidades tú no puedes hacer ningún adelantamiento en una caleta, si quieres hacer algo turístico, o una rampa tienes que sacar permiso a una comunidad y si ella no te da, no se hace no más, lo que influye en la economía y el progreso de cada sector de diferentes partes de la región".

Al decir del también integrante de la Mesa Regional Bentónica de Los Lagos, vienen "un montón de solicitudes", aseverando que se trata de la isla Laitec completa, sector Cailín, la costa de Coldita hacia el sur y caleta Zorra.

El representante añadió que para este miércoles se tiene programada una caminata de parte de pescadores artesanales de manera simultánea en Ancud y Quellón, no descartando la movilización de otras caletas de la provincia por esta situación, añadiendo que hoy hombres de mar se reunirán con el jefe zonal de Pesca en Quellón, personero que viaja a la zona justamente por el reclamo en contra de los Ecmpo.

Defensor

Un problema de administración y no una falla de la Ley Lafquenche esgrimió, por su parte, el lonco de la comunidad huilliche de Yaldad, Cristián Chiguay, quien también es vocero de la iniciativa Wafo Wapi por la que se quiere un Ecmpo para la isla Guafo, una de las más grandes y la más apartadas del Archipiélago de Chiloé, la misma que también hizo noticia en 2020 y 2022 por ser ofertada por sus dueños en millones de dólares en plataformas de propiedades de lujo.

Según el también quellonino, los comuneros siempre han estado abiertos a realizar un trabajo colaborativo para la utilización de estos espacios costeros. "Nosotros en ningún caso hemos hecho mal uso de las Ecmpo, al menos yo me refiero a Wafo Wapi y a las otras Ecmpo que están en el círculo nuestro trabajando. Y hay mucha desinformación de parte del Gobierno y también de parte de la pesca artesanal, en algunos casos también de las comunidades que no entienden el espíritu de las Ecmpo".

Chiguay catalogó que el "problema que tiene es administrativo, no legislativo".

En Chiloé, según la plataforma web de Subpesca (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura), existen 8 de estos espacios costeros y marinos de los pueblos originarios y son más de 30 solicitudes en trámite para optar a ellos, cuya administración es entregada a perpetuidad a comunidades indígenas o asociaciones de ellas que, de acuerdo a la norma, han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio constatado por Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena).

Autoridades

Desde Subpesca, su director zonal, Alberto Millaquén, adelantó que el objetivo de la reunión de trabajo este lunes "es escuchar a la pesca artesanal, levantar algunos informes que ellos nos entregan de caladeros, bancos naturales, praderas naturales que históricamente han trabajado y eso incorporarlo al informe que debemos enviar nosotros como subsecretaria a la secretaria técnica de la Crubc".

El personero enfatizó que, como Gobierno, "nos interesa que por la tranquilidad y la armonía de personas que son pescadores o son parte de comunidades se eviten los conflictos y descalificaciones; buscar el entendimiento entre las partes".

En tanto, en declaraciones a la prensa regional el gobernador regional, Patricio Vallespín (indep.), acusó que "tenemos casos ya concretos donde hay también eventuales delitos de extorsión en el uso de ese borde costero que se pide para un uso ancestral".

"Yo creo que llegó el minuto de hacer una revisión de la ley, donde efectivamente se pueda garantizar la armonía del borde costero: si hay actividades preexistentes de la pesca artesanal, de la miticultura artesanal e incluso salmonicultura que tiene una vida allí establecida haciendo una actividad productiva sostenible, que no debieran ser objeto de peticiones adicionales, o dejar que sigan adelante los procesos previos de solicitudes de concesiones", sumó, adjuntando que "esperemos que en sede parlamentaria esto se pueda analizar con perspectiva".

En efecto, en abril el Gobierno Regional remitió a la Fiscalía Regional antecedentes de supuestos casos de cobros, hostigamiento e incluso extorsión de comunidades con y en solicitud de Ecmpo: una en Puerto Montt y dos en Chiloé, esta última involucrando a una sola comunidad indígena.