Diego Gotelli C.

Con hermetismo y protegiendo la identidad de los testigos, la Fiscalía se encuentra indagando la muerte de un ciudadano boliviano cuyo cuerpo fue hallado en un sitio eriazo de Calama y por cuyo deceso se ordenó el arresto de dos carabineros en servicio activo.

Según los antecedentes aportados por el Ministerio Público, se indaga una posible participación de los uniformados pues una persona denunció haber visto a dos policías golpear a un individuo en un terreno a un costado del edificio del Servicio Médico Legal (SML) de la comuna. Trascendió que el testigo sería trabajador del recinto.

En su declaración, citada por la Fiscalía, el declarante dijo que los uniformados detuvieron su actuar al ser sorprendidos, y se retiraron en el retén móvil en que estaban.

"Antes de retirarse le informaron que el sujeto abandonado había sido sorprendido robando al interior de un domicilio y por sus condiciones de consumidor de droga no podían llevárselo detenido", narró el fiscal Raúl Marabolí.

Tras ello, sigue la denuncia, el testigo habría alertado a la PDI, quienes avisaron al SAMU. Cuando llegaron la persona ya estaba fallecida.

La Fiscalía solicitó aplazar la formalización hasta el sábado a la espera de resultados de diligencias, entre ellas la autopsia que sería clave para determinar si la muerte fue causada por algún tipo de lesión.

El abogado de los carabineros, Hernán Díaz, dijo que él maneja otra teoría que daría a conocer el sábado. Citando a fuentes de la investigación, La Tercera entregó luces de lo que sería esa defensa.

La versión policial apuntaría a que los efectivos fueron envíados a atender un operativo por desórdenes en la vía pública y hallaron a la víctima ya golpeada. Los detenidos lo habrían subido al furgón, pero el malherido se habría negado a ser llevado a un hospital, por lo que -afirmó el medio- lo habrían dejado en el lugar donde duerme, al vivir en situación de calle.

"Antes de retirarse le informaron que el sujeto abandonado fue sorprendido robando".

Raúl Marabolí,, fiscal.

Menos de una semana estuvo privado de libertad el sargento de Carabineros Juan González, quien es sindicado por la Fiscalía como el responsable de la muerte de un malabarista en Panguipulli.

Pese a que en primera instancia el Juzgado de Garantía decidió mantenerlo en arresto domiciliario total, ayer la Corte de Apelaciones en fallo dividido optó por liberarlo, bajando la cautelar a arraigo y firma quincenal por los cuatro meses de investigación.

La visión de la Corte contrarió la conclusión a la que llegó el lunes el juez Felipe Muñoz, quien en su momento dio por acreditada la versión de la Fiscalía. Ésta afirma que el policía disparó seis veces contra el artista callejero Francisco Martínez tras negarse a un control de identidad realizado el viernes y amedrentarlo con machetes sin filo, pero que la última bala, la letal, fue "innecesaria" pues el malabarista estaba desestabilizado y no era una amenaza.

En el tribunal de alzada, en cambio, dos magistrados concluyeron que el imputado actuó en legítima defensa, por lo que votaron por bajar la cautelar, mientras un tercero optó por mantenerla.

Osorno

En la misma jornada Carabineros informó la detención de otro malabarista con machetes, esta vez en Osorno, quien fue arrestado tras denuncias de conductores. No se habría opuesto al operativo. Fiscalía ordenó su liberación y lo dejó citado a declarar.

En fila y vestidos con overoles blancos abordaron un avión de la Fuerza Aérea de Chile 86 extranjeros que ayer fueron expulsados del país por parte del Gobierno.

La medida, impulsada de forma administrativa por La Moneda, fue la primera en su tipo que inicia en Iquique -pues las anteriores expulsiones han partido en Santiago- y se da en medio de la crisis migratoria que vive la zona norte del país, graficada en un aumento de ingresos por Colchane y las decenas de foráneos que acampan en la Plaza Brasil de la capital de la Región de Tarapacá.

"Con esto nosotros estamos notificando a las personas que piensan ingresar a Chile por pasos irregulares, de manera clandestina, que se arriesgan a un proceso de expulsión tal como lo dice la ley", advirtió el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Éste y el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, llegaron al terminal para supervisar la salida de ciudadanos colombianos y venezolanos en un vuelo que tendría escala en Bogotá y luego en Caracas. En paralelo, un grupo de peruanos y bolivianos eran sacados del país por tierra.

En total se informaron 138 expulsiones en la jornada, varios de ellos por ingresar irregularmente al país, y otros acusados de delitos.