Pedro Bárcena González

A cinco meses de la fiesta clandestina realizada en el sector Chaiguao de Quellón, que habría reunido a cerca de 400 personas, transformándose en una de las reuniones ilegales más masivas en el país en contexto de pandemia por covid-19, la indagatoria sigue avanzando de manera desformalizada, en espera de conocer la vinculación del evento con el brote que afectó la comuna.

El 19 de diciembre se efectuó la actividad en esta localidad distante unos 15 kilómetros del centro urbano porteño. Sin embargo, la denuncia se estampó a fines de ese mes por parte de la Armada, después de quedar en evidencia los antecedentes del caso. Y las diligencias se refuerzan desde el 21 de enero de este año, cuando se interpuso una querella por parte del municipio local.

La Avanzada de la Policía de Investigaciones de Quellón tiene una orden amplia para indagar lo que sería un delito sanitario. Eso sí, las fichas persecutoras están puestas en acreditar una propagación de agentes patógenos. Una infracción que ha motivado numerosas diligencias y la extensión de la causa.

Como explicó la fiscal jefa de Quellón, Karyn Alegría, se encuentran a la espera de informes policiales y de la Autoridad Sanitaria. "Demora mucho realizar la trazabilidad, la idea es determinar si efectivamente desde ahí salió algún brote de covid", manifestó.

Dentro de las hipótesis del Ministerio Público está la vinculación de este encuentro con la explosiva alza de contagios que hubo en el sur de la Isla en enero. Incluso, la comuna llegó a tener entre mediados y fines de ese mes, más de 620 casos activos, siendo el territorio con mayor tasa de incidencia infecciosa en el país.

Según la abogada, la idea es configurar una infracción al artículo 318 bis del Código Penal, que es más gravoso que el simple atentado contra la salud pública, figura por la cual se han indagado la mayoría de las fiestas clandestinas que ya han tenido alguna salida penal en el resto de Chile.

"Acá hubo un evento que reunió a cientos de personas, lo cual en sí ya extiende las pesquisas. Por ello, hay que realizar diligencias exhaustivas para determinar si concurre esta vinculación con el brote", insistió la jurista, añadiendo que "también esperamos los resultados del sumario sanitario".

Para agilizar y profundizar las pericias, Alegría sostuvo que "se unirá la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Castro para formar una fuerza de tarea mayor que permita coordinar y obtener mayores resultados en la causa".

Dentro de las acciones que se están analizando se encuentra el antecedente que también introdujo la querella del consistorio, relativo a la participación en la fiesta de cuatro personas portadoras del virus, quienes habrían sabido de tal condición.

Pericias

Asimismo, una de las diligencias que pidió el requerimiento municipal patrocinado por el abogado Jaime Marimán fue la toma de declaración a los intervinientes en este evento. Por su número, este despliegue todavía se desarrolla, aunque ya están identificados tres de los principales involucrados, quienes además están en calidad de imputados.

Se trata de los dos jóvenes organizadores de este cumpleaños, como también quien facilitó el recinto. Es más, ya se recibieron las autorizaciones judiciales y se esperan los informes por el análisis de los movimientos bancarios y el registro de llamados telefónicos de estos tres isleños.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó en las últimas horas un recurso de amparo deducido contra la jueza suplente del Juzgado de Garantía de Ancud, Vania Angulo, después de su resolución que dejó en prisión preventiva a un excarabinero formalizado por ataques sexuales contra la hija de quien era su pareja en la ciudad del Pudeto.

El defensor Filippo Corvalán interpuso el requerimiento con el objeto de revertir la gravosa precautoria dictada contra el imputado de 32 años, quien fue encausado por abuso sexual y violación impropia, por los presuntos ultrajes perpetrados el 2014 contra una niñita de apenas 10 años.

Como explicó el abogado, el tribunal de primera instancia "hizo un escueto análisis" de los antecedentes que presentó en audiencia, para desvirtuar la existencia del delito y, principalmente, la participación de su representado. Añadió que "no hay prueba concluyente para vincularlo".

Igualmente, el jurista justificó su acción legal remarcando que no se expusieron los fundamentos que sustentan la cautelar, como tampoco las evidencias investigativas y elementos probatorios obtenidos en esta etapa procesal por parte del Ministerio Público.

Bajo ese escenario, el profesional solicitó otra medida menos intensiva. Una propuesta que desecharon los ministros.

Consideraciones

Según el fallo de alzada, "no se aprecia la ocurrencia de la falta de fundamentación que alega la recurrente, sino más bien una disconformidad con el contenido de la resolución", que señalaron "ha sido adoptada en el marco de las competencias que le reconoce la ley" a la magistrada.

Agregó la sala que tampoco concurre una infracción al principio de inexcusabilidad que invocó Corvalán, enfatizando que sí se consideraron todas las alegaciones de la defensa para emitir el dictamen.

Formalizado por transporte o almacenamiento de recursos hidrobiológicos en veda quedó un sujeto sorprendido intentando enviar una encomienda por bus de 24 kilos de locos. Un operativo que abordó la Policía de Investigaciones junto al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

Se trata de un imputado de 41 años, quien en un rápido accionar fue detenido por infringir la Ley de Pesca y Acuicultura.

Así lo detalló el subprefecto Luis Flores, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Ancud, añadiendo que el ancuditano fue aprehendido "cuando se disponía a enviar por encomienda 600 unidades de Concholepas concholepas, recurso marino que actualmente se encuentra en veda y que fue avaluado en cerca de un millón de pesos".

Igualmente, el oficial remarcó que el encartado "tiene antecedentes policiales anteriores". Asimismo, en la dispositivo se incautó un vehículo que era utilizado para trasladar los productos y una balanza digital.

El ancuditano fue encausado en el Juzgado de Garantía local, pese a declararse ilegal su detención.