La Comisión de Constitución del Senado declaró admisible ayer una indicación introducida al proyecto de ley de indulto para detenidos por delitos graves post 18/O, la que busca cambiar la figura legal de la iniciativa para impulsar una "amnistía".

La propuesta fue hecha por el senador de la Democracia Cristiana por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, aludiendo a un proceso de "simplificar jurídicamente el proyecto".

La diferencia de conceptos pretendería pasar desde una eventual eliminación de la pena a una extinción del delito, lo que según su impulsor bajaría el cuórum para su aprobación. Esto fue puesto en duda por el presidente de la comisión, Pedro Araya (indep), quien dijo que aún se requerirán dos votos de derecha.

En el oficialismo criticaron la idea. El senador de Renovación Nacional Rodrigo Galileo consideró "injusto" que la amnistía incluya a solo "un lado de la cancha" y no se considere a policías procesados por delitos en el estallido, postura similar a la que deslizó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, al considerar "razonable" que entonces se cierren "todas las persecuciones penales" del período.

"Sería una muy mala señal indultar o amnistiar a esas personas (detenidos por hechos graves). No le hace bien a Chile", recalcó el Presidente Sebastián Piñera.

Diversas diligencias se encuentra realizando la PDI para esclarecer dos ataques ocurridos ayer en la Macrozona Sur, hechos que dejaron dos personas fallecidas.

El primer episodio tuvo lugar cerca del mediodía en una faena forestal de Arauco, donde según Carabineros un joven trabajador del lugar fue herido cuando una decena de encapuchados entró disparando al fundo ubicado a 20 kilómetros de Cañete, Región del Biobío.

Una de esas balas habría herido de gravedad al trabajador de 22 años mientras operaba una máquina Skidder. Su madre contó que el proyectil ingresó por su espalda saliendo a la altura del tórax.

Vecinos trasladaron a la víctima al Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete, donde finalmente murió.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó que en el sector donde ocurrió el ataque han ocurrido "eventos parecidos" en el corto plazo, y señaló que "este modus operandi ya lo vimos en Carahue", aludiendo a un ataque repelido donde murió el miembro de la CAM Pablo Marchant.

Por la tarde la policía reportó una nueva balacera, la que le costó la vida al agricultor Joel Ovalle, de 68 años.

Antecedentes entregados por los uniformados señalan que desconocidos tras seguirlo por varios minutos habrían disparado al menos seis tiros a la camioneta que manejaba la víctima en el kilómetro 20 de la Ruta R-340, que une Alboyanco con Collipulli, en La Araucanía.

Los ataques se dieron en la jornada que se había anunciado el debate en el Senado de una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige desde octubre en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.

Con 18 votos a favor, 14 en contra y una abstención la Cámara Alta aprobó la nueva extensión de 15 días, que se suma al visto bueno dado en la víspera por los diputados. Con ello la norma seguirá hasta al menos el 8 de febrero.

Con una serie de cambios propuestos por el Gobierno, la Comisión de Trabajo del Senado comenzó ayer a discutir en particular el proyecto que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU).

En la cita, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, presentó ajustes sugeridos por el Ejecutivo, que incluyen aumentar el universo de beneficiados por pensión de invalidez desde el 60% más vulnerable al 80%, y que para definir al 10% que queda fuera del beneficio no se considere en el ingreso su vivienda principal.

Los senadores valoraron que las propuestas consideraran ideas solicitadas por parlamentarios, aunque en la oposición cuestionaron la "exclusión" de quienes reciben pensiones de reparación.

En paralelo, dentro de la Cámara Alta la Comisión de Hacienda también inició la discusión del proyecto de fin de exenciones, iniciativa clave para financiar la PGU.

En la instancia el Ejecutivo ingresó otras serie de indicaciones que proponen sumar cinco nuevas fuentes de financiamiento, lo que según el Ministerio de Hacienda aumentaría la recaudación fiscal permitiendo que dos tercios de la PGU se sustenten en nuevos ingresos fiscales.

Entre las propuestas se incluye crear un impuesto a bienes de lujo, adicional al permiso de circulación o equivalente, de tasa 2% a la propiedad de helicópteros, aviones, yates y automóviles, estos últimos con tasación fiscal igual o superior a $40 millones.