Redacción

Para establecer lineamientos en materia protección ante las frecuentes agresiones que sufren los funcionarios del Hospital de Quellón, el Servicio de Salud Chiloé a través de la Mesa Técnica de Seguridad Provincial junto a directivos, referentes y gremios del recinto asistencial iniciaron un trabajo estratégico que permita generar un plan de protocolos reforzados, en cuanto a cómo actuar frente a situaciones de ataques físicos y psicológicos al interior del nosocomio.

Evelyn Gutiérrez, jefa del subdepartamento de calidad de vida del S. S. Chiloé entregó detalles del trabajo que se lleva a cabo, afirmando que "estamos en un proceso de implementación en los establecimientos de mesas locales que se hagan cargo del abordaje de las agresiones que sufren funcionarios y funcionarias en el ejercicio de su trabajo. La idea es que producto de la conformación de estas mesas se generen planes de trabajos locales".

Camelia Cavieres, representante de la Fempruss Quellón, manifestó la importancia de generar estos espacios de trabajo, señalando que "las agresiones hacia los funcionarios desgraciadamente se dan y no son tan infrecuentes, entonces me parece sumamente importante porque una de las grandes aspiraciones de nosotros como funcionarios de la salud es que no se nos agreda, porque estamos trabajando y entregando lo mejor de nosotros".

Lineamientos

Por su parte, Francisco Camilo Díaz, director del Hospital de Quellón, explicó cómo se han ido ejecutando estos lineamientos, expresando que "hicimos un círculo de diálogo muy fructífero en donde vamos a integrar algunas observaciones que ha hecho este hospital para ir en apoyo en tiempos un poco más acotados de los que están definidos, en pro de proteger a nuestros funcionarios y poder actuar legalmente desde esta misma mirada que es la protección, logrando integrar en esto el apoyo emocional que siempre es importante en tiempos acotados".

Entre las acciones por desarrollar, además del apoyo jurídico, se busca brindar respaldo psicológico y emocional a los trabajadores que son víctimas de agresiones por parte de usuarios o pacientes.

Ante la insuficiencia probatoria, un isleño que se exponía a 3 años de cárcel fue absuelto en las últimas horas tras un breve juicio al que fue sometido en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro. Se le acusaba de sustraer especies desde una planta acuícola, emplazada en el sector Hueihue de la comuna de Ancud.

El encartado de iniciales T. E. C. P. (60) era sindicado como autor del delito de robo con fuerza en lugar no habitado. Según los cargos presentados por el fiscal Luis Barría, el isleño habría ingresado el 11 de diciembre del 2018 a la Empresa de Cultivos Cholche, para apoderarse de productos alimenticios, botellas de vino y otros artículos.

Con ocho medios de prueba disponía el representante del Ministerio Público, en especial la declaración de la víctima y funcionarios policiales que desarrollaron la indagatoria. También se agregaron 12 fotografías del trabajo pericial en el sitio del suceso.

No obstante, la evidencia no logró desvirtuar la presunción de inocencia del chacaíno, aunque el atraco quedó acreditado; es decir, con la resolución de la sala presidida por la magistrada Angélica Monsalve, quedó impune el ilícito.

De acuerdo a lo indicado por el defensor Carlos Barahona, este dictamen "nos deja satisfechos puesto que la evidencia no pudo establecer la participación de mi representado en los hechos, una postura que sostuvimos en toda la causa. No había prueba que lo vinculara al ingreso con fuerza a esta planta de choritos, como en la sustracción de las especies".

Dejando en evidencia actuaciones jurídicas deficientes, un joven de 21 años estuvo dos días privado de libertad, imputado del delito de robo con intimidación, para luego ser sobreseído por inocencia, en la ciudad de Castro.

El hecho se produjo la madrugada del 14 de febrero, cuando pasadas las 4 de la madrugada, el encartado fue aprehendido, tras lo cual fue remitido por personal de la Segunda Comisaría de Carabineros hasta el cuartel, donde permaneció hasta el control de detención.

Durante esa audiencia, y pese a que el defensor Rodrigo Zamorano solicitó que se declarara ilegal el procedimiento, puesto que la vestimenta del imputado no coincidía con las descritas por la víctima a los efectivos policiales, el Ministerio Público solicitó que se ampliara el plazo de detención por 36 horas, para luego formalizar por este presunto asalto.

Sin embargo, en la sesión judicial el fiscal informó al tribunal que se desistía de encausar al joven, en base a los antecedentes recopilados. Esto fue reafirmado por la comunicación del ente persecutor al juzgado, de no perseverar con la investigación porque "no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación en contra de un imputado conocido".

Incoherencias

Zamorano señaló que "esta defensa se opuso a la ampliación del plazo de detención porque, ya en el control de la misma, existían incoherencias evidentes: el parte policial describía las vestimentas de los autores del robo, la existencia de un arma cortante y de un celular robado, en circunstancias de que nuestro representado vestía ropas completamente distintas, no portaba arma alguna y menos aún el teléfono celular que la víctima había perdido en el robo".

La magistrada Jésica Yáñez del Juzgado de Garantía de Castro acogió, en los últimos días, la solicitud de sobreseimiento por aparecer "claramente establecida la inocencia del imputado".

Asimismo, el profesional valoró la importancia de "comprender que el sistema penal debe resguardar en todo momento la presunción de inocencia de las personas, puesto que cuando ello no ocurre, se termina por afectar severamente la libertad de las personas, como ocurrió en este caso".