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Aunque la propuesta recibida por el Ministerio de Educación no les convenció, las bases del Colegio de Profesores de Chile aprobaron ayer el término de la paralización e iniciar las negociaciones con el Gobierno para afinar y poner fechas y cifras a lo ofrecido. Dentro de esto destaca la compensación para la totalidad de los maestros afectados por la llamada deuda histórica previsional, derivada del traspaso obligatorio cuando el sistema educativo fue municipalizado durante el régimen militar, en la década los 80.

Entre los cerca de 50 mil votantes, el 48,79% optó por deponer el paro, mientras que el 46,95% estuvo por mantenerlo. Sin embargo, solamente el 22,45% aceptó la respuesta del ministerio, el 31% la acogió parcialmente y el 43,77% la rechazó completa.

El presidente del magisterio, Carlos Díaz, indicó que el mandato de los afiliados implica que desde la próxima semana la directiva definirá junto al ministerio las mesas para negociar cada uno de los puntos de solución ofrecidos por el Mineduc.

Uno de los más importantes se refiere al compromiso del Gobierno para tener listo para presentar en diciembre un proyecto de ley que repare la deuda histórica para el 100% de los afectados.

Carlos Díaz estimó que ellos son entre 60 mil y 65 mil docentes, a quienes el Estado les adeuda cerca de 2 mil millones de dólares. El dirigente admitió que tal monto era impagable, por lo que el magisterio demanda una "reparación" para todos y no para el 25%, como consideraba la primera propuesta ministerial, que luego modificó.

compromisos

El compromiso del Mineduc incluye mejorar las condiciones salariales de las educadoras diferenciales y de párvulos; definir bonos de retiro; comprometerse a elaborar un proyecto que aumente las sanciones a quienes agredan a docentes, y a presentar durante el próximo año una agenda corta que modifique el sistema de financiamiento de la educación pública, entre otros.

El magisterio solicitó a la cartera que se otorguen las facilidades para que se recuperen las clases perdidas durante el paro.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se expresó "muy contento" con la decisión de los profesores y afirmó que la prioridad ahora era retomar el plan de regularización del año.

El Presidente Gabriel Boric recibió ayer en La Moneda a su antecesor, Sebastián Piñera, a quien invitó para conversar sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y su deseo de promover un compromiso transversal en defensa de la democracia y los derechos humanos, algo a lo que el exmandatario se allanó.

"Es una muy buena oportunidad para que renovemos nuestro total y absoluto compromiso con la democracia, con la Constitución, con las leyes, con el respeto al Estado de derecho", dijo Piñera.

"Renovemos nuestro total y absoluto compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia; que también renovemos nuestro compromiso con la condena a la violencia, a todo tipo de violencia, que es un cáncer en nuestro país, y finalmente revivir los valores de la amistad cívica, del diálogo, de los buenos acuerdos", agregó.

Ante el ambiente crispado, el expresidente pidió cuidar las "formas" y admitir que para el 11 de septiembre de 1973 "todos cometimos muchos errores antes, durante y después. Antes, un gobierno de la UP (Unidad Popular) que validó la violencia, que no respetó la Constitución (...); durante, el bombardeo a La Moneda: que en un país democrático y civilizado la Fuerza Aérea bombardeé la sede de gobierno es un tremendo error, y después, los atropellos a los derechos humanos que se cometieron durante el Gobierno militar. Eso es lo que queremos evitar que vuelva a ocurrir en Chile".

La difusión del informe de Contraloría que detectó 15 irregularidades en el convenio entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta y la fundación Democracia Viva y que, a juicio del contralor, Jorge Bermúdez, reviste "corrupción", elevó la presión sobre el jefe de la cartera, Carlos Montes.

El decé Eric Aedo afirmó que era "el momento de que el ministro dé un paso al costado"; el político de RN Francisco Chahuán lo llamó a "ordenar la casa", y la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, se preguntó que quién iba a devolver el dinero perdido.

La fiscalización de Contraloría detectó contratación de funcionarios a través de la fundación, pero que trabajaban en la Seremi y en el Serviu. También consideró que hubo faltas a la probidad de parte del exseremi Carlos Contreras al contactar al encargado de Democracia Viva, Daniel Andrade, para ofrecerle el convenio para labores en los campamentos, siendo ambos de RD y relacionados con la diputada Catalina Pérez. El contralor Bermúdez cuestionó que la plata restante se pudiera pagar al no haber boletas de garantía.

Montes dijo que el informe era "clarificador" y está "en la misma sintonía" que la suya. Sobre el dinero, el exsenador socialista recordó que hay congelados $291 millones, de los 391 que correspondía devolver. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, dijo que confía en que por la vía legal se restituirá el restante.

El Presidente Gabriel Boric, en tanto, manifestó que todo involucrado en corrupción "debe hacerse responsable", ya "sean cercanos o lejanos" a él.