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Ecmpo: califican de "inconstitucional" indicación para suspender solicitudes

La propuesta fue incluida en Ley de Presupuestos 2025. Gobierno y diputados anuncian que acudirán al Tribunal Constitucional.
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Erwin Schnaidt Ávila

Después que el Congreso despachó para su promulgación el proyecto de Ley de Presupuestos 2025, el Gobierno -a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel- anunció que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) por algunas indicaciones que fueron incorporadas en ese texto, entre ellas la que posterga en un año el ingreso de solicitudes de espacios costeros marinos de pueblos originarios (Ecmpo).

Se trata de una propuesta que patrocinaron los diputados de RN Marcia Raphael (distrito 27) y Mauro González (distrito 26), la que fue respaldada por mayoría en ambas cámaras legislativas, lo que permitió llevarla al texto final de la ley de presupuesto, mediante el artículo N° 48.

González lamentó ayer el aviso del Ejecutivo "porque esta fue una decisión soberana, que contó con la aprobación de ambas cámaras", y consideró esa apelación al TC como "una práctica antidemocrática".

Argumentó que el Gobierno "debería respetar la decisión del Congreso Nacional y no realizar estas acciones desesperadas para aplicar a toda costa una ley (Lafkenche) que está mal hecha y que está generando enormes repercusiones en el ámbito laboral y económico del país".

González postuló que tal como se busca acudir al TC, pidió al Gobierno que "también presente una propuesta para mejorar esta ley", que permite las solicitudes de Ecmpo.

Especificó que se requiere mejorar esa ley para garantizar su correcta aplicación. Según el diputado fresiano, su implementación en el estado actual ha generado conflictos, en lugar de promover la armonía entre comunidades y actividades económicas.

"Deben entender de una vez por todas que la Ley Lafkenche se debe modificar, se debe mejorar, y que su aplicación durante el año 2025 se debe suspender", como quedó establecido en la Ley de Presupuestos 2025.

En la víspera de su despacho, el Gobierno anticipó que presentarían un reclamo por inconstitucionalidad, lo que también habían comprometido los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Claudia Pascual (PC).

El martes pasado, en la comisión mixta, el ministro Marcel definió que realizaron las respectivas reservas de constitucionalidad por unas 12 normas. Entre ellas está la de los diputados RN, así como eximir del pago de contribuciones a adultos mayores beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal y la obligación de un test de drogas al Presidente y ministros.

Como informó radio Biobío, Marcel enunció que "el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional los temas en los cuales estima no se respetaron las normas constitucionales en el proceso presupuestario".

Legisladores socialistas

La diputada por el distrito 25 Emilia Nuyado (PS) encabeza un listado de 41 legisladores de ese partido, quienes anunciaron que también ingresarán su propio requerimiento ante el TC, para declarar inconstitucional esa indicación en la ley de presupuesto.

Para la parlamentaria mapuche, "es inaceptable que la oposición haya ingresado y aprobado mañosamente una indicación que antepone una ley transitoria (de presupuesto 2025), por sobre una ley permanente (Lafkenche)".

Nuyado consideró que "claramente aquí hay presiones de los sectores empresariales, de la industria salmonera y pesquera, que pretenden burlar la Ley Lafkenche. Eso no lo vamos a permitir. La oposición demuestra que no tiene ningún respeto por los derechos de los pueblos originarios y que tampoco le interesa establecer un diálogo para lograr la paz".

BioMar dice que en planta chilota que cerrará no trabajan más de 90 personas

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A unas 90 personas podría llegar a afectar la decisión de la empresa BioMar, que anunció el término de funciones de su industria del sector Putemún, en Castro, a contar del tercer trimestre de 2025.

La compañía que produce alimentos para salmones en cautiverio comunicó el pasado 14 de noviembre que "para el tercer trimestre del próximo año, está programado el cierre de su planta en Castro, Chiloé", para concentrar sus operaciones productivas "en sus dos plantas ubicadas en la zona de Pargua", en Calbuco.

Mediante un comunicado, especificaron que en sus instalaciones de Pargua y Puerto Montt "trabajan alrededor de 200 personas". Por ello es que les llamó la atención que se haya asegurado que el cese en Castro represente el despido de 200 operarios, como lo aseguró el consejero regional chilote Francisco Cárcamo (RN), quien en declaraciones reproducidas por este diario expuso que "va a haber una desvinculación de más de 200 trabajadores; es decir, 200 familias no van a tener el sustento para cada una de ellas".

Sus proyecciones fueron ratificadas por Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, quien consideró que la partida de BioMar desde Castro afectaría a unos 200 operarios y a una cifra mayor de quienes laboran en empresas prestadoras de servicios.

Frente a ello, desde la unidad de comunicaciones de BioMar precisaron que en la planta que cerrará "no trabajan más de 90 personas". Argumentaron que no precisaron el número de los despidos "por respeto a los trabajadores", puesto que existe la opción para que se mantengan vinculados a la empresa, si es que así lo deciden.

John Hurtado, presidente de Conatrasal (Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón, Mitílidos y Actividades Conexas) , admitió que tenía conocimiento que la planta de Castro se fusionaría con la de Pargua, por lo que dificultó que se revierta la decisión, "que además significa menos gastos en la parte logística".